DS 5503
Contiocap en alerta, pide al Gobierno detener el "Fast Track" y advierte de consecuencias “devastadoras” para los pueblos indígenas
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos (Contiocap) se declaró en alerta luego de advertir que el Decreto Supremo 5503 da vía libre a inversiones de grandes capitales externos, sin control legislativo, lo que pondría en riesgo a los recursos naturales. Pide, además, detener el “Fast Track”.
El comunicado de la organización indica que este decreto es un riesgo para la soberanía territorial, y para los pueblos indígenas se traduce en el despojo de los recursos naturales. “No habrá ningún límite para las inversiones extractivistas, con la mayor destrucción de bosques y ecosistemas”, se puede leer.
El texto hace referencia al "fast track" y advierte que tendrá consecuencias de devastación ambiental, social y económica. Al respecto, el artículo 10 del Decreto Supremo 5503 indica que las inversiones estratégicas prioritarias que el Gobierno impulsa son la minería y metalurgia formal; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura logística y transporte; y manufactura con orientación exportadora. Sin embargo. Se señala que los procesos para impulsar esos proyectos de inversión tendrán una aprobación expedita.
La norma señala que para reactivar la economía se crea un régimen que garantiza estabilidad jurídica y tributaria por 15 años a nuevas inversiones. Además, se implementa el sistema Fast Track: el Estado tiene un máximo de 30 días para aprobar técnicamente proyectos estratégicos; si no responde en ese plazo, la inversión se considera aprobada automáticamente (silencio administrativo positivo).
Desde la Contiocap, se advierte que la aplicación de la norma significa “pérdida de soberanía territorial, pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, pero sobre todo para nosotros los Pueblos Indígenas significa el despojo territorial, pérdida de medios de vida fundamentales como el agua y la invasión a las Áreas Protegidas para siempre, porque no habrá ningún límite para las inversiones extractivistas, con la mayor destrucción de bosques y ecosistemas, e incluso la mercantilización de los territorios abriéndolos al mercado de bonos de carbono”, refiere el pronunciamiento.
Entre las conclusiones, la organización pide al Gobierno detener el “fast track”, una medida de liberación de pago de impuestos a los pequeños negocios y emprendimientos de autogestión de las comunidades indígenas, seguridad jurídica “por derecho ancestral” para los territorios así como para las áreas protegidas.
“Exigimos que el análisis de justificación del DS 5503 en lo político que textualmente dice: ‘Que la crisis descrita representa una vulneración sistemática del contrato social establecido en la Constitución Política del Estado, particularmente de los artículos 8 (principios éticos y valores), 9 (fines y funciones del Estado), y 316 (gestión fiscal responsable), al priorizarse intereses particulares sobre el bien común y administrarse los recursos públicos con opacidad e irresponsabilidad, sea aplicado por el presidente Rodrigo Paz en sentido positivo”, indica el pronunciamiento. Además, pide a los organismos nacionales e internacionales “tomar atención de lo que el gobierno boliviano pretende atentar”.
Combustibles
Sobre el subsidio a los combustibles, la Contiocap explica que el incremento a los combustibles se debe a la falta de control del gobierno de Luis Arce}. “Se generó un mercado negro para el tráfico y contrabando de combustibles con precios de hasta Bs 20 por litro con lo cual los traficantes y contrabandistas han lucrado desproporcionadamente y que ahora se espera controlar ese desvío y especulación de precios”. El sector observa que esta medida causará un alza de precios que impactará a sectores vulnerables, “mientras otros sectores o las actividades ilícitas no se verán afectados en la misma proporción que los pequeños negocios”, señala.
Al respecto, la Contiocap pide “que las medidas de eliminación de subvenciones a los combustibles sean acompañadas con medidas de control a los surtidores, (...) a los revendedores que lucran con la necesidad del pueblo, y el control del desvío de combustibles para la minería y las actividades ilícitas”.