Comunicado
Tariquía: hay 16 comunarios procesados y Petrobras dice que realizó la “consulta pública” y cuenta con todos los permisos legales
La empresa brasileña Petrobras emitió un comunicado en el que asegura que cumplió con la “consulta pública” y que además cuenta con todos los permisos legales para la ejecución del proyecto de pozo exploratorio DMO-X3 en el área San Telmo, al norte del departamento de Tarija. El pronunciamiento surge luego de que se conociera que el Ministerio Público admitió una nueva impugnación penal contra 17 personas (contra 16 comunarios y un concejal) por los presuntos delitos de “asociación delictuosa y otros” y en medio del intento de la Policía para intentar ingresar a la zona en cuestión.
Mediante un comunicado, Petrobras Bolivia informó que tiene un contrato de exploración y explotación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el área San Telmo Norte, “mismo que está localizado fuera de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía”, se precisa en el texto. Además, sostiene que cuenta con una licencia ambiental emitida en julio de 2025.
“Tomando en cuenta la vulneración de los derechos de Petrobras Bolivia al libre tránsito y al trabajo y los perjuicios considerables al desarrollo de las actividades de interés nacional y estratégico del Estado, la Compañía ha acudido a las instancias y autoridades correspondientes activando las acciones necesarias para preservar sus derechos dentro del marco de la legalidad y con total respeto a los derechos humanos”, indica el pronunciamiento.
El lunes se conoció que el Ministerio Público admitió una nueva impugnación penal contra 16 comunarios y un concejal de la provincia O’Connor, en Tarija. El requerimiento fiscal, publicado por La Región, instruye a la Policía la designación de un investigador, la notificación de los sindicados y su comparecencia a declarar en un plazo de 24 horas, bajo advertencia de que, en caso de inasistencia, podría emitirse un mandamiento de aprehensión, conforme a la normativa.
Al respecto, organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil alertaron que el uso del sistema penal contra comunarios podría sentar un precedente de criminalización de la defensa del territorio en Bolivia.
En el comunicado, Petrobras Bolivia explica que, junto a YPFB, se coordinaron todos los “aspectos relevantes” con las autoridades y habitantes de las comunidades del área de influencia. El texto indica que hubo un diálogo permanente con las 10 comunidades del Cantón Chiquiacá, se socializó el proyecto y se trabajó en un proceso que incluyó la realización de la “Consulta Pública” en enero de 2025 en el Municipio de Entre Ríos y en la Comunidad de Saicán, “así como la elaboración y aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental”.
El informe de la Defensoría del Pueblo
Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que en el área existe una vigilia en la que se encuentran mujeres y personas adultas mayores, todas de origen campesino. “Asimismo, se tomó conocimiento de que 17 personas fueron notificadas con el inicio de un nuevo proceso penal por la presunta comisión de delitos como asociación delictuosa y otros”, señala la institución.
De acuerdo con la información defensorial, la vigilia se mantiene de manera continua desde el 8 de diciembre de 2025. Mientras los manifestantes piden al Ejecutivo llegar al territorio para conocer la situación del área y de las comunidades.