Ecología
Callisaya rechaza la criminalización de los defensores de la reserva natural Tariquía
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, rechazó la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos y medioambiente de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija. Aseguró que la defensa de estos temas no puede ser tratada como un delito.
Callisaya recordó que el seguimiento a este caso no es reciente. “Desde la anterior gestión estamos haciendo un seguimiento a esta temática. Inicialmente participamos en una audiencia con la Comisión Interamericana (CIDH), debido a un primer incidente que provocó un proceso contra 12 personas, justamente de la comunidad de Chiquiacá y parte de Tariquía. Y se denunció la necesidad de respetar la condición de defensores ambientales”.
El lunes 5 de enero, los comunarios del cantón Chiquiacá fueron sorprendidos por un fuerte contingente policial que rebasó el punto de vigilia instalado en la zona de Quebrada Las Vacas para permitir el ingreso de la empresa Petrobras Bolivia al área, donde proyectan el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), justo en inmediaciones de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Este proyecto es rechazado no solo por las comunidades directamente afectadas, sino también por distintos sectores de la ciudad de Tarija, donde persiste la oposición al ingreso de actividades extractivas en la zona protegida.
El operativo reavivó un conflicto que lleva años latente. Al menos nueve comunidades del cantón Chiquiacá rechazan el ingreso de las petroleras a Tariquía y recuerdan que existe un mandato de cabildo departamental que exige la protección integral de la reserva, considerada una de las principales fuentes de agua y biodiversidad del sur del país.
En ese sentido, Callisaya precisó que “llama la atención el hecho de que anteriormente no se hubiese cumplido a cabalidad un proceso de Consulta Pública en el cual no se ha presentado ni el plan de trabajo, ni el estudio de impacto ambiental en forma adecuada, de tal manera que se permita a los comunarios, a la población de Chiquiacá, adoptar una posición informada a este respecto”.
El Defensor del Pueblo recordó que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, lo que obliga a que la población tenga la información necesaria y suficiente para poder adoptar una posición. “Esto no se ha cumplido y por eso surgen algunas posturas, reacciones de la propia población”, agregó.
Alertó, además, sobre el inicio de un segundo proceso penal a los comunarios de la zona. “Se ha iniciado un segundo proceso penal por diferentes delitos: asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, atribuirse la representación del pueblo”, afirmó, advirtiendo que esta situación contradice los estándares internacionales de protección.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, provincia O’Connor, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien actúa como asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A. y también en representación de YPFB.
El proceso, registrado bajo el CUD 606102052500182, acusa a los comunarios de los delitos de asociación delictuosa, atribuirse los derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo, tipificados en los artículos 124, 132 y 303 del Código Penal.
“El inicio de un segundo proceso penal contra defensores en asuntos ambientales es una muestra negativa acerca del accionar del Estado respecto del estatus que tienen estos defensores”, sostuvo, enfatizando que “no se puede criminalizar la defensa de los Derechos Humanos porque es una defensa por toda la sociedad, por las futuras generaciones también”.
El Defensor informó que la institución ya desplegó acciones en el territorio, como la verificación de los hechos y un monitoreo al nuevo proceso.
Callisaya reiteró que la salida al conflicto pasa por el respeto a la normativa vigente. “Nosotros lo que recomendamos es el cumplimiento de un proceso de Consulta Pública que tenga respeto por los estándares internacionales”, subrayó, recordando que la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos exigen la presentación de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental debidamente informados.
“Si no hay ese proceso de consulta ciudadana en ese estándar, no se puede ir avanzando en otro tipo de situaciones”, concluyó, reafirmando que la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos es un compromiso con la vida y con las futuras generaciones.