Tarija
Denuncia contra 12 defensores ambientales de Tariquía avanza a acusación formal
La Fiscalía de Entre Ríos, en Tarija, formalizó una acusación formal contra 12 comunarios de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija. Ahora, ellos enfrentan un proceso, acusados por los presuntos delitos de obstrucción de funciones y atentado contra la libertad de trabajo.
El representante del Comité de Defensa del cantón Chiquiacá, Juan Mendoza, informó ante los medios de comunicación que 12 personas enfrentan una acusación formal, y algunas de ellas en más de un proceso en simultáneo.
“Se nos ha pasado a una acusación formal. Hace un año que venimos en esto. Lamentablemente se sigue procesando a los defensores de nuestra reserva”, lamentó Mendoza.
Consultado por la causa de la denuncia, el representante explicó que es “por la misma situación, por obstruir el trabajo, por perjudicar, por no dejar ingresar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), junto a Petrobras”, explicó.
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Jorge Campanini explicó a Visión 360 que el año pasado la estatal YPFB presentó una denuncia que se encontraba en fase investigativa. “A pesar de que los compañeros y compañeras de Tariquía habían logrado ciertas victorias, como por ejemplo, defenderse en libertad, a pesar de que ha habido una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de todo el rechazo que ha que ha manifestado la población del departamento, líderes, etcétera, esto ha pasado a nivel de acusación formal”, señaló.
Campanini explicó que el hecho de que las denuncias pasen de la imputación a la acusación formal reflejan criminalización hacia los defensores ambientales. “Estamos hablando de un estado que está criminalizando a sus líderes, a sus defensores ambientales. A pesar de que nos hemos suscrito al acuerdo de Escazú, a pesar de que tenemos ley de la Madre Tierra y un montón de discursos que se han construido, somos un país que está enjuiciando a sus defensores ambientales, empezando por su empresa estatal”, observó.
Al respecto, el representante del Comité de Defensa de Chiquiacá resaltó que se esperaba un cambio en la administración de justicia con el actual Gobierno; sin embargo, lamentó que los procesos en contra de los defensores del territorio continúen. “Se sigue atropellando a los defensores de nuestra reserva”, concluyó.
La última denuncia fue presentada por Petrobras. El pasado lunes 5 de enero se conoció que el Ministerio Público admitió una nueva impugnación penal contra 17 personas (contra 16 comunarios y un concejal) por los presuntos delitos de “asociación delictuosa y otros”. Al respecto, organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil alertaron que el uso del sistema penal contra comunarios podría sentar un precedente de criminalización de la defensa del territorio en Bolivia.
“Tomando en cuenta la vulneración de los derechos de Petrobras Bolivia al libre tránsito y al trabajo y los perjuicios considerables al desarrollo de las actividades de interés nacional y estratégico del Estado, la Compañía ha acudido a las instancias y autoridades correspondientes activando las acciones necesarias para preservar sus derechos dentro del marco de la legalidad y con total respeto a los derechos humanos”, publicó la petrolera en la ocasión.