Relaciones Económicas Bolivia – Chile: Treinta y tres años de números rojos
El Acuerdo de Complementación Económica N.° 22 (ACE N.° 22) es el instrumento que rige las relaciones económicas entre Bolivia y Chile. Dicho acuerdo concede rebajas arancelarias para un conjunto de productos, nómina que fue ampliada progresivamente a través de protocolos adicionales que incorporaron, además, otros temas.
Una evaluación estadística del acuerdo muestra de manera inequívoca, contundente y preocupante que, desde su entrada en vigencia en 1993, Bolivia registra déficits comerciales recurrentes y crecientes frente a Chile.
En 2024, las exportaciones bolivianas alcanzaron los 9.059 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 9.905 millones, lo que generó un saldo negativo en la balanza comercial de 845 millones de dólares.
Entre 2014 y 2021, los déficits fueron relativamente moderados —por debajo de los 350 millones de dólares—, aunque constantes. A partir de 2022, el desequilibrio se profundizó de manera significativa, superando los 800 millones de dólares anuales.
Un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior señala que, solo en el siglo XXI (2001–2023), Bolivia acumuló un déficit comercial con Chile de cerca de 3.741 millones de dólares. Esto implica que, incluso sin considerar los años de la década de 1990, el saldo negativo acumulado en poco más de dos décadas ya resulta considerable. Al incorporar el período completo desde 1993, el déficit total sería sustancialmente mayor. Son divisas que fortalecieron las reservas internacionales del país mapocho, en desmedro de las nuestras.
Estos datos reflejan una realidad cruda y lamentable: el relacionamiento económico bilateral padece un desequilibrio estructural sostenido por más de tres décadas, lo que desmiente cualquier narrativa sobre supuestos beneficios recíprocos del acuerdo.
La teoría económica sobre los acuerdos comerciales es clara al respecto. Un déficit comercial creciente, recurrente y estructural constituye una señal inequívoca de que el acuerdo no está cumpliendo su función económica. El economista Jacob Viner, creador de la teoría de la integración económica, advirtió que estos procesos solo generan bienestar cuando producen creación de comercio y no mera desviación; es decir, cuando fortalecen la eficiencia productiva y la competitividad de las economías participantes. Por su parte, Bela Balassa, otro importante teórico, subrayó que la integración debe propender a beneficios recíprocos y a una convergencia gradual entre las partes, no a la consolidación de asimetrías permanentes. En la misma línea, el enfoque estructuralista de la CEPAL sostiene que los déficits comerciales persistentes reflejan fallas estructurales en la inserción internacional, reproducen patrones centro–periferia y limitan las posibilidades de desarrollo autónomo.
Si bien un déficit comercial no es necesariamente negativo a corto plazo, sí se vuelve perjudicial cuando es estructural, como ocurre en la relación con Chile, tanto desde el punto de vista económico, financiero como estratégico.
Las razones principales son:
- Drena divisas y agrava la restricción externa, ya que para financiar ese desequilibrio se requieren reservas internacionales, endeudamiento externo o flujos de capital.
- Debilita la estructura productiva interna, porque el país no logra desarrollar sectores exportadores competitivos o porque las importaciones desplazan la producción nacional.
- Genera dependencia estratégica del socio comercial, al convertir al país en proveedor cautivo de bienes importados.
- Obliga a endeudamiento o transferencias compensatorias para sostener déficits prolongados, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y reduciendo el espacio para la inversión pública productiva.
En síntesis, el déficit comercial con Chile es perjudicial por su carácter estructural, creciente y no financiable. En ese escenario, deja de ser una variable económica y se convierte en un problema de soberanía económica y de política de desarrollo.
Estas consideraciones teóricas parecen haber sido olvidadas —o deliberadamente ignoradas— en el caso de las relaciones económicas entre Bolivia y Chile. Las autoridades de la denominada “diplomacia de los pueblos” se limitaron a administrar el acuerdo heredado.
Con la presentación de la demanda marítima, incluso las reuniones de la Comisión Administradora del ACE quedaron suspendidas entre 2010 y 2021. Recién fueron reactivadas en 2021 y 2024, incorporando temas que podían resultar interesantes en apariencia, pero económicamente irrelevantes para corregir la deficiencia estructural que tiene el relacionamiento comercial bilateral.
La pasada semana, los cancilleres de Bolivia y Chile sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de revisar el estado actual de la relación bilateral. Supongo que, en el marco de este encuentro, se abordó de manera prioritaria la relación económica internacional y que, en el corto plazo, se adoptarán los correctivos necesarios.
La apertura al diálogo que Chile proclama carece de valor si no escucha los problemas reales de Bolivia y se encuentran soluciones. Por su parte, la diplomacia boliviana tiene que tener presente que los abrazos y las reuniones de cortesía no pagan los déficits estructurales. Una diplomacia vacía de acción concreta no produce beneficios reales para la población.