Sociedad
Mineros denuncian que Comibol autorizó descuentos por la huelga contra el Decreto 5503; la institución lo niega
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) denunció la aprobación de la DARH-004/2026, emitida por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el pasado 2 de febrero, que autorizaría el descuento a los trabajadores de las empresas mineras estatales por los días de la huelga realizada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en contra del Decreto Supremo 5503.
Acusan a la senadora Claudia Mallón, de la alianza AP-SÚMATE, de vulnerar el ejercicio legítimo y legal del derecho a la huelga y la protesta, “forzando la emisión de una circular DARH-004/2026 del 2 de febrero, emitida por la presidencia de la Comibol, para desconocer deliberadamente nuestros derechos”.
En un pronunciamiento público, la organización sindical advierte que, de proceder los descuentos a los salarios de los trabajadores mineros y del pueblo boliviano de manera ilegal, arbitraria y abusiva, se desencadenarán nuevamente conflictos sociales en el país, que serán de entera responsabilidad de la senadora.
Además, el sector manifiesta que, de proseguir esta persecución y criminalización, el estado de emergencia en el que se encuentra la clase trabajadora pasará a la acción, ejerciendo la defensa legítima de los trabajadores.
A través de un comunicado, la organización sindical atribuye la responsabilidad de esa medida a la senadora de APB-Súmate, debido a que la legisladora presentó una Petición de Informe Escrito el pasado 15 de enero, la cual es interpretada como una intención de impulsar los descuentos de salarios.
El jefe de Personal de la Comibol, Daniel Mamani, consultado por Visión 360 sobre la emisión de esa circular, negó esa situación: “no tenemos nada al respecto”, y a continuación pidió que el medio realice la consulta por el conducto regular, para que se dé una respuesta oficial con todos los detalles que correspondan.
La asambleísta aludida, consultada sobre el tema, dio a conocer que se encontraba con baja médica y que la próxima semana hará conocer su posición respecto a la denuncia de la FSTMB. Mallón, además, presentó un proyecto de ley contra los bloqueos, iniciativa que también fue rechazada por la COB en su último ampliado.
Delegaciones de trabajadores de las empresas mineras estatales y de empresas mineras privadas se movilizaron a la ciudad de La Paz, por instrucción de la organización sindical, entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Entre ellos estaban trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, de la Empresa Minera Colquiri; también llegaron trabajadores de la Empresa Minera Manquiri y de la Empresa Minera San Cristóbal, entre otras.
Según cálculos del Gobierno, la huelga y los bloqueos mineros contra el Decreto Supremo 5503 provocaron pérdidas de hasta 20 millones de dólares; el paro solo en Huanuni registró pérdidas de 2 millones de bolivianos por día.
La FSTMB denunció que la senadora Mallón presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) el 15 de enero de 2025 y, con ello, “pretende impulsar descuentos salariales ilegales y arbitrarios”, según el pronunciamiento.
Virulencia verbal contra la senadora Mallón
La FSTMB, en el pronunciamiento, expresa su enérgico rechazo, repudio y condena a lo que consideran acciones “antiobreras”, “antipopulares” y “antipatrias” de la senadora Mallón Vargas, a quien califican como “verduga” de los trabajadores.
El documento sostiene que, gracias a los bolivianos y específicamente al sector productivo, la senadora cobra su salario mensual “sin hacer nada”. “Gracias al voto del pueblo está bien sentada en su curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, gozando de varios privilegios”, afirma.
En el pronunciamiento, la FSTMB recuerda que Mallón, junto a otros asambleístas, fue declarada como “persona no grata” y “enemiga de los trabajadores” por el ampliado de la Central Obrera Boliviana, realizado en Sucre en enero pasado, debido a que la parlamentaria presentó un proyecto de ley para penalizar los bloqueos.
Al respecto, la organización laboral sostiene que esta legisladora, amparándose en su investidura parlamentaria, ha emprendido una sistemática persecución, hostigamiento, amedrentamiento y criminalización contra las trabajadoras y los trabajadores, por el solo hecho de reclamar y ejercer derechos constitucionales, laborales y sindicales a la huelga y la protesta.
La FSTMB recuerda que los trabajadores están protegidos por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado y por los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados y plenamente vigentes, los cuales forman parte de los convenios internacionales fundamentales.
La huelga fue legal, según la FSTMB
La organización sindical justifica que la huelga general indefinida escalonada y el bloqueo de caminos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 “fueron totalmente legales y legítimos”; su desenlace final logró la abrogación del Decreto Supremo 5503, restituyendo el Estado de derecho y devolviendo a la legisladora sus atribuciones legislativas.
La Constitución consagra el derecho a la huelga, a la protesta y a la organización sindical, estableciendo que los derechos laborales y los salarios son inembargables e irrenunciables, no pudiendo ser objeto de descuento alguno sin orden judicial, previo debido proceso con derecho a la defensa y presunción de inocencia.
También menciona que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en el caso boliviano, en particular en el informe 368 de junio de 2013, en el que establece que el gobierno tome las medidas necesarias para que, sin demora, se reembolse a los trabajadores el monto del salario que se les haya sido descontado; además, señala que la declaratoria de ilegalidad de una huelga corresponde a un órgano independiente y no al gobierno, porque forma parte del conflicto.
La COB cumplió todos los pasos exigidos por la norma laboral vigente para la declaratoria de la legalidad de la huelga, realizando la negociación con el gobierno, la cual concluyó con la suscripción de un acuerdo y la aprobación del Decreto Supremo 5516, que reconoce plenamente la legalidad de la huelga, según esa organización.
Por todo ello, la FSTMB considera que la asambleísta “mal puede exigir informes, promover descuentos o forzar decisiones ilegales a las autoridades de la Comibol, haciéndoles incurrir en error, pues cualquier intento en ese sentido sería abiertamente ilegal e inconstitucional, arbitrario y violatorio del derecho internacional del trabajo”.