2026-02-19

Violencia

Organizaciones periodísticas denuncian ataque físico de alcalde de Cabezas a periodista

Cuando el alcalde debía prestar su declaración informativa ante las autoridades judiciales, emprendió a golpes al periodista con el propósito de impedir la continuidad de su trabajo periodístico, según la denuncia de las organizaciones periodísticas.

El periodista Deiby Gutiérrez fue atacado físicamente por el alcalde del municipio de Cabezas, Omar Rosales Garzón, según la denuncia pública de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC).

A través de un comunicado de prensa, ambas organizaciones expresan su condena a la agresión sufrida por el periodista Gutiérrez mientras realizaba labores de seguimiento informativo.

“El periodista se encontraba cumpliendo su labor de cobertura y fiscalización, dando seguimiento a una investigación por presuntos delitos patrimoniales en los que estaría involucrada dicha autoridad municipal. En ese contexto, y cuando el alcalde debía prestar su declaración informativa ante las autoridades judiciales, emprendió a golpes al periodista con el propósito de impedir la continuidad de su trabajo periodístico”, señala el pronunciamiento.

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Ninguna autoridad puede, en ninguna circunstancia, recurrir a la violencia para evadir el escrutinio público e impedir la labor de seguimiento informativo a investigaciones que involucran a autoridades públicas, consideran las organizaciones, manifiesta el comunicado conjunto.

La agresión física contra un periodista, especialmente cuando proviene de una autoridad electa, envía un mensaje de intimidación que afecta no solo a la víctima directa, sino al conjunto del gremio periodístico, afirma.

“Exigimos una investigación pronta y transparente sobre la agresión denunciada y la aplicación de las sanciones que correspondan a la autoridad involucrada, así como garantías efectivas para que el periodista Deiby Gutiérrez pueda continuar su labor sin amenazas ni represalias”, sostiene.

La violencia contra periodistas, especialmente en contextos donde investigan posibles hechos de corrupción o delitos contra el patrimonio público, debilita la institucionalidad democrática y fomenta la impunidad, según el documento.

"Reiteramos que el respeto a la labor periodística no es una concesión de las autoridades, sino una obligación jurídica y ética. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de la democracia, y el periodismo libre es una de sus principales garantías", afirma.

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