Francotirador
Irán y la política internacional del miedo global
Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre objetivos en Irán desde el 28 de marzo de 2026, vuelven a sacudir a la comunidad internacional con una mezcla de estupor, ansiedad y déjà vu histórico. Cada explosión reaviva la narrativa del “punto de quiebre” definitivo, como si la demostración de fuerza fuese suficiente para precipitar la caída del régimen de los ayatolás. Sin embargo, la experiencia acumulada desde la década de los ochenta indica exactamente lo contrario: no ha existido un solo episodio verificable en el que el bombardeo externo, por sí solo, haya producido un cambio de régimen estable y democrático en Teherán, incluso ahora que los ataques asesinaron al supremo líder Alí Jamenei.
Desde la consolidación del poder clerical después de la revolución de 1979 y durante la larga guerra con Irak (1979-1988), el sistema político iraní ha demostrado una notable capacidad de recuperación. La estructura de poder —anclada en la autoridad religiosa dogmática, los Guardianes de la Revolución y una compleja red de control político— ha sabido convertir cada agresión externa en un argumento interno de cohesión. La amenaza exterior, lejos de fracturar automáticamente al régimen, tiende a reforzar su discurso de victimización y resistencia nacional.
Los bombardeos producen, sobre todo, conmoción y miedo interno. La población civil es quien asume el costo psicológico y material de la confrontación con la interrupción del suministro de los servicios, desplazamientos masivos, muertes de inocentes y una economía que se contrae aún más, bajo un conjunto de sanciones y aislamiento. El shock internacional no se traduce en una hoja de ruta para la democratización. Todo lo contrario. La lógica bélica desplaza los espacios de deliberación política y fortalece a los sectores más duros dentro del aparato estatal iraní, que presentan cualquier disidencia como traición en tiempos de guerra.
Hay, además, una erosión silenciosa pero profunda del Derecho internacional. La reiteración de acciones militares “preventivas o punitivas” sin un consenso multilateral sólido, deteriora la credibilidad de las normas que, al menos en teoría, limitan el uso unilateral de la fuerza. El resultado es un mundo más inestable, donde las reglas se subordinan a la correlación de poder y donde el precedente de la violencia, legitima luego nuevas violencias, expandiendo la política internacional del miedo global. La promesa de seguridad inmediata, suele destruir, progresivamente, la arquitectura jurídica global de largo plazo.
En este escenario, figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu encarnan una política de gestos contundentes y retórica maximalista, con consecuencias catastróficas. Su narrativa privilegia la exhibición de fuerza como señal de determinación estratégica. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que la tecnología del poder militar no equivale a una transformación política eficaz. La caída de un régimen autoritario (ya sea en Venezuela o en Irán) no se decreta desde el aire: requiere fracturas internas, coaliciones sociales articuladas, legitimidad alternativa y condiciones institucionales para una transición. Nada de eso se construye con misiles.
El problema de fondo es la confusión entre castigo y cambio. Castigar militarmente puede satisfacer expectativas domésticas o enviar señales disuasivas, pero no crea, por sí mismo, un nuevo orden político internacional propicio y equilibrado. En ausencia de una estrategia diplomática sostenida —que combine presión, incentivos y canales de negociación— la acción militar aislada se convierte en un gesto costoso: pérdida de tiempo, de recursos financieros y, ante todo, siembra de mayor incertidumbre regional.
Irán, con su compleja sociedad civil, su juventud educada y sus tensiones internas, no es un bloque monolítico. Existen demandas de apertura, protestas intermitentes y conflictos dentro de la élite. Pero, cada vez que el conflicto externo escala, esas grietas tienden a cerrarse bajo la lógica de la supervivencia nacional. La historia reciente demuestra que la democratización no prospera bajo los bombardeos sistemáticos (como lo sucedido en Camboya durante la guerra de Vietnam); más bien, necesita espacios de autonomía social, comunicación y presión interna sostenida.
La pregunta ética es ineludible en el Derecho internacional: ¿qué tipo de orden global se está construyendo, cuando la violencia sustituye constantemente a la diplomacia? La fuerza puede destruir infraestructuras; no puede edificar legitimidad. Puede eliminar objetivos militares; no puede sembrar cultura democrática. La transformación política auténtica es un proceso lento, contradictorio y, casi siempre, interno.
Los bombardeos, entonces, no son garantía de la caída del régimen de los ayatolás. Son, más bien, la repetición de una estrategia que ha demostrado sus límites históricos. En vez de acercar una transición democrática, profundizan el miedo, humillan el Derecho internacional y consolidan a los sectores más radicales. La eficacia política no reside en el estruendo de la explosión, sino en la compleja ingeniería de la negociación, la presión multilateral coherente y el acompañamiento a las fuerzas sociales que, desde dentro, aspiran a un cambio real. Lo demás es ruido, gastos millonarios y una peligrosa ilusión de control en un mundo cada vez más frágil, expandiéndose la política global del miedo. Se trata de un inútil retroceso hacia los comienzos del siglo XX.