El problema no es la plata del avión, es algo peor
Se ha vertido una lluvia de comentarios sobre lo acontecido en el accidente del avión militar siniestrado en la ciudad de El Alto. Han circulado desde acciones y lecturas punitivistas,clasistas hasta simplificaciones irresponsables que juegan a la política justificando lo injustificable y haciendo ruido para desviar el foco de atención en lo que importa.
El día del siniestro nos reflejó una deuda pendiente, estructural y preocupante: el ciudadano de El Alto no confía en el Estado. Y no es solo ante este gobierno; es un patrón que clama por visibilidad y reclama un lugar desde hace muchos años. Esta falta debe tratarse ahora, sin más dilación. No basta con asistir a velorios, atender a las familias de las víctimas o encarcelar a más vecinos. Se trata de planificar —porque estoy segura de que no hay planificación alguna— y de ejecutar acciones concretas para fortalecer las capacidades estatales.
¿Por qué lo planteo así? Porque desde la ciencia de la psicología política, que es el área de mi experticia desde hace más de veinte años, sabemos que es la capacidad estatal la que tiene un impacto subjetivo en la población para determinar si se tiene o no confianza en la administración gubernamental. La disminución de la capacidad estatal es capaz de exacerbar acciones que prevalecen la inmediatez, el free-rider, los intereses individuales y la vulneración de la norma. Es decir, ante el caos, la cognición se desliza desde la cooperación hacia la oportunidad individual de sacar ventaja. Ahora bien, estos efectos negativos se detonan no solo a nivel de la población, sino que impactan a nivel mediático y también institucional.
Vamos por partes. Una primera muestra de capacidad estatal debió ser presencial, física: algo tan simple como el acordonamiento del área afectada, presencia policial y militar, resguardo a los heridos. El día del siniestro, la policía no tenía —o desconocía por completo— los protocolos para asistir a los heridos de forma adecuada. Los llevaban al trote en mantas y los acomodaban de a tres, como sea, en la parte de atrás de una camioneta, dispuesta a gritos y bocinazos contra quien sea para habilitar el paso. ¿Dónde estaba el operativo para habilitar el paso del tránsito? La comunicación oficial se mostró caótica, improvisada y dividida. No tuvieron la capacidad de encarar la cascada mediática, no pudieron contener la situación de la mejor manera en temas y sucesos clave, al menos identificar 3 temas críticos. Por ejemplo, agradecer la “buena intención” de los vecinos pero explicarles que manipular y enterrar partes de cuerpos encontrados, lejos de ser una “buena y solidaria acción”, es algo altamente perjudicial para los familiares que necesitaban el traslado de esas partes en cadena de custodia para poder, por protocolo médico, sacar a sus seres queridos de la morgue y poder enterrarlos. Se concentraron en los billetes y se postergó la comunicación de los nombres de las víctimas y de las casas de salud a las que fueron trasladados. Por otro lado, los medios en general se ocuparon de describir y saturar. ¿Hasta qué punto vale más la “primicia” de la prensa, el amarillismo y el exceso de descripción de la situación, con enfoque en los billetes?
Seguimos con el desenganche conveniente institucional. Ante el caos y el desorden, ¿por qué no seguir robando? Y esto es justo lo que pasó con esas funcionarias en el sector salud que adoptaron, entre otras cosas, la figura de la extorsión a funcionarios públicos como estrategia de sostén de su red de clientelismo. En este mismo apartado, el institucional, quiero rescatar el lúcido comentario del profesor Christian Améstegui, que advertía algo interesante que evitaron registrar: cómo a partir del accidente de avión se dejó de prestar atención a un tema institucional urgente en el ámbito laboral y al accionar de los seguros, donde son las instituciones del Estado las que buscan ganar gracias a las multas y otras arbitrariedades aplicadas a las labores de consultoría, lo que impide la contratación de peritos expertos puntuales para atender esta crisis.
Entonces, es importante subrayar que son las capacidades estatales las que influyen en la subjetividad cognitiva de la población. Para generarlas, se hace necesario planificar, ejecutar y demostrar: imparcialidad, atención oportuna al ciudadano —sobre todo a los barrios y ciudades a los que por tradición, mala costumbre o clasismo se dio la espalda—, generar y aplicar protocolos institucionales para la atención efectiva de crisis, sancionar con justicia las infracciones, resolver el karma burocrático del pasado que sigue acaparando la función pública, y dejar de excusarse en que no hay suficientes profesionales en Bolivia, porque sí los hay, y porque su labor es pues esa: buscar, convocar y oxigenar el espacio para instalar una cultura política distinta, una que demuestre y hable de mayor dignidad. Hace falta entablar diálogos con la prensa enmarcados en la ética y en las formas en las que se debe encarar y luchar contra la desinformación. Se dice fácil, ejecutar todo esto implica dinero, tiempo y conocimiento. Es obligación del gobierno empezar a resolver. No es un tema más; es tan urgente e importante como no tener dólares o gasolina de buena calidad.