Pequeños productores de soya, campesinos y personal del Hospital de la Mujer protestan contra medidas asumidas por el Gobierno

A cuatro meses de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz asumiera la conducción del país, surgen conflictos desde diferentes sectores, alejados de la Central Obrera Boliviana (COB), que dirigió las movilizaciones registradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 contra el Decreto Supremo 5503.

Los sectores movilizados son la Federación de Productores de Arroz y Soya del Norte de Santa Cruz; los trabajadores del Hospital de la Mujer; y los productores campesinos de Tarija, quienes se movilizaron este lunes y anunciaron nuevas medidas de presión si las autoridades no atienden sus demandas.

Los productores del Norte de Santa Cruz iniciaron protestas en contra del Decreto Supremo 5547, que da vía libre a la importación de soya con arancel cero. Los productores campesinos de Tarija marcharon este lunes en contra del Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, que crea un impuesto del 5% sobre las ventas agrícolas; del Proyecto de Ley 157, que permite convertir la pequeña propiedad campesina en un bien hipotecable; y por la mala calidad del combustible, que —según denuncian— daña sus maquinarias agrícolas.

A estas protestas se suman las del personal del Hospital de la Mujer, por el recorte presupuestario atribuido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Salud.

Pequeños productores se sienten amenazados por el DS 5547

El Decreto Supremo 5547, promulgado por el Gobierno en febrero de este año, autoriza la importación de soya con arancel cero, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta disposición provocó la molestia de los productores del Norte de Santa Cruz, quienes expresaron su rechazo porque consideran que la medida afectaría a los pequeños productores, quienes ya estaban siendo perjudicados por el contrabando de arroz, motivo por el cual también asumieron medidas de protesta.

Este lunes 9 de marzo, las federaciones de productores de arroz y soyeros del Norte de Santa Cruz instalaron un punto de bloqueo en la carretera que conecta ese departamento con Cochabamba, como medida de protesta contra la decisión del Gobierno nacional de permitir la libre importación de ambos productos, informó Correo del Sur.

Los representantes del sector consideran que la disposición afecta directamente a la producción nacional, debido a que la importación de soya, a lo que se suma el contrabando de arroz, genera una “competencia de precios desleal”, que coloca en una situación de desventaja a los productores locales.

Según los productores, el arroz nacional se comercializa actualmente a 67 dólares la fanega, mientras que el producto importado llega al mercado a un precio de 46 dólares, lo que, desde su punto de vista, dificulta una competencia en igualdad de condiciones.

En el caso de la soya, explicaron que el costo de producción de una tonelada tiene un valor de 900 dólares, mientras que el precio de comercialización se sitúa en torno a los 320 dólares, situación que atribuyen a la incertidumbre provocada por la emisión del DS 5547.

Ante este escenario, el sector exige al Gobierno revisar la política de importaciones y adoptar medidas que protejan la producción agrícola nacional. Mientras tanto, el bloqueo instalado en la vía que une Santa Cruz con Cochabamba genera restricciones en el tránsito vehicular.

Por su parte, los productores de la provincia Ichilo instalaron un bloqueo de carreteras en el puente Yapacaní, en la ruta Santa Cruz–Cochabamba, en rechazo al DS 5542 y al contrabando de arroz, que —según señalan— afecta a ese sector.

Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario fija impuestos a los pequeños productores agrícolas

Otro conflicto se avecina debido al Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, presentado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, que provocó el rechazo de los campesinos.

Productores campesinos de al menos cuatro subcentrales del departamento de Tarija se concentraron este lunes 9 de marzo en la plaza principal de la ciudad en una movilización autoconvocada desde las bases, según El País.

Los agricultores rechazan tres medidas del Gobierno nacional: el proyecto de ley que crea un impuesto del 5% sobre las ventas agrícolas, la Ley 157 que permite convertir la pequeña propiedad campesina en bien hipotecable, y el deterioro de la calidad del combustible que daña maquinaria y equipos.

Según los representantes de ese sector, el proyecto de ley, que todavía no está en la agenda de la Asamblea Legislativa, crea el Régimen SIETE-RG: un sistema de pago bimensual equivalente al 5% del ingreso bruto, destinado a pequeños emprendedores y productores con ventas anuales inferiores a 400 mil bolivianos.

Según los representantes del sector, el Gobierno describe a este impuesto, como voluntario y orientado a facilitar la formalización del sector. Los productores cuestionan esa lectura. “Dice que es voluntario, pero nosotros no vendemos por voluntad, vendemos porque necesitamos comer”, afirmó el exdirigente del sector, Luis Alfaro.

El punto técnico que subrayan los campesinos es preciso: el impuesto se calcula sobre el ingreso bruto, no sobre la ganancia, lo que significa que un productor que vende papa, maíz o hortalizas en márgenes reducidos, pagaría el 5% independientemente de si su actividad fue rentable ese bimestre.

Además, está el proyecto de Ley 157, que permite que propietarios de pequeñas parcelas campesinas soliciten voluntariamente reclasificar su tierra como propiedad mediana o empresarial. También reclaman por la distribución de la gasolina de mala calidad, que daña a sus equipos y maquinarias.

Reducción presupuestaria moviliza al Hospital de la Mujer

Este lunes, personal médico del Hospital de la Mujer denunció la reducción de su presupuesto para esta gestión por parte de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Salud. Según el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Simras), Fernando Romero, el presupuesto para esta gestión era de 16 millones de bolivianos; sin embargo, habría sido reducido a solo 6 millones.

Esta mañana se registró una movilización del personal de ese centro de salud durante una hora; sin embargo, el representante no descartó que la medida pueda ampliarse a 24 horas si el Gobierno no devuelve el presupuesto programado con anterioridad.

Los profesionales salieron a bloquear la calle donde está ubicado el hospital y mostraron una incubadora, un monitor y un equipo de rayos X que ya no funcionan, situación que impide brindar un adecuado servicio a la población que acude en busca de atención.

Según Romero, el presupuesto para el Hospital de la Mujer para esta gestión era de 16 millones de bolivianos, pero fue reducido a 6 millones, lo que impide cubrir medicamentos para prematuros, cirugías y la alimentación de los pacientes.