La frontera fortificada de Chile: ¿un problema que terminará pagando Bolivia?
Inmediatamente después de asumir el mando, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la implementación de una “Política Nacional de Cierre Fronterizo”. La medida contempla la construcción de zanjas, muros y torres de vigilancia, particularmente en zonas sensibles como Colchane y Chacalluta. A ello se suma el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Quienes creyeron que las amenazas de campaña eran solo palabras, se equivocaron.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la decisión chilena se encuentra dentro del margen de acción que el Derecho Internacional reconoce a los Estados. El control de fronteras forma parte del núcleo de la soberanía estatal, y un país puede adoptar medidas destinadas a proteger su territorio, regular los flujos migratorios y preservar el orden público. En ese marco, Chile puede construir infraestructura siempre que esta se ubique estrictamente dentro de sus límites territoriales.
Sin embargo, el ejercicio de la soberanía no es un cheque en blanco. Que una medida sea legal no significa necesariamente que sea políticamente inocua, ni diplomáticamente irrelevante.
En las relaciones internacionales, muchas decisiones soberanas generan efectos directos en los países vecinos, especialmente cuando se trata de zonas fronterizas altamente sensibles. Por ello, el Derecho Internacional contemporáneo ha desarrollado principios como la cooperación y la buena vecindad entre Estados, que buscan evitar que el ejercicio unilateral de la soberanía termine generando tensiones innecesarias.
En ese contexto, resulta llamativo que una medida de esta magnitud haya sido adoptada sin que exista, al menos, una comunicación diplomática previa con Bolivia. Informar al país vecino sobre decisiones que pueden alterar la dinámica fronteriza no constituye una concesión de soberanía; por el contrario, es una práctica básica de prudencia diplomática y de buena vecindad.
Si esa notificación no existió, la diplomacia boliviana tiene la obligación de solicitar explicaciones formales a través de los canales diplomáticos. No hacerlo equivaldría a aceptar pasivamente decisiones que podrían tener impactos directos en la gestión de una frontera que, por su propia naturaleza, es inestable.
Cabe recordar que en el marco del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR se establecieron mecanismos de notificación previa de actividades militares en zonas fronterizas, conocidas como “medidas de confianza mutua”. Estos instrumentos buscaban evitar interpretaciones erróneas, percepciones de amenaza o escaladas innecesarias entre Estados vecinos. Lamentablemente, la desarticulación de ese espacio regional anuló esos avances.
Otro aspecto que no puede ignorarse es el impacto potencial que estas medidas podrían tener sobre el régimen de libre tránsito boliviano. En principio, las obras anunciadas por Chile parecen dirigidas a pasos no habilitados, utilizados para el ingreso irregular de personas. Si ese fuera efectivamente el caso, no deberían afectar la circulación legal de personas ni el tránsito de mercancías garantizado para Bolivia en el Tratado de 1904.
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que muchas restricciones adoptadas con fines de seguridad terminan generando obstáculos indirectos al comercio y al transporte internacional. Si las nuevas infraestructuras o el despliegue militar derivaran en limitaciones al tránsito boliviano, se configuraría un incumplimiento de obligaciones internacionales susceptible de generar responsabilidad del Estado chileno.
Pero el problema más inmediato para Bolivia podría no encontrarse en el plano jurídico, sino en el efecto geopolítico de estas medidas.
Cuando un país endurece sus controles migratorios, los flujos irregulares no desaparecen; simplemente se desplazan hacia rutas alternativas. Este fenómeno es conocido como efecto desplazamiento.
En este caso, el escenario se vuelve particularmente delicado si se considera que, tras las amenazas efectuadas por Kast durante su campaña, Perú también ha reforzado la presencia militar en su frontera con Chile. Cuando dos países endurecen simultáneamente sus controles, el resultado suele ser previsible; los flujos migratorios buscan nuevas rutas y el tercer país de la región termina absorbiendo la presión.
En otras palabras, existe un riesgo real que Bolivia termine convirtiéndose en un espacio de contención o acumulación de migrantes, sin haber participado en las decisiones que provocaron ese desplazamiento.
Este escenario, debería encender señales de alerta de la diplomacia boliviana. La historia demuestra que cuando Bolivia no anticipa los efectos de las decisiones adoptadas por sus vecinos, termina reaccionando tarde y en condiciones desfavorables. En el caso chileno muchas veces fue la fuerza la que se impuso, antes que la razón.
Por ello, la respuesta no puede ser el silencio diplomático y menos la justificación jurídica, que en el caso que nos ocupa no corresponde. Solicitar información formal sobre el alcance de estas medidas no es un gesto hostil, es un acto mínimo de defensa del interés nacional.
Más aún, Bolivia debería promover mecanismos de diálogo trilateral - que desde el punto de vista de la teoría de negociación es lo recomendable para equilibrar los intereses y las fuerzas - que permitan abordar conjuntamente los efectos de estas políticas. La gestión migratoria en zonas de tránsito requiere coordinación entre Estados, intercambio de información y estrategias comunes. Pretender resolver fenómenos migratorios complejos únicamente mediante muros, cercos o despliegues militares suele producir efectos colaterales que terminan afectando a toda la vecindad.
La política de frontera fortificada del gobierno de Kast, pudiera ser una decisión soberana de Chile; pero sus consecuencias no se detendrán en la línea fronteriza.
Para Bolivia, el desafío no consiste en cuestionar la soberanía chilena, ni aceptarla, sino en evitar que las decisiones de otros terminen definiendo, sin respuesta alguna, la realidad de nuestra propia frontera. La diplomacia no existe para observar los hechos desde la distancia, existe para anticiparlos, gestionarlos y defender los intereses nacionales.