Fronteras
Pobladores de la frontera con Chile ven con recelo el cavado de zanjas y lamentan abandono del Gobierno
Las poblaciones de la frontera con Chile ven con recelo el cavado de zanjas por parte del Gobierno del presidente José Antonio Kast y lamentan que el Gobierno de Rodrigo Paz mantenga la política de abandono de esas zonas.
El pasado lunes, Kast dio inicio al “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla un sistema con varios ejes, entre ellos, la construcción de 30.000 metros de zanjas en la frontera con Argentina, Perú y Bolivia; la instalación de puestos de observación, el primero donde estarán soldados ejerciendo el control; y la incorporación de tecnología con la que se pretende impedir la inmigración ilegal y luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Además, contempla otras medidas, como un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal, es decir, el cierre de los pasos no habilitados; sanciones severas; y un despliegue militar y policial sin precedentes, sostiene la propuesta de Kast cuando era candidato a la presidencia de ese país.
Ante esta situación, las autoridades de las poblaciones en la frontera se encuentran preocupadas y ven con cierta desconfianza las medidas asumidas por Chile; además, lamentan que el Gobierno boliviano mantenga la política de abandono de las fronteras, específicamente del sector de Pisiga, informó radio Fides.
William Colque, corregidor de la comunidad, aseguró que, en vez de que se refuercen los controles en la frontera, lo que se hizo fue reducir el número de policías y militares.
“Hemos visto con mucha preocupación, nosotros teníamos en Pisiga como 10 efectivos, pero se ha reducido a cuatro efectivos; en el Ejército se tiene el CEO, Control de Lucha Contra el Contrabando, no; tenemos una serie de observaciones aquí a su desempeño, es lo único que se tiene”, afirmó.
Colque consideró que, a raíz de las acciones asumidas por el Gobierno de Chile, “haya una política transfronteriza de parte del Gobierno y sea una política integral, no solo contra el contrabando, sino también que vaya involucrando a la población”.
Explicó que los habitantes de esa región fronteriza conocen la problemática y la geografía del lugar, por lo que acciones de forma participativa siempre tienen buenos resultados.
Con respecto a las zanjas construidas, Colque dijo que el tiempo dirá si esta fue una medida correcta asumida por Chile; sin embargo, aseguró que el contrabando persistirá, a no ser que el Gobierno asuma medidas no solo de control, sino también de incentivo a lo legal.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, llamó hoy a no estigmatizar la decisión del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast de cavar zanjas en la frontera con Bolivia y descartó una posible vulneración del Tratado de 1904.
“Estamos cimentando una relación que se va construyendo está basado en el principio de buena fe; entendemos que Chile ha tomado esas decisiones, porque de pronto, el enfoque que tienen ellos, para poder”, declaró el pasado 16 de marzo.
La localidad fronteriza de Pisiga Bolívar se encuentra a 236 kilómetros de la ciudad de Oruro y a 461 kilómetros de la ciudad de La Paz. En esta área se encuentran diversos puntos de terminales informales que facilitan el transporte de personas desde el interior hacia la frontera con Chile. Debido a su proximidad con la frontera chilena, Pisiga es uno de los principales puntos de tránsito desde Bolivia hacia Chile, según la International Organization for Migration (IOM).
Chile argumenta que defenderá su frontera
El Plan Escudo Migratorio de Kast considera que la barrera no solo será un muro físico, sino un mensaje claro: Chile es un país soberano y defenderemos cada metro de nuestro territorio.
Considera que las Fuerzas Armadas y del orden, constituidas como una Fuerza de Tarea Conjunta, tomarán el control absoluto de la frontera norte; para ello, se desplegarán 3.000 efectivos en turnos rotativos, con bases de operaciones, garantizando una presencia constante y disuasiva para interceptar, detener y reconducir inmediatamente a cualquier migrante ilegal que intente ingresar al país.
“Los militares tendrán facultades plenas para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero que cruce ilegalmente. Bajo el amparo de la legislación vigente y de los cambios/ajustes legales necesarios, su accionar estará resguardado por la justicia militar”, sostiene.
Afirma que se implementará, de manera efectiva, una franja de exclusión de 10 kilómetros en la frontera, donde cualquier persona sin documentos será automáticamente detenida y expulsada. “Uso legítimo de la fuerza del Estado: quienes intenten ingresar de manera violenta o desobedecer las órdenes serán reducidos con protocolos estrictos”, asegura.
También se plantea la creación de centros de internación y expulsión de inmigrantes ilegales. “Los inmigrantes irregulares no podrán dispersarse en el país; todo aquel que cruce sin documentos o que esté en condición irregular será trasladado a centros de internación y expulsión ubicados cerca de la frontera, donde esperarán su expulsión inmediata”.
El Plan Escudo Fronterizo pondrá fin al abuso del sistema: no más extranjeros que llegan con visa de turista y se quedan indefinidamente; no más permisos de trabajo para ilegales. Por eso, el plan incluye medidas económicas radicales para desincentivar la permanencia ilegal, entre ellas, la sanción económica a empleadores que contraten ilegales.
La economía informal se acabó: se implementará una fiscalización estricta sobre las empresas de transporte y arrendadores que faciliten la permanencia de ilegales, con sanciones económicas severas, manifiesta.
También anuncia el “fin a las remesas de ilegales: los extranjeros sin residencia no podrán enviar dinero fuera del país. Las remesas serán bloqueadas hasta que acrediten su estatus migratorio”.
Además, plantea “cero derechos sobre arriendos y propiedades: se prohibirá el arriendo de viviendas a ilegales”. Quienes faciliten esto serán perseguidos por la ley. No más beneficios para ilegales; el Estado chileno no está para subsidiar la ilegalidad.
Bajo “escudo fronterizo”, los ilegales quedarán automáticamente excluidos de: sistema de salud público (excepto urgencias); priorización o preferencias en educación; bonos y subsidios del Estado, advierte.