NGP o Yahuasi: ¿quién tiene la verdad?
La abrupta eliminación de la segunda vuelta en la elección para la Gobernación de La Paz no solo sorprendió: generó indignación, desconfianza y una sensación de vacío institucional difícil de ignorar. Lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la expresión más reciente de un proceso electoral cargado de irregularidades, decisiones cuestionadas y una creciente pérdida de credibilidad en las instituciones.
Pero en medio del ruido político, surge una pregunta que muchos se hacen: ¿quién dice la verdad, Nueva Generación Patriótica (NGP) o René Yahuasi? La respuesta, incómoda pero necesaria, es que probablemente nunca lo sabremos.
La verdad, en política, rara vez es un hecho puro. Es una construcción. Y en este caso, más aún. Para acceder a una versión objetiva de lo sucedido, el ciudadano tendría que tener acceso directo a los protagonistas, contrastar versiones, verificar pruebas y entender motivaciones internas. Nada de eso es posible. Lo que queda, entonces, es una verdad fragmentada, mediada y, en última instancia, subjetiva.
El contexto en el que ocurre este conflicto tampoco ayuda. Las elecciones subnacionales de 2026 en Bolivia han estado marcadas por decisiones del órgano electoral que han levantado más dudas que certezas: inhabilitaciones selectivas, criterios dispares, habilitaciones controvertidas y un tratamiento desigual entre candidatos. Todo ello ha ido erosionando la confianza pública y alimentando la percepción de arbitrariedad.
En La Paz, esta situación se agravó. La inhabilitación de candidatos a pocos días del proceso electoral, la permisividad posterior en algunos casos y la proliferación de candidaturas, con más de 17 para la elección de la Gobernación de La Paz, generaron una dispersión del voto que debilitó la representatividad de los resultados. A esto se sumó un alto porcentaje de votos blancos y nulos, reflejo claro de un electorado que no se sintió convencido ni representado.
En ese escenario fragmentado, los resultados mostraron liderazgos débiles. Luis Revilla, un político antiguo, obtuvo apenas el 20,2% de los votos. Detrás de él, René Yahuasi, bajo la sigla de NGP, logró posicionarse como segundo con menos del 9%, lo suficiente para pasar a una segunda vuelta que, según varios analistas, podía inclinarse a su favor por factores de identidad social y cultural.. En ese contexto de debilidad y dispersión, la segunda vuelta aparecía como una oportunidad de reconfiguración política.
A pocos días de la segunda vuelta, el 1 de abril, ocurrió lo inesperado: NGP anunció su retiro de la contienda, desatando un verdadero terremoto político que en cuestión de horas desarmó el escenario electoral y reconfiguró las fuerzas en disputa. La decisión fue amplificada por redes sociales, provocó reacciones inmediatas de actores políticos y dejó a la incertidumbre como protagonista central del proceso.
A partir de ese momento, las versiones comenzaron a chocar. René Yahuasi denunció presiones internas, señalando que se le exigían cuotas de poder desproporcionadas, hasta un 70% de espacios, como condición para continuar, lo que, de ser cierto, expondría a NGP como un partido que reproduce las viejas prácticas que dice combatir: la lógica del reparto, el cálculo burocrático y la política entendida como botín.
Sin embargo, desde NGP se ofreció una narrativa distinta, afirmando que Yahuasi se había distanciado del partido e incluso habría tenido acercamientos con Evo Morales, por lo que la retirada no respondería a debilidad, sino a una decisión política orientada a evitar una traición y frenar una posible rearticulación de ese liderazgo en La Paz. No obstante, la forma en que se ejecutó esta decisión sugiere también un accionar apresurado, posiblemente marcado por la inexperiencia política de sus dirigentes.
Ambas versiones resultan plausibles, pero también interesadas e incompletas. Creerle a Yahuasi implica asumir que NGP es solo un “partido nuevo de nombre”, atrapado en prácticas tradicionales; mientras que creerle a NGP supone aceptar que su decisión fue una defensa de principios políticos. En cualquiera de los casos, los costos son evidentes: se erosiona la credibilidad del partido, se tensiona la figura del candidato y, sobre todo, se debilita la confianza en el sistema democrático.
Sin embargo, hay un actor que no puede quedar al margen del análisis: el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La rapidez con la que aceptó la renuncia, sin mayores consideraciones hacia el candidato ni hacia el impacto institucional de la decisión, terminó inclinando la balanza de forma determinante. Más allá de quién tenga la razón en el conflicto interno, su actuación refuerza una percepción peligrosa: la de arbitrariedad, y cuando las reglas parecen flexibles, la democracia inevitablemente se debilita.
A ello se suma un elemento cada vez más influyente: la construcción de la “posverdad”. En un entorno donde los llamados “tik tokeros” y creadores de contenido compiten por atención, la verdad pierde relevancia frente al impacto; se construyen narrativas, se exageran hechos y se difunden versiones sin evidencia, transformando la política en espectáculo y a la opinión pública en terreno fértil para la manipulación. En este contexto, la verdad deja de depender de los hechos y pasa a depender de quién logra imponer su relato.
Por eso, el problema de fondo no es únicamente determinar quién tiene la razón entre NGP y Yahuasi, sino entender un fenómeno más profundo: un sistema electoral que genera dudas, actores políticos que no comunican con claridad, decisiones que se toman sin medir consecuencias y una ciudadanía expuesta a un exceso de información sin mecanismos efectivos de verificación. Lo ocurrido en La Paz no resuelve la pregunta inicial, sino que la deja abierta. Quizá esa sea la conclusión más preocupante: en la política boliviana actual la verdad no se descubre, se construye, influida más por percepciones, intereses y algoritmos que por hechos verificables.