Santa Cruz
El TSJ revela irregularidades en el caso del mercado “Mutualista” y pone en cuestión fallo constitucional
En un hecho poco usual, la institucionalidad cruceña hizo causa común y logró que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyera una investigación sobre el proceso judicial por la propiedad de los terrenos del mercado “Mutualista”. La auditoría concluyó con el descubrimiento de una serie de irregularidades.
Sin embargo, está vigente un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordena la entrega de los predios a la familia Crapuzzi, que reclama la propiedad del terreno. Saucedo no precisó el procedimiento a seguir ante esta contradicción, pero anticipó que “no exime que sea una sentencia prevaricadora”.
El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, junto con miembros de la Brigada Parlamentaria, acompañó a Saucedo en la conferencia de prensa donde se detallaron las irregularidades encontradas en el proceso por la propiedad, valuada en más de $us 300 millones.
Según las revelaciones, la declaratoria de herederos de los Crapuzzi de 1989 no contempla los terrenos del “Mutualista” y los papeles de propiedad presentados no figuran en ninguna Notaría de Fe Pública. Entre otros elementos, no hay coincidencia en el apellido Crapuzzi entre la declaratoria de herederos y la cédula de identidad del demandante, y se detectaron irregularidades en la entrega de planos ediles y posibles delitos en los recursos legales que favorecieron a los particulares.
Para Saucedo, existen indicios de prevaricato en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que favorece a la familia que reclama derechos sobre el “Mutualista”.
Los resultados de la investigación de la Unidad de Transparencia del TSJ serán remitidos a la Fiscalía para establecer responsabilidades penales. Asimismo, se presentarán denuncias ante el Consejo de la Magistratura para procesar a las autoridades judiciales vinculadas.
Por su parte, Agustín Zambrana acusó a la familia Crapuzzi de intentar apropiarse de bienes públicos con documentos irregulares.
“Se los encontró con las manos en la masa, queriéndose apropiar de bienes del pueblo”, denunció el líder cívico, exigiendo sanciones inmediatas, mientras desde la Brigada Parlamentaria se anunció presionar para una ley de juicio de responsabilidades que alcance a máximas autoridades del Estado, entre ellas las judiciales.