Fallo
Bolivia pierde apelación en Países Bajos y debe indemnizar con $us 105 millones a BBVA por proceso de nacionalización de pensiones
Bolivia perdió un juicio internacional en La Haya y deberá pagar $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por las demoras y perjuicios que reclama la entidad, debido a los problemas en el proceso de transferencia del manejo de los aportes de jubilaciones de la privada AFP Previsión a la estatal Gestora Pública.
El medio de comunicación El Español informó del fallo en última instancia del Tribunal Supremo de los Países Bajos sobre la solicitud de Bolivia para anular la indemnización emergente de un laudo de 2022 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), como resultado de la nacionalización del sistema de pensiones.
Durante el gobierno del expresidente Evo Morales se nacionalizó el sistema de pensiones, que era administrado por las privadas Previsión y Futuro.
Según el medio español, BBVA dejó establecido que la disputa no era por la nacionalización en sí —ya que la entidad nunca discutió la decisión de Bolivia de nacionalizar el servicio—, sino por la demora, por cómo Bolivia la implementó y por el daño que BBVA dice haber sufrido durante el traspaso, alegando incluso hostigamiento.
Bolivia acudió al Tribunal de La Haya solicitando la nulidad del laudo, pero en 2024 el fallo le fue adverso porque fueron rechazados los argumentos presentados. Ante este escenario, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.
Todo comenzó en 2010
Sin embargo, el tribunal neerlandés también rechazó la solicitud de nulidad del laudo. Según fuentes jurídicas conocedoras, la sentencia es firme y no cabe recurso, por lo que Bolivia ya no tiene más recorrido legal para cuestionar la validez del laudo del Ciadi, refiere la nota.
Morales nacionalizó la administración del sistema de pensiones en 2010, eliminando el control privado que ejercían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y transfiriéndolo a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que asumió el control pleno de la administración de los aportes de los trabajadores y el pago de jubilaciones desde mayo de 2023.