Callisaya: la persistencia del conflicto por la “gasolina desestabilizada” muestra que el Gobierno no está sabiendo gestionarlo

La persistencia de los problemas por la gasolina desestabilizada, que comenzó con dos protestas en enero de 2026 y se extendió al mes de abril con 31, muestra que el Gobierno no está sabiendo gestionarlos ni en su solución, ni en el manejo de sus tiempos, extremo que hace que se convierta en un conflicto de alta densidad y de larga data, advirtió el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Consideró que, debido a la falta de solución de este problema, que afecta a los choferes, otros sectores de la sociedad se están sumando en distintas regiones del país, en las que existe el conflicto y donde se están tomando acciones de mayor intensidad, lo que preocupa a esa institución. “El escenario de conflictividad en el escenario del combustible de 2 en enero, se pasó a siete 11 en marzo y 31 en abril”, precisó.

Dijo que la institución defensorial busca visibilizar, como un factor muy importante en esta situación de conflictividad, el tema de la gasolina desestabilizada, porque a través de la línea del tiempo: “trasciende el mes de enero, febrero, marzo para llegar inclusive al mes de abril”.

Al respecto, consideró que: “El Gobierno no está sabiendo gestionar los conflictos ni en su solución, ni en el manejo de sus tiempos, sobre todo en este último caso que acabamos de ver en el tema del combustible, donde un problema se está traduciendo en un conflicto y un conflicto de alta densidad y de larga data”.

Afirmó que la institución defensorial ha interpuesto sus oficios para que esta situación tienda a mejorar; sin embargo, “la recurrencia de este tema de la gasolina se sigue profundizando”, durante la presentación del informe sobre el Comportamiento de la Conflictividad en Bolivia en el Primer Trimestre de 2026.

Dijo que, al problema del combustible de mala calidad, se suman demandas de salud y educación, entre otros temas que le asisten a la población en el ejercicio de sus derechos. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz promulga decretos y leyes sin participación ni consulta. “Sin fortalecer una democracia deliberativa, se puede instalar el Gobierno en una zona de riesgo en cuanto a su gobernabilidad”, advirtió.

Una segunda reflexión y un hecho que preocupa, dijo, es la percepción ciudadana que es medida por el permanente contacto que tiene la institución en sus 21 oficinas en el país. “La percepción de incertidumbre, de falta de claridad sobre a dónde quiere llegar el Gobierno y cómo pretende lograr sus metas. La población tiene una sensación de incertidumbre y angustia respecto al horizonte gubernamental y futuro de la sociedad boliviana”, advirtió.

Manifestó que es necesario determinar si: “los sacrificios de la población valen la pena o si es un esfuerzo en vano; por eso, queremos desde la Defensoría sugerir al Gobierno que hable con claridad, que hable con transparencia acerca de su agenda estratégica con la población, indicando las metas, procesos, resultados y plazos, porque es la única manera en que se puede coordinar y trabajar junto a la población que tiene una esperanza”.

La segunda sugerencia que hizo Callisaya es que el Gobierno, con la mayor urgencia, instale una mesa de diálogo “multiactor”, para consensuar su agenda de Gobierno en un marco de transparencia.

Para ello, sugirió tomar en cuenta a los líderes políticos de las fuerzas más importantes, los representantes de los gremios empresariales y los dirigentes de las organizaciones sindicales, porque, como Defensor del Pueblo, considera que a través del diálogo social se podrá enfrentar esta coyuntura.

La gasolina de mala calidad fue la que provocó más conflictos en estos tres meses

En cuanto a la tipología de conflictos, sostuvo que hay una recurrencia en torno a la calidad del combustible, con 29 casos; hay otros temas vinculados a gobernanza, temas político-electorales, salarios, servicios, vivienda y recursos naturales.

Respecto a las denuncias sobre derechos vulnerados, dijo que en los 57 casos de conflictos activos: 29 corresponden a transporte y vivienda; 27 a derechos económico-sociales; 25 a derechos político-electorales; 21 a derechos laborales; 16 a derechos ambientales y de la Madre Tierra, entre otros.

Dijo que llama la atención la potencialidad de los conflictos por el Decreto Supremo 5503, los problemas del sistema de salud como el caso del Hospital de la Mujer, pero sobre todo el problema provocado por la gasolina de mala calidad.

Recordó que el conflicto por el combustible empezó el 8 de enero, cuando los transportistas solicitaron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) transparencia e información acerca de la calidad del combustible, demanda que no tuvo respuesta en ese momento.

El 3 de febrero, el Gobierno admitió que se había distribuido gasolina de mala calidad y, el 4 de febrero, los transportistas plantearon por primera vez la exigencia de resarcimiento económico por los daños provocados.

Mientras tanto, el 5 de febrero ya se había iniciado un bloqueo en La Paz, Oruro y Santa Cruz; el 11 de febrero el transporte libre protestó ante el Ministerio de Hidrocarburos; y el 12 de febrero los transportistas reiteraron la solicitud de resarcimiento sin una respuesta oportuna. El 25 de febrero se rompió el diálogo y se ingresó a otras acciones.

El 16 de marzo, el Gobierno y los transportistas retomaron el diálogo y acordaron generar espacios de resarcimiento; el 24 de marzo, ante el incumplimiento gubernamental, se inició un paro movilizado y el 25 de marzo a la medida de protesta se sumaron los bloqueos.

En abril, se registraron recurrentes acciones en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. También se reportaron la resolución judicial que da lugar al resarcimiento a los transportistas, marchas de mototaxistas en Beni, bloqueos en Tarija y en varios municipios de Santa Cruz.

Conflictividad creciente desde enero

Dijo que en el primer trimestre se presentaron 176 hechos de conflictividad; de ese total, 157 conflictos siguen activos y hay 19 anuncios de conflictividad. En enero se registraron 35 hechos; 44 en febrero; y 78 en marzo. “Hay un énfasis de mayor conflictividad en temas económicos respecto al último trimestre del año 2025”, precisó.

Dijo que también se registra una tendencia a la expansión de conflictos, que antes se concentraban en el área urbana; ahora se profundizan en ciudades intermedias y en el área rural. Esto es importante tenerlo presente como parte del escenario que se presenta durante este primer trimestre, explicó.

En cuanto a los 157 conflictos activos, la mayoría se reporta en el departamento de La Paz, con 47 casos; luego Santa Cruz, con 28; Cochabamba, con 19; Beni, con 12; Pando, con 11; Potosí, con 15; y otros en los demás departamentos del país.

Informó que, en los 157 conflictos activos registrados en este primer trimestre del año, la Defensoría del Pueblo actuó en el 75% de ellos, es decir en 119 casos, mediante esfuerzos para facilitar la resolución de problemas entre los actores a través del diálogo.

Dijo que, en cuanto a las medidas de presión asumidas, la más utilizada es el bloqueo, con 60 registros; seguida de paros, con 23; marchas, con 21; vigilias y toma de instalaciones, con 12 cada una; mítines, con 10; enfrentamientos, con siete; huelgas, con seis; y estados de emergencia, con seis.

“Llama la atención la recurrencia del uso del mecanismo de presión del bloqueo, y esto entendemos desde la Defensoría del Pueblo que ocurre en atención a que el bloqueo, primero, es el corolario de todo un proceso de peticiones y demandas realizadas que resultan no atendidas”, precisó.

Como otro factor, manifestó que el bloqueo se utiliza como una medida destinada a lograr efectividad en las demandas al Estado; de ahí la necesidad de una gestión oportuna antes de que esta medida pueda suscitarse de forma recurrente.