Resoluciones
¿Qué fallos firmó el magistrado Víctor Hugo Claure antes de ser asesinado? Uno de ellos frenó la minería ilegal en un río
El 1 de mayo se registró el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojosa, quien falleció tras recibir cuatro tiros. El hecho se registró en el momento en que el magistrado llegaba a un condominio a bordo de un vehículo. Fue sorprendido por los atacantes, que iban en una motocicleta. Pero, ¿cuáles son las razones del acribillamiento que sufrió?
Según la criminóloga Gabriela Reyes, se deben revisar los fallos que emitió el tribuno, dado que considera que el asesinato está más vinculado a decisiones que pudo tomar en el marco del cumplimiento de su labor. “Creo que está más relacionado con el tipo de trabajo que él hacía, por eso creo que es importantísimo revisar los fallos, las líneas que él estaba teniendo, principalmente sobre temas ambientales, como ser la tierra, bonos de carbono; es decir, yo pienso que no es un tema tanto de narcotráfico como se pudiera pensar en los otros casos, sino que es un tema, este sicariato judicial es un tema más vinculado a algunas decisiones que él ha podido estar tomando de acuerdo al cargo que él ejercía”, aseveró Reyes a Visión 360.
El magistrado fallecido firmó en diciembre de 2025 el fallo que ordena suspender la minería ilegal en el río Madre de Dios, al cual reconoció como sujeto colectivo de derechos y señaló directamente al Ministerio de Medio Ambiente y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como responsables de encubrir el saqueo.
“Que la Dirección Departamental de La Paz, Beni y Pando de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realice la suspensión inmediata de todas las actividades mineras que operan fuera de las cuadrículas autorizadas por la AJAM, así como la paralización y suspensión temporal de las autorizaciones y concesiones mineras emitidas que no cuenten con la consulta previa, libre e informada con el TIM I y la prohibición de autorización de nuevas áreas de exploración y explotación mineras dentro del río Madre de Dios, sin un proceso adecuado de consulta y evaluación ambiental”, señala el punto 2 del auto del 4 de diciembre, el cual tiene la firma del magistrado Claure Hinojosa.
Incluso, en el punto 5 de la resolución, que fue interpuesta por Lucio Ayala Siripi en octubre de 2025, se establece la restitución y protección del territorio que garantice, además, la protección efectiva y directa del río Madre de Dios y sus afluentes, para asegurar que no se repitan las vulneraciones que se cometen contra el río.
“El reconocimiento del río Madre de Dios como sujeto colectivo de derechos, ello de conformidad a la Ley N° 300, reconocer al río Madre de Dios como un sujeto colectivo de derechos, garantizando su protección y regeneración integral”, añade el punto 5 de la admisión.
Esta decisión fue, incluso, celebrada por la Defensoría del Pueblo, que calificó la decisión como un “precedente histórico” que reconoce al río Madre de Dios como sujeto colectivo.
Tras la decisión asumida el 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Agroambiental también dictó medidas cautelares por la amenaza a la conservación de la biodiversidad, medio ambiente y salud pública al río Tuichi del Madidi, y también se lo declaró sujeto de derechos.
En abril de 2025, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, compuesta por los magistrados Richard Méndez, Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez, ordenó a diferentes entidades públicas la protección del jaguar y de su hábitat. En sus disposiciones, se exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Además, se establece un plazo de 10 días para que se dicten medidas de protección para defensores y defensoras ambientales.
Incluso, ese día se ordenó disponer una pausa ecológica en las quemas y chaqueos en todo el territorio nacional con base en el Decreto Supremo 5225, que implica la suspensión de las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como prohibir la emisión de nuevos permisos.
Claure Hinojosa fue elegido como magistrado en las últimas elecciones judiciales. Fue parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Fue director departamental del INRA Cochabamba y trabajó dos años como responsable jurídico de Tierra y Territorio del municipio de Tiraque. En docencia universitaria, impartió Derecho Agrario y Medio Ambiente en la USB el año 2010.
Su visión para la justicia agroambiental, según la ficha del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), era de “otorgar seguridad jurídica de la propiedad y generar un desarrollo jurisprudencial que respalde los desafíos contemporáneos referidos a precautelar, prevenir, reparar, rehabilitar y restaurar el medio ambiente responsable, de acuerdo a principios ambientales y jurisprudencia internacional”.