Protestas
Justicia dispone el levantamiento de bloqueos y ordena al Gobierno garantizar el cumplimiento de la medida
Una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela en una acción popular interpuesta contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani, el senador suplente Nilton Condori Alanoca y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Guerta, y ordenó el levantamiento de los bloqueos en el país, según informó el exdiputado Amílcar Barral, quien presentó el recurso.
Barral explicó a través de sus plataformas digitales que la justicia otorgó tutela a la acción popular interpuesta, determinando que las movilizaciones y bloqueos deben ser levantados de manera inmediata al considerarse ilegales e inconstitucionales, debido a que restringen el libre tránsito de personas y el paso de alimentos, medicamentos y otros servicios esenciales.
Asimismo, la resolución establece que el Gobierno deberá activar mecanismos para garantizar el levantamiento de las medidas de presión, priorizando vías pacíficas y el diálogo. Sin embargo, en caso de persistir los bloqueos, se ordena individualizar responsabilidades y procesar a quienes sean identificados como autores de posibles delitos.
Esta resolución se da luego de 11 días de la instalación de los bloqueos en varios lugares del departamento de La Paz, principalmente en El Alto. Estas medidas de presión son impulsadas por sectores de campesinos “ponchos rojos”, con respaldo de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), entre ellos Mario Argollo y el senador Nilton Condori. Este conflicto ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos y combustible, además de afectar el tránsito de pasajeros y transportistas en distintas carreteras del país.
Tras una audiencia que se extendió por cuatro horas, el exdiputado Barral aseguró que se trata de un triunfo importante para la ciudadanía y afirmó que no se puede permitir que se continúen vulnerando los derechos de los bolivianos.
“Ahora le corresponde al Gobierno hacer cumplir esta resolución constitucional, que está debidamente fundamentada y que busca hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos”, sostuvo.
La exautoridad acusó a los demandados de vulnerar derechos colectivos, como la libre circulación, además de afectar el patrimonio y la economía del país. Según indicó, las medidas de presión fueron asumidas de manera unilateral, ilegal e inconstitucional.
Cabe recordar que la acción popular, amparada en los artículos 21 y 136 de la Constitución Política del Estado, busca proteger derechos e intereses colectivos y establece la intervención inmediata de las autoridades judiciales ante posibles vulneraciones.