2026-05-25

Posición

El senador Nilton Condori reaparece, se ofrece como “intermediario” en el conflicto social y advierte sobre los riesgos de abrogar la Ley 1341

El senador Nilton Condori aseguró que eliminar la ley que regula la dictación y vigencia de un estado de excepción no genera condiciones para el diálogo.

El senador suplente Nilton Condori reapareció en la Asamblea Legislativa y se ofreció como intermediario entre el Gobierno y los sectores movilizados, que mantienen sin abastecimiento de alimentos ni combustibles a las ciudades de La Paz y El Alto. Asimismo, advirtió que anular la Ley 1341, que regula el estado de excepción, no contribuye al diálogo y abre el riesgo de incurrir en un “genocidio y etnocidio”.

“Estoy acá en Bolivia, en la Asamblea Legislativa, junto a mi pueblo. Jamás voy a esconderme”, afirmó el legislador, quien no había aparecido públicamente desde hace más de una semana, coincidentemente con las versiones que circularon en redes sociales sobre una presunta orden de aprehensión en su contra, rumores que posteriormente fueron desmentidos por la Fiscalía General del Estado.

Condori es uno de los impulsores de la reducción de sueldos de los legisladores y formó parte del acuerdo que firmaron los campesinos “ponchos rojos” y la Central Obrera Boliviana (COB) para encaminar las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, las cuales ya cumplen cuatro semanas de un duro cerco a La Paz y El Alto.

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A diferencia de su anterior posición radical, ahora el legislador se mostró abierto a mediar entre el Órgano Ejecutivo y las bases movilizadas. “Si el Gobierno tiene voluntad, yo me ofrezco para ser un intermediario con el sector movilizado; pero si no hay voluntad, esto continúa”, aseguró, al reiterar que la anulación de la Ley 1341 no genera condiciones aptas para la negociación.

Recientemente, una sesión del Senado desarrollada en Sucre aprobó la abrogación de la Ley 1341, norma que regula la declaración y vigencia de un estado de excepción. La ley determina, por ejemplo, que la medida regirá por un máximo de 60 días, que debe ser avalada por el Legislativo, informada a diferentes instancias internacionales y que, bajo ninguna circunstancia, debe vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la vida.

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Tras la determinación del Senado, el proyecto pasó para su revisión a la Cámara de Diputados, que lo tratará este martes. “Espero que no cometan ese error, porque cuando hablamos de la abrogación de la Ley 1341, significa dar vía libre para cometer un genocidio y etnocidio contra ese pueblo humilde que está movilizado por sus reivindicaciones justas”, afirmó Condori, en alusión a que dejar sin efecto la norma eliminaría los candados legales vigentes.

En reiteradas oportunidades, el Gobierno ha asegurado que el estado de excepción será el último recurso que utilizará frente a las protestas sociales y el bloqueo de carreteras que castigan a La Paz y El Alto, urbes que continúan desabastecidas de alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales.

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