Críticas
"Fuera zurdos", activistas argentinos son increpados en su vuelo de retorno
“¡Este país quiere trabajar, no quiere bloquear!” y “¡Fuera zurdos!” fueron las frases con las que se increpó, en el avión que regresaba a su país, a la misión argentina de activistas de derechos humanos a la que se impidió el ingreso a La Paz para —según dijeron— monitorear los conflictos sociales.
Por su parte, la Cancillería de Argentina aseguró que la decisión tomada por la administración del presidente Rodrigo Paz se enmarca en las “facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”.
En el avión de regreso, varios pasajeros los increparon abiertamente por su presencia en suelo boliviano. “¡Este país quiere trabajar, no quiere bloquear!” y “¡Fuera zurdos!”, se escucha decir en un video que circula en redes sociales.
Ninguno de los activistas se animó a responder. En una carta que publicaron tras habérseles impedido el ingreso a La Paz, denunciaron —sin pruebas— que la “represión estatal y paraestatal que impulsa el Gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos”. Además, afirmaron que “se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y de pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; y actos de discriminación y racismo”.
La comisión, integrada por diputados y dirigentes sindicales de izquierda, intentó ingresar la mañana del lunes a La Paz, pero la Dirección General de Migración lo impidió porque sus miembros incumplieron los requisitos y por inconsistencias en sus declaraciones sobre el objetivo de su visita.
La administración argentina de Javier Milei no avaló la condición de activistas de derechos humanos de la delegación, a la que calificó como una autodenominada “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”, con el autodeclarado propósito de “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno justificó su decisión y aclaró que esta responde exclusivamente a criterios legales y administrativos, “sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados”.
Los activistas tenían la intención de monitorear las protestas y bloqueos que golpean desde hace 47 días a gran parte de Bolivia, dejando millonarios daños económicos y una latente crisis humanitaria por la imposibilidad del flujo normal de alimentos, combustible e insumos médicos.