Postura
Vocero sostiene que los bloqueos fueron un "golpe de Estado fallido" y afirma que se tiene identificados a los impulsores
Tras los 53 días de bloqueos, el vocero de Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que lo ocurrido durante esas jornadas fue un intento de “golpe de Estado fallido” contra el gobierno de Rodrigo Paz, porque los sectores sociales buscaban acortar el mandato y su pliego no obedecía a demandas sociales.
“Era un golpe de Estado que fue fallido, hoy en día lo podemos decir. El plan de los violentos era ponerlos como carne de cañón. Era una trampa para que mueran personas porque no valoran la vida”, sostuvo Gálvez, según un reporte de Red Uno.
Los bloqueos de carreteras iniciaron en mayo, tras un cabildo que llevó adelante el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en la ciudad de El Alto. En esa oportunidad, el sector determinó iniciar bloqueos escalonados en todo el país. A esa declaratoria se sumaron sectores como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del departamento de La Paz “Túpac Katari” y grupos afines a Evo Morales.
El principal pedido de la COB era un incremento salarial del 20%, pero los movilizados, conforme fue escalando el conflicto, se concentraron en una única demanda: la renuncia del presidente Paz. Este conflicto culminó con un acuerdo entre el Gobierno y la COB, además de la declaración del estado de excepción, que está vigente desde el pasado sábado.
Tras los conflictos, el Gobierno afirmó que quedaron identificados los grupos que buscaban continuar con los bloqueos en el país. Además, adelantó que existen investigaciones abiertas sobre los hechos violentos que se reportaron en algunos puntos de bloqueo.
“Después de separar a aquellos que estaban engañados en gran medida (…) finalmente ya estaba el terreno como para dictar el estado de excepción. Hay investigaciones en curso, hay identificaciones de actores, hay fotografías, hay videos, hay personas que tienen que rendirle cuenta a la justicia y al pueblo boliviano”, afirmó.
El vocero dijo que “todos los involucrados y todos los casos tienen que ser investigados” y que aquellos grupos que financiaron la medida de presión deberán responder en el ámbito político, penal y civil.
“La posición que tenemos de manera concreta es que tenemos que evaluar el daño, identificar a los responsables y esto no debe quedar en la impunidad”, manifestó Gálvez.