Corrupción
Exdirector de Fancesa denuncia que César Siles lo amenazó para impedir que participe en los procesos contra Soboce
El abogado penalista y exdirector de Fancesa, Cristian Pablo Mina, denunció que el entonces procurador general del Estado, César Siles, lo amenazó con iniciarle procesos judiciales y presentar una queja ante las copropietarias de la empresa para impedir que participara en los procesos judiciales por competencia desleal contra Soboce y en el arbitraje internacional por la nacionalización de acciones.
Mina afirmó que los hechos ocurrieron en enero de 2024, cuando Siles convocó a una reunión con representantes de las instituciones copropietarias de Fancesa. Según su relato, en ese encuentro manifestó que, por haber integrado el directorio de la empresa y conocer a profundidad ambos procesos, podía coadyuvar en la defensa de los intereses de la factoría.
"Él me señaló de forma clara, contundente y precisa: 'Usted no va a intervenir en este proceso judicial sobre competencia desleal, es competencia privativa de la Procuraduría General del Estado y no va a intervenir en los procesos de arbitraje que se están desarrollando'", relató a Radio Fides.
Siles fue designado como ministro de Justicia por el entonces presidente Luis Arce, sin embargo fue acusado por el Ministerio Público por el caso denominado consorcio, relacionado con el intento de destitución de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2025.
Además, figuran en la acusación los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el abogado de la persona que presentó la acción de cumplimiento, José Ramiro Uriarte Ortiz; el accionante, Óscar Antonio Amelunge; y el funcionario del juzgado de Coroico, Sergio Edwin Sarmiento Choque.
Mina mencionó que había conocido en primera instancia la sentencia del proceso judicial Fancesa - Soboce por el tema competencia desleal, en el cual se había determinado el pago de Bs 744 millones a Fancesa por parte de Soboce.
Asimismo, dijo que fue parte del proceso que ha sido declarado improcedente en Argentina, que fue iniciado por la nacionalización de las acciones, en favor de la Gobernación de Chuquisaca, antes de Soboce.
El abogado aseguró que respondió que no solo era director de Fancesa, sino también abogado de una de las copropietarias de la empresa. Sin embargo, sostuvo que Siles le advirtió que iniciaría acciones judiciales en su contra y presentaría una queja ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de las instituciones copropietarias.
Afirmó que, antes de presentar su renuncia al directorio, fue contactado por funcionarios que identificó como pertenecientes a la Procuraduría General del Estado, quienes le habrían advertido sobre la existencia de "factores externos" que influían en el caso, entre ellos un supuesto lobby impulsado por un expresidente del Gobierno español, cuyo nombre -según dijo- no le fue revelado en ese momento.
El exdirector de Fancesa sostuvo que posteriormente conoció información contenida en una investigación desarrollada en España, en la que, según su versión, aparecen elementos relacionados con el litigio entre Fancesa y Soboce y con el Grupo Corporativo Gloria. Señaló que esos antecedentes explican por qué decidió hacer pública la denuncia sobre las presuntas amenazas que, asegura, recibió cuando integraba el directorio de la empresa.
Dijo que como abogado tuvo conocimiento de la investigación en uno de los casos denominados Plus Ultra, que es una “megacausa” que se le ha abierto al expresidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz del secuestro de celulares y documentos de parte de su secretaria privada que permitieron identificar que había pagos en relación a un contrato simulado.
Esta empresa ha sido considerada por la Audiencia Nacional en España como una empresa ficticia y que en realidad lo que se estaba generando era un contacto directo con el Grupo Corporativo Gloria, que tenían causas pendientes en el proceso competencia desleal sin que estos hubiesen tenido sentencia ejecutoriada, sostuvo.
Este hecho fue consumado a partir de la firma del contrato de Rodríguez Zapatero con esta empresa ficticia, en el cual le ha denominado como asesoría estratégica y solamente señalaba que iba ser como mero del contrato asesoría estratégica, pero “influenciando a las altas autoridades del Gobierno nacional a efectos de que pueda darse una sentencia favorable a Gloria, que fue firmado en mayo de 2024”, afirmó.