Cámara Automotriz: los autos chutos son resultado de un cúmulo de delitos y la mayoría de ellos son pagos al narcotráfico

Para la Cámara Automotriz Boliviana, los “autos chutos” son vehículos que no tienen papeles y son el resultado de una serie de delitos, partiendo del lavado de dinero. La mayoría de ellos son pagos al tráfico de drogas y otros han causado el dolor ajeno, además de encontrarse al margen de toda la estructura legal vigente en el país, según su gerente general, Luis Encinas.

“¿Qué es un auto chuto? Un auto chuto no es solamente un vehículo que no tiene papeles. El auto chuto es el resultado de un cúmulo de delitos, partiendo de lavado de dinero, partiendo de tráfico de drogas. La mayoría de estos vehículos son pagos de tráfico de drogas”, afirmó.

Los que no son parte de estos delitos ya han causado dolor ajeno con los robos, sostuvo, a tiempo de advertir que, ante la sola posibilidad de una nacionalización de esos vehículos, automáticamente se incrementaron los robos y asesinatos en las fronteras y en los países cercanos, dijo a Economía y Empresa.

Encinas describió que las personas vinculadas a estos delitos son las que llevan dinero a Iquique, Chile, y, a través de la zona franca de Iquique, compran los vehículos que ingresan de contrabando al país.

Estos puntos de vista fueron realizados por el representante de esa institución ante la posibilidad de que el Gobierno nacional viabilice la nacionalización de miles de vehículos indocumentados.

“Esos autos chutos también son basura. En el extranjero, en Japón, son desechados y los traen aquí”. Explicó que Chile importa todo tipo de vehículos, aunque ahora tiene un poco de cuidado con la antigüedad de los vehículos, porque la zona franca de Iquique y Arica viven del comercio con Bolivia.

“De acuerdo a los reportes que se tiene de la zona franca de Iquique, (…) entran alrededor de 120.000 vehículos por año a través del Tarapacá y Parinacota, que son dos cantones en la frontera desértica entre Bolivia y Chile. Y es con dólares que se han comprado en el mercado ilegal”.

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Sin embargo, Bolivia no hace nada con la Unidad de Investigación Financiera, cuando las autoridades están llamadas a coordinar con la Unidad de Investigación Financiera de Chile para verificar la procedencia de ese dinero con el que se compran estos vehículos en la zona franca de Iquique, porque no existe un debido control.

En ese contexto, aseguró que “una nacionalización de autos chutos es simplemente un mensaje al delito organizado de que aquí en Bolivia se puede todo, y la puerta está abierta”.

Si bien el propósito es recaudatorio, al respecto cuestionó: si destinar ese dinero de la recaudación de este tipo de acciones justifica que se haga una obra buena, se reconstruyan carreteras o se refuerce la economía de Bolivia. ¿Justifica legalizar lo ilegal cuando la Constitución Política del Estado dispone que el contrabando es un delito?, manifestó.

Afirmó que, aparte del Gobierno, que se favorecerá con esta recaudación, los beneficiados serán los traficantes. “El negocio está bien, el mensaje está bien dado, que sigan traficando droga y pagando con autos a la mitad del valor del precio para la fácil liquidación. Sabemos el procedimiento y sabemos por dónde están entrando los vehículos chutos”, manifestó.

Encinas aclaró que, en los pasados 20 años de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), se creó toda la estructura legal que tiene la normativa. Asimismo, denunció que los exgobernantes se han encargado de elaborar normas imperfectas, de tal manera que permitan una doble interpretación.

“Y con esa doble interpretación se han habilitado otros grupos de importadores que son los importadores grises, que también hacen daño al Estado y nos perjudican a los importadores legales”, dijo.

Recordó que el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a través de una resolución, abrió las puertas a quienes antes importaban vehículos chutos para importar vehículos usados, pero sin la documentación requerida, en perjuicio del sector legal.

Con relación al parque automotor del país, señaló que este tiene 2,5 millones de vehículos, de los cuales 1,7 millones provocan el congestionamiento en las ciudades y el consumo de combustible. Ahora, “van a meter un millón de vehículos más a ese parque automotor”, advirtió.

Otro daño mencionado por Encinas es la devaluación de los vehículos adquiridos en el mercado legal, si el Gobierno opta por realizar esta nacionalización. Como ejemplo, mencionó que alguien que compró un auto legal a $us 20 mil “cuando metan los autos, su vehículo se va a devaluar, se va a desvalorizar por un 50%, en vez de 20 mil va a costar 10 mil”.

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Encinas manifestó que, si el Gobierno busca recaudar una cierta cantidad de dinero con esta medida, no lo va a lograr, debido a que en el pasado, cuando se decidió nacionalizar vehículos indocumentados, nunca se informó cuánto se logró recaudar y tampoco se conoció el destino de esos recursos.

Afirmó que muchos de los “chuteros” que nacionalizaron sus autos no pagaron, porque se hicieron dar plazo para cancelar; solo pagaron la primera cuota y después no pagaron nunca más.

Desde la Cámara Automotriz, Encinas sostuvo que lo primero que debería hacerse es cerrar la posibilidad de que sigan entrando autos chutos, después de este mensaje que se da. “Simplemente yo generaría una ley de homologación para los vehículos, yo generaría una relación internacional a través de Cancillería para Control”.

Precisó que, como gerente general de esa institución, fue invitado por el Fiscal General del Estado de Chile para abordar este tema; sin embargo, reveló que a las autoridades del vecino país simplemente les interesaba lo que le hacía daño a Chile.

Por ello, consideró que la Cancillería boliviana debería coordinar con las unidades de investigación financiera antes de elaborar esta ley de nacionalización de chutos.

También se refirió a los daños económicos provocados a la Cámara Automotriz, que aglutina a los importadores legalmente establecidos, quienes tienen contratos de representación de marca con las fábricas y que, en su mayoría, son grupos familiares.

“El daño que ha ocasionado, imagínese a nivel nacional, normalmente se han importado 60.000 vehículos en tiempos buenos. En la época de la pandemia ha habido un bajón y se han importado 35.000 vehículos”, informó.

“Ha sido duro. Pero después de la pandemia hemos tratado de recuperar, hemos entrado a 35.000, 40.000, 41.000. No hemos alcanzado a 50.000 vehículos”. El año pasado se han importado 21.000 vehículos y este año la perspectiva no es mayor.

Hasta el momento, se han importado alrededor de 12.000 o 12.500 vehículos en el primer semestre y la proyección para fin de año no supera los 22.000 vehículos. El daño no solo es para la Cámara Automotriz y sus afiliados, sino también para el mismo Estado, que percibirá menores recursos por la disminución de las recaudaciones, dijo.

Como Cámara, precisó que se aportó más de $us 500 millones por año en tributos de importación y un monto similar por impuestos de venta. “El daño es grande para el país, el daño es grande para la Cámara Automotor, que tiene aproximadamente 80.000 fuentes de trabajo que está multiplicada por 8 para las fuentes de trabajo indirectas”, sostuvo.