Posición
En medio de presiones, Gobierno descarta abrogar el decreto del diésel y plantea ampliar el estado de excepción
A pesar de la resistencia y de un bloqueo de caminos contra el decreto que sube a Bs 18 el litro de diésel, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz descartó este miércoles su abrogación o anulación y planteó, por el contrario, la necesidad de ampliar el estado de excepción en caso de continuar la intención de desestabilizar la democracia.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fijó la posición del Gobierno en un día en que comenzó un bloqueo de caminos que interrumpe el tráfico entre los departamentos de Santa Cruz y Beni, en rechazo al Decreto 5676, que eleva el precio del diésel para los grandes consumidores de combustible, entre ellos los sectores productivos.
“El que se haya tomado esta decisión (de quitar la subvención sectorial al diésel) es duro; es complejo, pero es esto o continuamos financiando a estas mafias que estaban lucrando con el contrabando. El otro elemento que es importante resaltar es que hay todavía, en algunos ámbitos, una fase reglamentaria del decreto”, afirmó.
No solo los medianos y pequeños productores agropecuarios exigen la anulación del decreto —al que consideran discriminatorio—, sino también los grandes agroindustriales, quienes se reunirán por convocatoria de la privada Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para definir acciones de protesta.
Una comisión negociadora del Gobierno y un contingente militar y policial fueron enviados hasta el punto de bloqueo en la vía Santa Cruz-Beni, instalado la madrugada de este miércoles en medio del estado de excepción. El Gobierno logró suspender una medida similar que debía comenzar el martes en Yapacaní, con el compromiso de responder en 48 horas al pedido de anulación del decreto.
En medio de este escenario de conflictividad, el ministro Aramayo consideró que el estado de excepción debiera ampliarse.
“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento, y si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y del respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse, porque quiere decir que hay grupos que continúan en la intención de desestabilizar la democracia”, afirmó.
El 20 de junio fue aprobado el Decreto 5636, que dispuso el estado de excepción y terminó por sofocar el duro bloqueo de 53 días que exigía la dimisión del presidente Paz. La medida tiene una vigencia de 90 días, que fenece en los primeros días de la segunda quincena de septiembre, a no ser que sea extendida por decisión del Legislativo.
El parágrafo II del artículo 10 de la Ley de Regulación de Estados de Excepción establece que, “de forma excepcional, se podrá ampliar dicho plazo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por votación de la mayoría absoluta de sus miembros presentes”.
“El estado de excepción ha sido humanitario para garantizar el abastecimiento de combustibles y de alimentos, y porque además ha quedado en evidencia que estamos en una situación de terrorismo político, de narcoterrorismo contra el Estado. Y naturalmente, si esta amenaza continúa, tiene que ampliarse el estado de excepción. No podemos permitir que se interrumpan las garantías democráticas”, insistió Aramayo.