Posición
Crece la presión en contra del decreto 5676 del diésel: la CAO, alcaldías y la COB se unen al rechazo
La presión para abrogar o anular el decreto 5676 —que sube el precio a Bs 18— crece y acorrala al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. La poderosa agroindustria cruceña se unió y exigió, en un congreso, la anulación de la norma y la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para asumir una posición regional y definir medidas de presión.
La presencia y las explicaciones del ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, el cruceño Óscar Mario Justiniano, no disuadieron a los agroindustriales y productores que rechazan el decreto, el cual eleva el precio del diésel únicamente para los grandes consumidores de combustibles, entre ellos los productores, cooperativistas y empresas de aseo.
Mientras tanto, persiste el bloqueo de los productores en el puente San Pablo, en la provincia Marbán, que une los departamentos de Santa Cruz y Beni, pese a las gestiones y a la presencia de militares y policías. Hubo un breve cuarto intermedio para permitir el paso de los motorizados y luego se retomó la extrema medida de presión.
Desde el Gobierno se descartó derogar el decreto, puesto en vigencia el 17 de agosto en medio de una crónica escasez de diésel atribuida al contrabando, ya que su precio es inferior al de los países vecinos debido a la subvención. El precio fue liberado y, si bien se fijó provisionalmente en Bs 18 el litro, irá variando en función de la cotización internacional del petróleo.
Según la norma, los afectados son aquellos usuarios que consumen de 120 a 5.000 litros mensuales, de 5.000 a 19.999 litros mensuales y de 20.000 litros o más al mes, lo que incluye a sectores como la agroindustria, la minería y las grandes empresas. Están exentos el transporte público y otros sectores específicos, que seguirán comprando a Bs 9,80.
En las alcaldías también hay molestia porque este precio las afectará en la medida en que usan maquinaria pesada, y los servicios de aseo urbano contratados tienen sus tarifas indexadas a los precios de los carburantes. Ante esta situación, el Gobierno aprobó un decreto que autoriza la modificación de contratos de aseo urbano y permite hacer ajustes en temas de carburantes.
Esta preocupación y el rechazo al decreto 5676 fueron puestos en conocimiento por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) en la reunión de este jueves con el presidente Paz. Por el momento, la posición de la actual administración es hacer ajustes al decreto, sin necesidad de derogarlo.
El reaparecido dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, también salió a oponerse a la medida en una conferencia, rodeado de otros dirigentes y después de haber mantenido un bajo perfil tras suscribir un acuerdo con el Gobierno el 18 de junio, el cual contribuyó a conjurar el bloqueo de 53 días.
"Estamos sufriendo eso en las alcaldías, en las obras, en el sector productivo del país, en el sector minero asalariado", advirtió, y añadió: "Lastimosamente este decreto ha elevado el costo de operación".
Este escenario de descontento se da en medio de un estado de excepción que prohíbe el bloqueo de caminos y dispone el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la libre transitabilidad. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, planteó ampliar su vigencia, que vence en los primeros días de la segunda quincena de septiembre.