Investigación
“El robo más grande de la historia”: en el seno de YPFB se armó una estructura de enriquecimiento con desvío de combustibles
“Ha sido el robo más grande de la historia de Bolivia”. Así resumió el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, el negocio millonario organizado en el mismo seno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no se hubiese descubierto si no se hubiera dado la crisis de escasez de combustibles, principalmente de diésel.
“Los bolivianos no nos dábamos cuenta, y el combustible salía, salía, salía porque era tan barato que salía a otros países” a través de toda una estructura armada durante años para desviar los combustibles subvencionados al contrabando y, en el último tiempo, para direccionarlos a ciertos sectores por la alta demanda interna ante la escasez.
La estatal YPFB, al igual que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fue intervenida por un grupo de ministros y se tomó el control de la cadena logística de importación, almacenaje, despacho y distribución de carburantes, lo que permitió detectar una serie de irregularidades que develaron la articulación de toda una estructura que operaba para lucrar.
Entre las irregularidades descubiertas están la facturación anticipada de millones de litros de combustible sin que hayan llegado al territorio nacional; la prioridad discrecional para ciertos compradores sin parámetros de asignación; las modificaciones posteriores en las tablas de control, y la presencia de usuarios externos en el sistema de asignación de despachos.
Como parte de este entramado, no existía un sistema de alerta. “Se han identificado desfases entre volúmenes programados, despachados y facturados, y lo que es más grave, se efectuaban estas modificaciones de forma posterior; esto con la finalidad de favorecer a contrabandistas y desviar el combustible”, reveló, por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, en una conferencia de prensa conjunta en Santa Cruz.
"Ha sido lo peor"
Zamora aseguró que este entramado de corrupción es consecuencia de la subvención a los hidrocarburos que se arrastra desde hace más de 20 años y que pasó desapercibida hasta que se buscaron explicaciones a la persistente escasez de carburantes de los últimos meses, pese a despachos que supuestamente debían atender más del 100% de la demanda diaria.
“Lo que tiene que saber el pueblo boliviano es que la subvención ha sido lo peor que nos han hecho a los bolivianos porque nos han hecho vivir una irrealidad. Y ahora que entramos a la realidad, obviamente perjudica a todos, a los transportistas, a los productores, a los ciudadanos. Entonces ya vamos a ver qué medidas se toman”, afirmó el ministro.
La intervención a YPFB y a la ANH terminará con procesos penales para los responsables de las irregularidades detectadas. Además, con apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), se identificará a quienes están detrás de los códigos de acceso al sistema de nominación de carburantes.
Solo en la ANH se detectaron nueve vulnerabilidades en el sistema informático que permitieron el desvío de 22 millones de litros de combustible en un mes.
La administración de Rodrigo Paz camina hacia la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, como se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En enero se eliminó la subvención y se anunció un ajuste al alza en julio, pero el bloqueo de 53 días derivó en el congelamiento de precios hasta enero.
“Se ha identificado a usuarios, a operadores, a funcionarios, a despachantes, y contra ellos se están generando acciones directas, procesos penales. Sin embargo, no nos vamos a quedar en el nivel operativo”, anunció el ministro, quien reveló que en pasadas gestiones YPFB gastó Bs 470 millones en un “búnker digital”.