Acuerdo con el FMI compromete la eliminación del subsidio a los hidrocarburos y una fuerte reducción del gasto

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron la eliminación de la subvención a los hidrocarburos en 2027 y encaminar un programa social para mitigar el impacto en los sectores sociales vulnerables, reducir el gasto del Estado en un 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años y bajar gradualmente la inflación.

El anexo del acuerdo con el organismo internacional, generalmente restringido, fue publicado por el periódico tarijeño El País en su versión digital. El 29 de julio se conoció el documento acordado a nivel del personal técnico con el organismo internacional por 1.900 millones de dólares, que contempla compromisos de reformas económicas a cambio del financiamiento.

En el punto 13 del anexo se establece: “Nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social. Por tanto, el presupuesto de 2027 no incluirá disposiciones tendentes a la concesión de subvenciones a los combustibles —ni del Tesoro ni de empresas estatales— y los precios nacionales del combustible alcanzarán el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027 (DS 5652)”.

La subvención a los hidrocarburos se mantendrá hasta diciembre de 2026. En enero se eliminó el subsidio y se fijó un precio que debía ser actualizado en julio, en función de la cotización internacional del crudo; sin embargo, el bloqueo de 53 días obligó al Gobierno a congelar el precio hasta diciembre ante la compleja situación económica.

Ya avanza la liberación del precio

Sin embargo, ya avanza la liberación del precio: se liberó el del diésel para los grandes consumidores y se dispuso que las refinerías de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importen crudo y comercialicen los derivados que procesen, entre ellos gasolina y diésel, a precio internacional de mercado.

El empresario y político Samuel Doria Medina consideró que se debe “complementar con compensaciones sociales por la liberación completa de los precios y las exportaciones, y por el retiro de las subvenciones el próximo año. Sin respaldar a los más pobres para pasar el mal rato, el ajuste no será exitoso”.

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También se acordó trabajar en la reducción de otras subvenciones: “Existe margen para enfocar mejor otras subvenciones directas e indirectas (especialmente en energía), que se abordarán más adelante en el programa, junto con mejoras en la red de protección social”.

El Gobierno de Paz se comprometió a una consolidación fiscal equivalente a aproximadamente un 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, con el ajuste concentrado especialmente en los primeros años. El objetivo es eliminar el déficit primario al finalizar el programa y reducir el déficit global hasta el 3,5% del PIB en 2029.

Como ya ocurrió, se abandonó el tipo de cambio fijo y se estableció una nueva política cambiaria determinada por el mercado, mientras que, en el marco de la asistencia social, el “compromiso se sustentará en un gasto mínimo”, aunque en los primeros años se “prevé aumentar los recursos presupuestarios asignados al gasto social y emprender una reforma integral del sistema de protección social”.

También se avanzará en disminuir la informalidad mediante una estrategia de reformas que apoyará la creación de empleos formales mediante reformas tributarias y de la seguridad social para reducir los costos laborales, al tiempo que se fortalece la relación entre las cotizaciones y las prestaciones.

Además, se eliminarán los controles de precios y las restricciones a las exportaciones; se revisará el marco jurídico para los sectores de hidrocarburos y minería; y se focalizará la inversión pública bajo el principio de costo-beneficio, con énfasis en su impacto potencial sobre el crecimiento y los resultados sociales.

Sobre las empresas públicas, se avanzará en su reestructuración para asegurar que funcionen de manera sólida y transparente a nivel financiero, optimizando la eficiencia operativa, mejorando la gestión de las inversiones y adecuando las normas de contabilidad y gobernanza a las mejores prácticas internacionales.

El acuerdo se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde debe ser aprobado para entrar en plena vigencia. Una vez aprobado, el directorio del FMI dará viabilidad al documento de crédito y a los compromisos de reforma económica.