Austeridad ¿Para quienes?
Don Paulino, un comerciante en Potosí, cerró su negocio hace algunas semanas. La inestabilidad en el precio del dólar y el impacto del fin de la subvención al diésel alteraron tanto sus costos que no le quedó otra opción. Doña Silvia, otra gremial, anda preocupada porque las ventas ya no cubren el costo diario debido a la constante subida de precios. Así, muchos bolivianos y bolivianas estamos sobreviviendo a esta crisis ante la falta de medidas de amortiguación. Mientras el ciudadano común absorbe el impacto directo, el gobierno justifica la asfixia bajo la narrativa de una supuesta "eficiencia estatal" y una "austeridad" que ya se cobró la eliminación de los ministerios de Culturas y de Planificación del Desarrollo.
En este sentido, ante tales determinaciones, la pregunta es inevitable: ¿Quién paga realmente el costo de la crisis? La gente de a pie como don Paulino y doña Silvia, quienes tienen familias que mantener y trabajan entre 10 y 12 horas diarias (o incluso más), son quienes sienten más el golpe, otra vez. Levantar una subvención puede ser una necesidad fiscal, pero pretender que el ajuste empiece y termine siempre quebrando los bolsillos de quienes trabajan cada día, mientras arriba los palcos del poder siguen intactos, es una profunda desconexión ética. Ante esta realidad, resulta inevitable cuestionar las brechas salariales que el propio Estado boliviano fomenta. Un ciudadano promedio gana un salario mínimo, y los comerciantes, dependiendo el rubro y su capital, pueden obtener un poco más, mientras otros ambulantes ganan quizás menos. Por el contrario, un parlamentario titular percibe hoy alrededor de Bs 23.000 mensuales y su suplente Bs 8.000, montos a los que se suman asesores, técnicos, viáticos y pasajes. Mientras tanto, el salario mínimo nacional se sitúa en Bs 3.300. ¿Cómo puede hablarse de austeridad cuando un legislador gana más de siete salarios mínimos? ¿Por qué un suplente recibe más de dos sueldos mínimos?
Esta disparidad salarial se vuelve todavía más explícita cuando se contrasta la realidad del empleo informal en Bolivia con los privilegios de la cúpula política, llevándonos de nuevo a la misma interrogante: ¿Quién paga la crisis? Por supuesto que la clase política no lo hace, ni la siente. Mientras el aparato oficial asfixia a la clase trabajadora a nombre del ahorro, en el corazón del poder político se siguen blindando las planillas de consultores externos sin fiscalización, gastos de representación injustificados y lujos burocráticos que operan bajo un manto de total hermetismo.
El Decreto Supremo 5628, presentado por Paz como un símbolo de austeridad, no redujo formalmente las remuneraciones del gabinete, sino que estableció un aporte voluntario del 50% destinado a programas de salud. El problema de las donaciones voluntarias es que funcionan como gestos mediáticos o simplemente quedan en lo discursivo, pero jamás transforman la estructura salarial del Estado.
Si la austeridad fuese una convicción institucional genuina, no dependería de la voluntad de quienes gobiernan. Es urgente trabajar en una reestructuración estatal que apueste a la institucionalidad. Podría empezarse con una reducción formal y permanente de los ingresos de la cúpula ejecutiva y legislativa, acompañada de un recorte en las dietas de diputados y senadores. Una medida proactiva sería nivelar el salario de los parlamentarios titulares al de un asesor de gestión legislativa (Bs 7.131) y remunerar a los suplentes únicamente cuando sustituyan de forma efectiva al titular. Los diputados trabajan con asesores y técnicos, lo cual nos hace preguntarnos de manera legítima: ¿qué más hacen aparte de firmar y levantar las manos en las sesiones? ¿O es que su labor se reduce a salir en los medios con ataques a sus oponentes?
Quienes administran un país donde millones de personas sobreviven con ingresos mínimos deberían legislar más cerca de esa realidad. Mientras la eficiencia legislativa se diluye en homenajes camarales, ferias locales y disputas partidarias, los problemas estructurales del país empeoran: la escasez ahoga la economía, los precios suben y la minería ilegal carcome nuestras áreas protegidas.
Una factible reestructuración estatal debe revisar cuánto gastamos en los administradores del poder. La desigualdad no se combate con aportes ocasionales, sino modificando las reglas de juego. Si se predica austeridad, se debe empezar por recortar los palcos de quienes ejercen el poder a medias, forzándolos a bajar y vivir la realidad del boliviano promedio.
La administración pública debe ser eficiente, efectiva y transparente. Actualmente el Estado es un aparato clientelar que mal funciona respecto a las demandas que tenemos la ciudadanía.
* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.