La CIDH cuestiona la injerencia política en el Órgano Judicial

Visión 360 / La Paz

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, revela que, pese a los avances, con la implementación de leyes para fortalecer la “institucionalidad”, existen elementos que hacen ver la falta de independencia entre poderes del Estado, pero en especial la injerencia política en el Órgano Judicial.

El texto de dicho informe señala que entre los desafíos que impiden el cumplimiento de la democracia participativa, representativa y comunitaria, se tiene que “las denuncias de injerencia entre los distintos órganos estatales son constantes; las consecuencias del debilitamiento institucional del órgano electoral tras la crisis sociopolitica de 2019 (por la denuncias del fraude electoral y la renuncia de Evo Morales a la presidencia); la réplica de patrones de polarización por personas con liderazgo político; así como la persistencia de desafíos para la plena participación de grupos históricamente excluidos, representan una amenaza al funcionamiento del sistema democrático”, señala el punto 246 del documento.

El informe fue elaborado por delegados de la Comisión IDH que realizaron una visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023.

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Sin embargo, el informe hace énfasis en la crisis del sistema judicial. En el punto 249, el documento también menciona que “a pesar del reconocimiento normativo la separación y equilibrio entre los distintos órganos del Estado, el Estado enfrenta un proceso de debilidad institucional con especial afectación al poder judicial a causa de la histórica denuncia de su instrumentalización por razones políticas, independientemente del gobierno de turno”.

La delegación de la Comisión IDH verificó que “existe una percepción muy fuerte de que los órganos Ejecutivo y Legislativo no respetan la independencia judicial; al recibirse denuncias sobre la continuidad de la injerencia desde las más altas autoridades del Estado, mediante declaraciones públicas, manifestando oposición directa a ciertas decisiones judiciales, o posicionándose sobre casos pendientes de decisión, particularmente los de mayor sensibilidad para la opinión pública”, cita el texto.

El documento de seis capítulos termina con varias conclusiones y 32 recomendaciones al Estado Boliviano. En uno de sus puntos, los especialistas dedicaron un bloque de ocho parágrafos para tratar las falencias detectadas en el trabajo del Órgano Judicial.

“Desarrollar e implementar una política pública nacional sobre el manejo del conflicto por parte de agentes públicos y fuerzas de seguridad, que incluya la capacitación en el uso de la fuerza; la prohibición de las detenciones ilegales, arbitrarias o masivas; diálogo, negociación y solución pacífica de conflictos en manifestaciones; y construcción de planes para responder a posibles disturbios con un riesgo mínimo para la vida y seguridad de todas las personas involucradas”, señala la recomendación 29.