Impugnaciones: desde falta de ética hasta prevaricato

Desde la falta de ética hasta prevaricato son las razones por las que algunos de los candidatos a altos cargos judiciales fueron denunciados a lo largo de su carrera o impugnados en la fase de preselección de candidatos y candidatas a las elecciones judiciales 2024. Pese a tener hasta 13 observaciones, muchos pasaron a la fase de revisión de méritos.

Visión 360 hizo una revisión de datos de los 405 postulantes y detectó diez casos entre procesados y denunciados, nueve por prevaricato y uno por falta de ética.  Por ejemplo, Hugo Iquise, Roberto Parada, Luis Tapia y Juan Carlos Candia, entre otros, fueron denunciados e incluso procesados por prevaricato, lo que dio lugar a observaciones en su contra; mientras que Patricia Castillo fue impugnada por falta de ética.

Al término del plazo de las impugnaciones, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural recibieron en total 526 impugnaciones de y en contra de los postulantes. Para el Consejo de la Magistratura se presentaron 160; para el Tribunal Agroambiental, 71; para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 136; y para el Tribunal Supremo de Justicia, 159.

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Existen otros casos como el de Carlos Borda, quien fue observado por mal desempeño de funciones en el Serecí; Mario Laura tiene 26 denuncias, incluida una por agresión sexual. Lilian Moreno fue acusada por favorecer a la exalcaldesa Angélica Sosa, mientras que Alberto Ruiz fue retirado por bajo desempeño en sus funciones.

José Terrazas fue presidente del Consejo de Administración de Cotel y fue suspendido por usurpación de funciones, Favio Chacolla fue impugnado por extorsión y mala conducta. Tyrone Cuéllar fue denunciado por el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos porque, presuntamente, para postularse a las elecciones judiciales presentó documentación falsa para indicar que es dirigente indígena.

Que los postulantes tengan este tipo de denuncias, para el analista Ludwing Valverde, daña la credibilidad del proceso de preselección.“De antemano es un contundente rechazo, porque daña la credibilidad del ya cuestionado proceso que experimentamos en el país”, manifestó en contacto con Visión 360.

Agregó que en caso de que estos profesionales tengan la oportunidad de llegar hasta el final del proceso, recibirán un rechazo contundente. Dijo que esto podría expresarse en una ausencia marcada en las urnas o en una movilización social crítica en el corto plazo.

“Debe generarse un mecanismo muy puntilloso de fiscalización, caso contrario se va a dañar todo el proceso y se pierde en legitimidad y legalidad institucional”, insistió Valverde.

Dijo que la gente espera que los asambleístas responsables de la preselección de candidatos informen con detalle y transparencia sobre estos hechos; es decir, las observaciones, para precautelar la institucionalidad democrática en el país.

Mónica Bayá, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia, dijo que la ley establece requisitos que deben cumplir los postulantes para participar en el proceso de preselección. Aclaró que no se los puede inhabilitar por otras razones no contempladas en la norma.

Por ejemplo, dijo, hay magistrados que no fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura, pero sí tienen otro tipo de observaciones. Como estas no se consideran entre los requisitos, no pueden ser inhabilitados; si se lo haría se incurriría en discrecionalidad.

“Hacia futuro debe perfeccionarse la norma, porque no se puede pedir a las comisiones que apliquen otros criterios”, manifestó Bayá.

Recordó que las impugnaciones fueron leídas en las comisiones y se conoció sus argumentos. Gran parte no estaban basadas en el cumplimiento de requisitos, más allá de que podrían llevar a cuestionar la idoneidad como base ética.

En criterio de Bayá, las observaciones que pesan sobre los candidatos no afectan la labor de preselección, porque las comisiones cumplen con la formalidad de la norma. Consideró que las fuerzas políticas tienen un rol muy importante en el momento de seleccionar a quienes llegarán a ser votados por la población. Dijo que la ciudadanía  también tiene la responsabilidad de informarse para dar su voto.