Asamblea rechaza admisión de amparos y anuncia que reanudará la preselección de las Judiciales

Los secretarios técnicos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, analizaron los fundamentos de cinco amparos constitucionales presentados contra el proceso de preselección de postulantes a magistrados, y rechazaron que jueces de La Paz y Santa Cruz hayan admitido esas demandas, basados en “criterios subjetivos”. En esa línea, anunciaron que la toma de exámenes a los postulantes se reanudará en las siguientes horas.

“Luego de una valoración técnico jurídica en materia constitucional de parte de los técnicos de ambas comisiones, a través de los secretarios técnicos que hoy nos acompañan, hemos coincidido en rechazar (y afirmar que) los amparos constitucionales no son el recurso idóneo para interponer y suspender un proceso judicial, la valoración de los jueces constitucionales tanto en Santa Cruz como en La Paz, son contradictorias”, señaló el director jurídico del Legislativo, Israel Quino.

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El funcionario anunció que, si bien los presidentes de ambas comisiones se presentarán a las audiencias convocadas para el lunes y martes, en las siguientes horas, ambas autoridades darán conferencias de prensa para anunciar que se reanuda el proceso de preselección, con la toma de exámenes orales a los 404 postulantes que siguen habilitados.

“Es una clara muestra de que los operadores de justicia desconocen el procedimiento constitucional y tienen valoraciones subjetivas, al momento de admitir este tipo de acciones constitucionales”, refirió Quino.

Puso como ejemplo que una jueza del municipio de Achocalla, en el departamento de La Paz, admitió uno de los amparos, sin tener competencia en esa rama especializada.

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La postura de la Asamblea señala que, si los postulantes consideran que se vulneraron sus derechos, por una determinación emitida por este poder del Estado, lo que corresponde es presentar un “recurso constitucional contra resoluciones del Órgano Legislativo”, manifestó el jurista.

Precisó que el uso de ese recurso está explicado en el Código Procesal Constitucional, en los artículos 139 y 140, que se activa cuando se presumen la vulneración de un derecho, a partir de cualquier acto administrativo o de hecho por el Legislativo.

“Los amparos constitucionales no pueden paralizar un proceso de preselección a título de la interpretación subjetiva y contradictoria de los mismos jueces constitucionales. Exhortamos a no continuar alimentando el estado inconstitucional de derecho en el que nos encontramos”, reiteró Quino.

Por otro lado, señaló que la intención de demorar el proceso de preselección también se evidencia con las fechas en las que se deben tratar los casos en los juzgados constitucionales. “Observen la dinámica del señalamiento de audiencias, para el día lunes que se convoca en Santa Cruz, para el martes para La Paz y seguramente va a tenernos durante la semana para demorar y defenestrar este proceso electoral”, concluyó.