martes 24 de febrero de 2026

Ciber patrullaje

Informes policiales recomendaron dos veces procesar a los alcaldes de La Paz y Achocalla por la mazamorra en Bajo Llojeta

El primer reporte fue entregado dos días después del deslave, pero fue rechazado por la Fiscalía, el segundo se entregó dos días después, pero tampoco fue admitido.
Los alcaldes de La Paz, Iván Arias (izq) y Luis Condori, en conferencia de prensa, dos días después de la mazamorra que afectó a Bajo Llojeta. Foto: APG
Los alcaldes de La Paz, Iván Arias (izq) y Luis Condori, en conferencia de prensa, dos días después de la mazamorra que afectó a Bajo Llojeta. Foto: APG
martes 03 de diciembre de 2024

Solo unas horas después de que una lluvia la precipitación de una mazamorra de más de 50.000 toneladas hacia la zona Bajo Llojeta, el 23 de noviembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició un ciber patrullaje y entregó dos informes, en los que recomendó iniciar procesos por peligro de estrago contra los alcaldes de La Paz y Achocalla, Iván Arias y Manuel Condori, como posibles responsables del hecho.

Lo que llamó la atención a las autoridades policiales es que la Fiscalía rechazó los dos informes e inició otro en los que ambos burgomaestres solo figuraban como testigos. “Hay protección para el alcalde Arias y la Policía está molestando”, afirmó a Visión 360 una fuente del Ministerio Público.

El documento no figura en el archivo del caso, pero sí en la Fuerza Anticrimen, y en él también se recomienda iniciar el proceso contra el dueño del área donde se generó el movimiento ilegal de tierra, en el Cementerio Los Andes.

“Con el fin de determinar las causas exactas del deslizamiento de tierra y establecer las responsabilidades penales correspondientes, se sugiere la apertura de una investigación de oficio, por el delito de estrago, (…) contra los señores Iván Arias, alcalde de La Paz; Luis Enrique Gonzalo Iturralde, dueño de la Inmobiliaria Kantuatani y Manuel Lucio Condori Quispe, alcalde del municipio de Achocalla, que por jurisdicción del hecho sea investigado en la zona Sur”, señala en su segundo informe la Felcc.

El documento lleva la firma del capitán Erick Avendaño, oficial de inteligencia de la Felcc de la zona Sur. El informe revela que las autoridades se ven involucradas por sus propias declaraciones, las de funcionarios técnicos y de las víctimas.

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De acuerdo a la fuente reservada, entre los indicios recogidos durante el ciber patrullaje, figuran los informes que Arias y Condori dieron horas después del hecho. Tanto ellos como los técnicos detallaron que el movimiento ilegal de las 50.000 toneladas de tierra que se deslizaron, correspondía al terraceo de un cerro, en los predios del Cementerio Los Andes, y que esas operaciones se realizaron durante varias semanas y meses.

Al igual que los vecinos, los funcionarios admitieron que conocieron dichos movimientos, que realizaron reuniones, pero se concluyó que ambos alcaldes no asumieron acciones legales para prevenir e impedir estas operaciones, que luego generaron una mazamorra que afectó a 40 viviendas y provocaron la muerte de una niña.

En una de las notas de prensa recogidas por la Felcc, también se tomó en cuenta que la Inmobiliaria Kantutani reconoció que sus operaciones afectaron el embovedado del río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 kilómetros del Cementerio Los Andes. Arias reveló que en 2022 ya se había generado un deslizamiento de tierras.

Asimismo, los vecinos denunciaron que se habían hecho las denuncias correspondientes a ambos municipios, tomando en cuenta que los permisos de construcción de viviendas y la autorización para los movimientos de tierra, fueron expedidos por ambas alcaldías, pese a que tanto la zona Bajo Llojeta y el cementerio están en la jurisdicción del municipio paceño.

Ampliación del proceso

Los informes fueron emitidos antes del 25 de noviembre. La Fiscalía de La Paz citó a Condori y Arias como testigos. Ambos declararon el 28 y quedaron en libertad, luego de asegurar que no autorizaron estos movimientos de tierra.

Sin embargo, anoche, el caso dio un giro y se reportó la aprehensión del alcalde de Achocalla, contra quien se amplió la investigación, por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves. Para hoy, también está previsto que Arias se presente a declarar en calidad de sindicado.

Recordemos que el empresario Iturralde se encuentra con medidas sustitutivas en Perú, luego de ser detenido en Chile. Aún se tiene pendiente el proceso para su repatriación.

No obstante, los dos alcaldes, de forma separada, apuntaron a la Inmobiliaria Kantutani, que administra el Cementerio Los Andes, como la responsable de la mazamorra por el movimiento que hizo sin contar con autorización.