Economistas advierten que modelo económico del MAS está en crisis y alertan de 10 riesgos del PGE 2025

El Colegio de Economistas de Santa Cruz advierte que el modelo impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) enfrenta una crisis profunda y alerta de, al menos, 10 riesgos que trae la ley y la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

El presupuesto presentado por el Ministerio de Economía fue aprobado por fuerza de ley y sin la aprobación de la Asamblea Legislativa y contempla como variables macroeconómicas una tasa de crecimiento de 3,51%, una tasa de inflación de 7,5%, un déficit fiscal de -9,2% y un tipo de cambio fijo con una banda de (+) y (-) 10.

El presupuesto total agregado alcanza 369.341 millones de bolivianos, mientras que el presupuesto consolidado suma 296.566 millones, es decir, se incrementan del 8,5% y 11,7%, respectivamente, en comparación con el PGE 2024.

Para el Colegio de Economistas de Santa Cruz, el modelo económico productivo comunitario enfrenta una crisis profunda, y el PGE 2025 exacerba sus debilidades. “Urgen ajustes significativos para garantizar sostenibilidad, estabilidad macroeconómica y protección del poder adquisitivo de los bolivianos. Instamos al Gobierno a actuar con responsabilidad fiscal y transparencia para enfrentar los desafíos del presente”, subrayó.

Las observaciones

1.- Mayor gasto corriente presupuestado.

El presupuesto consolidado es de 296.566 millones de bolivianos, y se incrementa en un 11,7% con respecto a 2024, siendo más de la mitad es decir 174.235 millones de bolivianos destinado a “Gastos Corrientes” (58,8%) de los cuales, el 17,5% se destina al gasto en sueldos y salarios y beneficios sociales; mientras que el 24,6%, se destinan a la compra de bienes y servicios; y sólo un porcentaje menor a “Gastos de Capital” (17,2%).

2.- Menor inversión pública

El presupuesto de inversión pública programada en el PGE 2025, alcanza a 31.513 millones de bolivianos o su equivalente en dólares de 4.024 millones de dólares.

El monto presupuestado es menor a la de la gestión anterior, considerando que la inversión genera efectos multiplicadores en el empleo y el movimiento económico esta reducción no favorece al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

3.- Fuentes de financiamiento interno y externo

En lo que respecta a la composición de los ingresos corrientes del PGE, los principales están relacionados a ingresos de operación (22,9%) e ingresos tributarios (22,6%), mientras que los ingresos de capital son muy reducidos alcanzando apenas 0,2% del total de los ingresos nacionales.

Las fuentes financieras representan el 40,7%, que está compuesto por dos partidas: financiamiento externo y otras fuentes internas.

“Lo que llama fuertemente la atención es la disminución en la participación del financiamiento externo (-17,8%), y una variación positiva significativa de otras fuentes internas (28,1%), dando a entender que el Gobierno seguirá recurriendo sea al Banco Central de Bolivia (BCB) o a la Gestora Pública como fuente alternativa al financiamiento externo, asimismo incrementan la presión tributaria a los contribuyentes lo que podría generar un mayor riesgo y presión inflacionaria”, advierte el Colegio de Economistas de Santa Cruz.

4.- Garantía de las Reservas en Oro y cambios en la Ley 1670

Para el Colegio de Economistas de Santa Cruz es “extremedamente preocupante” que se dé como garantía las reservas en oro, con el fin de obtener liquidez, préstamos u otro tipo de financiamiento.

A esto se suma, la intención de hacer cambios normativos en la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia y otras normativas vigentes del sistema de pensiones y financiero. 

5.- Confiscación y decomiso (disposición adicional séptima)

El Colegio manifiesta su preocupación por la disposición adicional séptima del PGE 2025, que faculta al Estado a realizar controles, fiscalizaciones, confiscaciones o decomisos de alimentos.

Se pide aclarar el alcance de esta disposición y que se garantice que no afectará negativamente a la producción y al sector agropecuario.

“Con el fin de salvaguardar la seguridad alimentaria, se percibe un Gobierno a un estilo “Policiaco”, que con medidas extremas generan una mayor incertidumbre e inseguridad jurídica a los productores. Por tanto, se debe retomar el diálogo sano y propositivo con el sector privado y los sectores afectados. Ya existen normativas vigentes que actualmente combaten el agio y/o especulación, por lo tanto, no es correcto ejercer presión con norma jurídicas que se duplican, puntualiza.

6.- Crédito concesional extraordinario

El documento señala que preocupa que se apruebe el uso de recursos financieros concesionales a través del BCB para deuda a corto plazo. Esto devela lo maltrechas que están las finanzas públicas dado que son recursos financieros destinados a pagos del 2024 con una Ley que recién entra en vigencia el año 2025. Económica y financieramente es inconcebible la falta de institucionalidad e independencia del ente emisor como el manejo que se tiene de los fondos bajo su custodia.

7.- Activos virtuales, aranceles y exención del IVA

La incorporación del pago de obligaciones contractuales de empresas o entidades públicas con activos virtuales refleja la escasez de dólares que existe en el país, y lo que pretende es incorporar una “alternativa” de medios de pago, sin embargo, no existe claridad en su implementación ni reglamentación que pueda emularse en el sector privado y alivianar la presión por la escasez de la divisa.

8.-  Metas macroeconómicas pro-crisis económica

Las principales metas macroeconómicas que se pone como objetivo el Gobierno, no se adecuan a la realidad económica que vive el país, sostiene el documento.

La pérdida del poder adquisitivo de la población, dada una escasez de dólares, y una profunda caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), donde se cuenta con 46,8 millones de dólares de divisas liquidas, preocupan de manera significativa los pagos internacionales – sea para la subvención de los hidrocarburos como servicio de la deuda externa- y exponen al país cada vez más a una crisis inminente de Balanza de Pagos.

"Asimismo, la espiral inflacionaria en un contexto de escasez de divisas, cada vez más ahondan la pérdida del poder adquisitivo de las familias bolivianas", remarca.

9.-  PGE 2025 con más gasto corriente

Para el Colegio de Economistas de Santa Cruz es preocupante, en una situación de crisis económica, que el Gobierno siga destinando e incrementando en más del 58,8% del presupuesto a “Gastos Corrientes”. También observa el nivel de la inversión pública dado que es una de las más bajas de los últimos cinco años.

Asimismo, destaca que los ingresos tributarios son muy sensibles a la actividad económica, por tanto, una baja tasa de crecimiento económico (menor del 2% proyectado por los principales organismos internacionales), implicaría una baja recaudación tributaria poniendo en duda el logro de la meta propuesta en el PGE 2025, dónde la presión tributaria recaería en las familias de más bajos recursos.

10.-  Déficit fiscal crónico y estructural

La entidad colegiada considera que el principal objetivo del PGE 2025, debería ser de mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, que no coincide con el 9.2% de déficit fiscal crónico y estructural proyectado que continuará por duodécimo año consecutivo.

La forma de financiarlo genera mucha preocupación, dado que signifca un mayor endeudamiento externo y con una erosión de las RIN, puede comprometer la capacidad futura de inversión del país y erosionar la confianza de los mercados, generando presiones inflacionarias y devaluatorias.

En criterio del Colegio de Economistas,  lo preocupante es que, no se cuenta con un plan de contingencia por parte del Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía, que por lo visto recurrirán a las reservas en oro y endeudamiento externo sin pasar por la Asamblea Legislativa con el fin de poder conseguir divisas (dólares).

Propuesta

Para el ente colegiado, el PGE 2025 requiere de ajustes de modo que sea un documento más realista y que responda a las políticas de austeridad fiscal con el  fin de aminorar el gasto público en especial el corriente. Por eso se sugiere algunas medidas.

1.- Metas más realistas del crecimiento económico y un ajuste del déficit fiscal

El PGE 2025 plantea un crecimiento económico del 3,51% y un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el Colegio de Economistas, la tasa de crecimiento económico es muy optimista dada la coyuntura económica actual.

La proyección sigue anclada en la explotación de recursos primarios, con una caída significativa de la producción de gas y la “rezagada” industrialización con una limitada diversificación productiva.

Adicionalmente, alerta que se tiene el impacto climático y la provisión inestable de combustibles que afectan la producción agrícola.

Por eso, el Colegio considera fundamental un análisis profundo sobre la viabilidad de alcanzar dicho crecimiento y la sostenibilidad del nivel de déficit propuesto, considerando las implicaciones para la deuda pública y la estabilidad a largo plazo.

2.- Límites al endeudamiento

Según los economistas cruceños, el PGE 2025 ha suscitado preocupación debido a su dependencia significativa del endeudamiento externo e interno para financiar el déficit fiscal proyectado.

“El PGE 2025 anticipa un déficit fiscal de aproximadamente 35.000 millones de bolivianos, equivalente al 9,2% del PIB. Para cubrir este déficit, se prevé recurrir a un endeudamiento externo de hasta 4.000 millones de dólares para apoyo presupuestario, servicio de la deuda pública y emergencias”, precisa el análisis.

El endeudamiento interno se ha convertido en uno de los indicadores más preocupantes. En 2019, el Estado obtuvo créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) por 16.000 millones de bolivianos, pero en 2023 esta cifra se elevó a 101.000 millones de bolivianos, lo que representa un incremento de más de seis veces.

El documento recuerda que para 2024, aunque el Presupuesto General del Estado (PGE) había proyectado una deuda interna de 5.641 millones de bolivianos, el monto real ascendió a 31.881 millones de bolivianos, es decir, cinco veces más de lo planificado.

“Este endeudamiento no se destina a inversión productiva, sino a cubrir gastos corrientes. Por ello, resulta fundamental establecer límites claros al endeudamiento interno para evitar desbalances y descontrol financiero”, sostiene el Colegio de Economistas de Santa Cruz.