Identifican que hay un “modus operandi” al que apelan algunos dueños de medios para vulnerar derechos laborales

En una reunión con delegados del Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) identificó y expuso al menos 10 comportamientos que caracterizan el “modus operandi” de algunos dueños y representantes legales de medios de comunicación, que incurren -según las denuncias- en vulneraciones de derechos laborales. 

En la reunión, realizada el miércoles 14 de mayo, en la ciudad de La Paz, con la presencia del delegado de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Francisco Rodríguez y el jefe departamental del Ministerio de Trabajo, Omar Pacheco, se conoció las denuncias de periodistas y trabajadores de Abya Ayala TV,  El Alteño y del extinto periódico Página Siete.

Los trabajadores de la prensa explicaron que el dinero que se les debe por salarios viene de hace ya varios años, durante el tiempo que se acumularon las deudas se fueron cometiendo arbitrariedades que, lamentaron los trabajadores, no son fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo.

Logramos que el Ministerio de Trabajo se reuna con los periodistas y trabajadores de la prensa junto a la #ANPB para escuchar sus denuncias y los problemas laborales que enfrentan. Coadyuvaremos para que atiendan con celeridad sus demandas y se haga justicia. pic.twitter.com/ItZMxx4DIr

— Pedro Callisaya Aro (@PedroCallisayaA) May 15, 2025

La presidente de la ANPB, Zulema Alanes, manifestó que “se advierte una sistemática evasión de responsabilidades por parte de los empleadores, un ‘modus operandi’ que se repite en todos los casos denunciados”. En ese contexto, de manera general, se identificaron 10 características de esa forma de actuar, atribuida a algunos empresarios y propietarios de medios de comunicación que evaden sus obligaciones laborales:

1. Retrasar el pago de los salarios por días, de manera progresiva, hasta llegar a los meses de deuda. Dan diferentes pretextos, como el acoso político del Gobierno, la falta de publicidad y otros.
2. Ofrecer pagar solo porcentajes de los salarios. Se trata de una medida conciliatoria y dilatoria.
3. Negociar despidos y recontratar, disminuyendo los salarios y el pago de los beneficios sociales. Esto pese a que los agentes jurídicos, que aplican estas medidas, conocen que la norma laboral señala que esos derechos son irrenunciables.
4. Fingir el pago de los beneficios sociales en el Ministerio de Trabajo y firmar contratos irregulares de préstamo. Esta figura se da una vez que se ha llegado a un punto de quiebre y protesta generalizada en el medio de comunicación. Los responsables de los medios de comunicación salen con una nueva oferta. En los casos de Abya Ayala y Página Siete, según las denuncias que se conocieron en la reunión, en esta etapa se originaron otras figuras que pueden ser tipificadas como estafa, pues se fingió el pago de finiquitos y beneficios sociales ante el Ministerio de Trabajo, para posteriormente hacer contratos, simulando que el trabajador hace un préstamo al medio de comunicación (con la suma total de la deuda), que elabora un contrato y se compromete a pagar en cuotas.
5. Incumplir el pago de sueldos con los nuevos contratos e incumplir el pago de los pagos del supuesto préstamo.
6. Emitir informes con datos falsos al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores relataron y mostraron documentos oficiales en relación a este punto. Explicaron que esta figura se comete contra el trabajador que decide no aceptar las ofertas del empleador y se ve obligado a iniciar el proceso laboral, para lo cual recauda informes de la entrega del registro de planillas de la empresa al Ministerio de Trabajo, fue así que se identificó que hay empleadores que reportaron falsamente que pagaron los salarios sin retrasos. Esta figura se convierte en la elaboración dolosa de una declaración jurada con información falsa y uso de instrumento falsificado.
7. Emitir informes con datos falsos sobre el pago de las AFP a la Gestora. La figura dolosa es similar a la de la presentación de planillas en el Ministerio de trabajo. Los empleadores pagan estos aportes, porque en varios casos deben presentar estos certificados de solvencia laboral, para acceder a contratos con el Estado.
8. Propietarios y representantes legales traspasan sus bienes para que evitar su confiscación y anotación preventiva. Una vez que se conoce que ya no hay una solución amigable, se ha confirmado que los empleadores usaron todo el tiempo de los puntos anteriores para traspasar a nombre de otras personas sus propiedades, bienes y vaciar sus cuentas bancarias.
9. Rechazar o incumplir las citaciones del Ministerio de Trabajo. Ya en la etapa oficial del proceso laboral, los empleadores desestiman dichas citaciones debido a que la norma no los obliga y conocen que no tienen sanción por su inasistencia.
10. Chicanear los procesos en los juzgados laborales. Cuando el proceso laboral se ha admitido, los propietarios, representantes legales y apoderados de los medios de comunicación deudores, simplemente no se presentan, hasta que se emiten órdenes de aprehensión o son declarados en rebeldía, para luego presentar memoriales con incidentes y diferentes argumentos para dilatar el proceso judicial y que una sentencia se emita en varios años de litigio.

Lee también: Defensoría del Pueblo, Trabajo y ANPB acuerdan tratar vulneraciones contra trabajadores de la prensa

En declaraciones a Visión 360, Alanes explicó que se logró dicha reunión luego de una gestión realizada desde antes del Día del Trabajo. La ANPB remitió una carta pública a la Defensoría del Pueblo, exigiendo su intervención inmediata ante la grave y sostenida vulneración de derechos laborales que afecta a periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación en el país.

Alanes señaló que estas características del modus operandi, hasta antes de que el trabajador decida dejar el medio de comunicación o es despedidos, es tipificado como “acoso laboral”.

Lee también: ANPB denuncia ante la Defensoría del Pueblo la extrema precarización laboral de los periodistas y exige su intervención inmediata

Explicó que, de acuerdo a las denuncias de los trabajadores de “Editorial Canelas S.A. (Los Tiempos, La Prensa, El Alteño) esta firma adeuda 13 salarios, omite aportes a la seguridad social y ejerce hostigamiento laboral, incluyendo represalias contra quienes intentan organizarse sindicalmente. Página Siete mantiene una deuda con 70 extrabajadores y enfrenta denuncias por delitos financieros, sin que el Ministerio de Trabajo ni la Fiscalía hayan tomado medidas cautelares”, detalló.

En el caso de PAT, amplió Alanes, tras la crisis de 2019 dejó a su personal sin salarios ni beneficios sociales por más de seis meses. Aunque existen sentencias favorables, los pagos se dilatan, amenazando con dejar nuevamente a los trabajadores sin justicia. “El diario Opinión, de la Cooperativa Coboce, adeuda más de siete meses de sueldos; además, obliga a los empleados a cubrir con sus propios recursos gastos laborales mientras ejerce presión para forzar renuncias. Trabajadores de ATB denunciaron que enfrentan seis meses de salarios y fueron forzados a una vacación colectiva, en tanto que los trabajadores de Abya Yala fueron forzados a renunciar y reclaman el pago de salarios y beneficios sociales adeudados”, sostuvo la representante de la ANPB.

Los medios citados en esta nota aún no se pronunciaron al respecto, pese a que durante meses, los trabajares afectados han hecho públicas sus denuncias. Asimismo, las federaciones departamentales y la ANPB han realizado pronunciamientos que tampoco han obtuvieron respuesta.