Empresarios piden al Senado no tratar diferimiento de créditos porque "pone en peligro la estabilidad de sistema financiero"

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió este martes a la Cámara de Senadores que impida la puesta en vigencia del proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos Bancarios, “una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”, y que “representa un riesgo para nuestra economía”.

“Proyecto de Ley N° 547 representa un riesgo para nuestra economía debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional, en especial de las entidades dedicadas al microcrédito que en muchos casos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente, lo que las colocaría al borde la suspensión de sus actividades”, expresa el gremio de los empresarios en un comunicado.

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El pasado 12 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que determina un diferimiento de créditos de los préstamos realizados para viviendas de interés social y para unidades económicas “micro y pequeña” por un periodo de seis meses y lo envió a consideración del Senado.

“El diferimiento de pago de cuotas, impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados, es una de las formas más regresivas de intervención estatal en la economía”, argumenta el pronunciamiento de la CEPB.

Ante esa situación, la nota señala: “Pedimos a los miembros de la Cámara de Senadores que, atendiendo a la responsabilidad que aún tienen con el país, tomen una decisión prudente y correcta respecto a esta propuesta, y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”.

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Estos son los siete puntos que analizan los empresarios sobre el proyecto “que pretende diferir una vez más el pago de cuotas de créditos para vivienda de interés social y de créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeñas”:

1.- El Proyecto de Ley N° 547 representa un riesgo para nuestra economía debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional, en especial de las entidades dedicadas al microcrédito que en muchos casos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente, lo que las colocaría al borde la suspensión de sus actividades.

2.- El diferimiento de pago de cuotas, impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados, es una de las formas más regresivas de intervención estatal en la economía, y una distorsión a la relación entre los ahorristas que colocan su dinero en el sistema, los ciudadanos que recurren al crédito, y las entidades de intermediación financiera que gestionan la operación en base a acuerdos y compromisos cuyo respeto garantiza el orden y la estabilidad del sistema.

3.- Comprendemos la delicada situación por la que atraviesan muchas unidades económicas y familias en nuestro país, sin embargo, reiteramos que la crisis que soportamos todos debe enfrentarse con políticas estructurales y coherentes, y no con medidas dispersas, improvisadas e inconsistentes que solo profundizan la inestabilidad y la incertidumbre.

4.- La postergación de pagos no afecta únicamente a las entidades financieras, ya que compromete el ahorro de las personas naturales y jurídicas, al trabajo de los gestores de créditos, a las compañías de seguros y a quienes no podrán adquirir nuevos préstamos por la falta de liquidez de las entidades financieras afectadas.

5.- Las anteriores experiencias de suspensión de pago de créditos, aplicadas en los últimos años, no solucionaron ninguno de los problemas que pretendían corregir; por el contrario, aportaron a incrementar la mora y a generar una peligrosa tendencia a evadir el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

6.- El Proyecto de Ley N° 547, impulsado por el Órgano Ejecutivo, cuestiona su compromiso de garantizar una transición responsable y de evitar medidas que debiliten aún más nuestra precaria economía. Consideramos que cualquier disposición que involucre la estabilidad del sistema financiero, debe ser discutida y definida por la siguiente gestión de gobierno, sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento.

7.- Por lo señalado, pedimos a los miembros de la Cámara de Senadores que, atendiendo a la responsabilidad que aún tienen con el país, tomen una decisión prudente y correcta respecto a esta propuesta, y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos.