viernes 10 de abril de 2026

Polémica

Una ley es la vía para cesar y definir el futuro de los autoprorrogados, afirma constitucionalista

Gonzalo Hidalgo Neuenschwander sostiene, en contacto con Visión 360, que se generó un caos en la institucionalidad constitucional en Bolivia.
Instalaciones del TCP en una imagen institucional.
Instalaciones del TCP en una imagen institucional.
martes 07 de octubre de 2025

Una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es la vía para definir el futuro de los autoprorrogados si es que no dimiten, explica el constitucionalista Gonzalo Hidalgo Neuenschwander. El jurista señala que se generó un caos en la institucionalidad constitucional en Bolivia y que ante ello se debe ver una decisión legislativa para ver qué hacer.

“Tiene que haber una decisión netamente de carácter institucional legislativo para ver qué se va a hacer. Ahora, se tiene entendido de que el Senado ha aprobado una ley para cesar las funciones de los autoprorrogados y esa ley está en discusión en la Cámara de Diputados”, indicó Hidalgo Neuenschwander, en contacto con visión 360.

El constitucionalista expresó que se debe ver si la cámara de Diputados ratificará la ley y en ese marco se debe dilucidar también: qué hacer con los autoprorrogados, si serán sujetos a un proceso especial, y sobre todo disipar mediante qué mecanismo se los remplazará.  

“Facultad interpretativa”

Hidalgo Neuenschwander explicó que la vía para cesar a los autoprorrogados debe darse a través de una ley, dado que el Legislativo tiene una facultad interpretativa, por lo que tiene toda la potestad para hacer una interpretación.

“En mi criterio tiene que ser una ley, no hay que olvidar que la ALP tiene una facultad interpretativa de la Constitución Política del Estado (CPE), está en el artículo 4 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué tiene? Porque ahí reside la soberanía del pueblo, también, a través de representantes”, manifestó.  

La ruptura

El jurista indicó que en la resolución constitucional que dictó la autoprórroga de magistrados, tanto del Tribunal Constitucional Plurinacional (cinco) como del Tribunal Supremo de Justicia (dos) los propios tribunos del Tribunal Constitucional “hicieron una interpretación arbitraria sobre la norma constitucional”, dado que “se autoprorrogaron”, es decir fallaron para sí mismos.

“Eso significó una ruptura del sistema democrático en Bolivia, porque no puedes bajo ningún criterio anular las disposiciones constitucionales, en este caso el mandato de ellos era seis años”, manifestó.

¿Y el Legislativo?

Hidalgo Neuenschwander sostuvo que cuando se emitió esa resolución, la entidad que tenía la potestad de iniciar un proceso o una solución constitucional jurídica era la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Por tanto, la ALP en ese momento se convirtió en una especie de cómplices de esa autoprórroga”, afirmó.

El jurista sostuvo que se puede identificar la complicidad de los autoprorrogados con el gobierno del Movimiento Al Socialismo y sostuvo que el problema radica en que los tribunos son elegidos a través de un proceso de preselección que involucra a partidos.

“El problema está en que a las autoridades del Órgano Judicial y del TCP se los elige a través de criterios partidarios políticos, no a través de criterios de meritocracia, y ese es un problema grave, de fondo: eliges a cualquiera y si nos damos cuenta aquí hay un problema de moral pública, porque no se puede elegir a una persona que va a desconocer la Constitución, porque ese es un daño moral, más allá del jurídico”, manifestó.

“El artífice”

Hidalgo Neuenschwander considera que el TCP es el “artífice principal”, desde el año 2013, de haber quebrado el sistema democrático en Bolivia a través de resoluciones que han favorecido al poder político. Mencionó que una de ellas es la sentencia 32/2019 que inaplicó el numeral 3 del artículo 238, que dispone que quienes ocupen cargos electivos, debían renunciar al menos tres meses antes al día de la elección, a excepción del presidente y del vicepresidente.

En el proceso actual hay legisladores que están en carrera y según el constitucionalista debieron haber renunciado. “No cumplieron con ese requisito y se ampararon en una sentencia inconstitucional, en una contrarreforma, como la llamo, y eso ha permitido el TSE. O sea, quiere decir que el TSE le hace caso al TCP y no a la Constitución”, lamentó.