¿Qué es el “fast track” y por qué preocupa a poblaciones indígenas?

La situación de “emergencia nacional” que declaró el Gobierno el pasado 17 de diciembre, junto al Decreto Supremo (DS) 5503, incluye un término que ha puesto en alerta a las poblaciones indígenas: el fast track (o vía rápida, en español). Pero, ¿Qué conlleva este procedimiento, por qué preocupa a los defensores del medioambiente y qué proponen estos sectores para evitar que la norma afecte a la biodiversidad?

El artículo 12 del DS 5503 establece un “Procedimiento de aprobación expedita (fast track) para la aprobación técnica de proyectos de inversión estratégica”. Es decir que se viabiliza la aprobación de proyectos, en ciertos sectores, con cuatro estrategias: tramitación prioritaria y concentrada de autorizaciones sectoriales; una “ventanilla única” de evaluación y aprobación técnica; plazos perentorios y preclusivos para la administración pública; y la aplicación del silencio administrativo positivo como regla general.

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Dicho artículo hace referencia a “proyectos de inversión estratégica”, que se refiere a sectores como: “minería y metalurgia formal; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura logística y transporte; y manufactura con orientación exportadora”. El problema es que muchos de estos son sectores extractivistas, según explicó la diputada Cecilia Requena a Visión 360. 

“Hay una ventanilla única del ministerio de Relaciones Exteriores donde los inversionistas puedan presentar, en 90 días calendario, ni siquiera hábiles, puedan tener una respuesta del Gobierno si sí o no, y si el Gobierno no dice nada se entiende que el silencio administrativo es positivo. Es decir que la falta de respuesta implica una aceptación de facto”, detalló. 

Requena observó que mediante la “vía rápida” se elimina el rol de la Asamblea Legislativa. “Eso no se puede hacer ni siquiera con un decreto, que pretende hacerlo, en razón de la emergencia económica del país. No basta un decreto ni la ‘emergencia económica’ para incumplir la Constitución”, señaló. 

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Además, otra de las cuestionantes al fast track es que para los proyectos que implican a pueblos y territorios indígenas se requiere no solo una Consulta Previa, sino también una licencia ambiental. 

“Tiene que haber todo un proceso de licencia ambiental, donde se define su proyecto, primero se se categoriza si es un proyecto que debe tener un estudio o no, y si tiene un estudio, entonces pasamos a un proceso más técnico y ninguno de esos dos procesos de consulta previa y de licencia ambiental se pueden hacer en 30 días calendario”, advirtió la legisladora.

Para el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Alex Villca, las inversiones estratégicas en áreas como minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, entre otros, “en gran parte se encuentran al interior de las áreas protegidas y de los territorios indígenas. Diríamos que estos son los reductos más importantes que tiene el país”, indicó a Visión 360.

Por su relación, advirtió que esto puede impactar en los intereses individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Además, expresó su preocupación con respecto a la aplicación del “silencio administrativo positivo como regla general”, que dispone dicho decreto. 

Otra de las preocupaciones es que se vulnere el derecho a la consulta previa, libre, informada, pero no es el único. “Hay derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, equilibrado”, acotó.

Para Villca, es necesaria una explicación de parte del Estado sobre este término, sus aplicaciones y alcances. “Es muy importante que el Estado llegue a explicar con detalles, porque hay mucha confusión al respecto. El Estado seguramente va a argumentar de que esta norma no contraviene la Constitución, no contraviene los acuerdos, los tratados internacionales, pero hay términos muy técnicos que se necesitan analizar y entender a mayor profundidad”, solicitó. Además, pidió a las instituciones académicas y entes colegiados, analizar esta norma y hacer aportes al respecto. 

Requena, por otro lado, explicó que si bien la norma busca atraer inversión, “ninguna inversión seria” llegará con “bases legales cuestionables”. “En el peor de los casos van a llegar unos capitales muy oscuros. Entonces, el Gobierno no va a lograr lo que quiere y lo que sí está logrando lamentablemente es contaminar un decreto que tiene una muy buena medida, la de los carburantes, y (va) generar inestabilidad política y social e inclusive revivir actores políticos semimuertos”. 

La diputada propuso al Gobierno revisar la norma, y abrirse al diálogo. “Ya lo han dicho, es ajustable. O sea que eso es lo que hay que hacer ahora, proponer dialogando”, concluyó. 

Sobre la marcha de la COB en contra del DS 5503

Consultado sobre las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que este miércoles cumple 10 días de marchas en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 2205, el vocero de la Contiocap explicó que esa institución estuvo del lado del poder político y “de los grandes intereses económicos” por mucho tiempo, por lo que perdió el horizonte. 

“Ellos son responsables, son corresponsables de todo el destrozo, el deterioro de los derechos humanos que hemos sufrido en Bolivia. La situación crítica que estamos atravesando los pueblos indígenas es parte de su responsabilidad y como tal, tendrán que también rendir cuentas ante el pueblo boliviano”, explicó.

Para Álex Villca, la demanda de la COB nace de una posición política, a diferencia de la Contiocap, que tiene observaciones de fondo. “La Contiocap no tiene colores políticos, no es de derecha, no es de centro, ni de izquierda, es una organización de defensores de derechos territoriales y ambientales”, concluyó. 

En la misma línea, Requena explicó que existen diferentes motivaciones entre las protestas de la COB y las observaciones de la Contiocap. “Yo respaldo la alarma y la denuncia que hace la Contiocap, porque la Contiocap en toda su historia, creada casi hace siete años, realmente defendió los territorios indígenas y el medio ambiente”, destacó. 

En cambio, añadió, la COB tuvo otras motivaciones para iniciar sus protestas  y en estos días cambió su discurso. “Al principio la COP se oponía hasta a eso (el incremento del combustible). Y ahora están empezando a buscar otros argumentos que lamentablemente existen en el decreto. Se puede contraargumentar al decreto, pero las motivaciones son muy importantes. ¿Qué se quiere acá? ¿Hacer fracasar al gobierno para volver a un gobierno más cercano a ellos, como han sido todos estos 20 años? No, yo no quiero que el gobierno fracase, porque no creo que al país le convenga que el gobierno fracase”, concluyó.