La Sala Constitucional de Santa Cruz rechaza la acción popular en contra del Decreto Supremo 5503

Tras una larga sesión, la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz rechazó este viernes 9 de enero la acción popular presentada por el abogado Wilmer Vásquez en contra del Decreto Supremo 5503. El vocal de la sala indicó que las medidas no tienen el alcance necesario como para ser utilizadas como control normativo.

El recurso, presentado el 23 de diciembre de 2025, tenía como objetivo frenar la aplicación de la norma de medidas de ajuste económico, cuestionada por varios sectores como la Central Obrera Boliviana (COB). Estaba dirigido contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, además de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y otras instancias. Fue aceptado por la Sala el martes 6 de enero.

Alaín Nuñez, vocal de la Sala Constitucional Primera, indicó que la acción popular tiene límites en lo que se refiere a la protección de derechos e intereses colectivos frente a actos u omisiones concretas. Esto implica que no puede ser utilizada para dilucidar la constitucionalidad de una norma, como leyes o decretos supremos.

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"El Tribunal Constitucional Plurinacional es el único competente para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de decretos", agregó Núñez durante la audiencia virtual, que fue transmitida por las redes sociales.

En su solicitud, Vásquez considera que varios artículos del Decreto Supremo 5503 están al margen de la ley e incluso vulnerarían la Constitución, una posición compartida por distintos sectores, muchos de los cuales protagonizan protestas desde hace tres semanas, así como por el mismo vicepresidente Edmand Lara.

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El segundo mandatario presentó este viernes un proyecto de ley para eliminar los artículos del decreto que considera inconstitucionales, pese a que, el jueves por la noche, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, aseguró que una ley no puede abrogar un decreto.

El vocal Núñez agregó que la Constitución y el Código Procesal Constitucional contemplan mecanismos específicos para cuestionar la inconstitucionalidad de las normas.