lunes 23 de febrero de 2026

Normativa

Estabilización de precios de combustibles, incremento de bonos y salario mínimo: los ejes del DS 5516

La norma, que abroga el Decreto 5503, establece medidas económicas y sociales para proteger a las familias bolivianas, garantizar los precios de los combustibles y diferir créditos para vivienda y pequeñas empresas.
Una foto referencial del presidente Rodrigo Paz, quien promulgó el Decreto Supremo 5516. Foto: Composición
Una foto referencial del presidente Rodrigo Paz, quien promulgó el Decreto Supremo 5516. Foto: Composición
martes 13 de enero de 2026

La estabilización de los precios de los combustibles, con Gasolina Especial a Bs 6,96 por litro, Diésel Oil a Bs 9,80 y GLP a Bs 2,25 por kilogramo, junto con el incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300 y la mejora de los bonos sociales —incluyendo el Bono “Juancito Pinto” de Bs 300 y la Renta Dignidad, que recibe un aumento de Bs 150— constituyen los principales ejes del flamante Decreto Supremo 5516, publicado este martes en la Gaceta Oficial del Estado. Esta norma, promulgada por el presidente Rodrigo Paz, abroga el anterior Decreto 5503.

Entre otras disposiciones se encuentra la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que entregará Bs 150 mensuales a familias vulnerables, incluyendo beneficiarios de bonos como Juana Azurduy y personas con discapacidad. El programa se financiará con recursos del Tesoro General de la Nación y financiamiento externo, garantizando transparencia en su ejecución.

El decreto reglamenta el diferimiento automático de créditos previsto en la Ley 1670. Los prestatarios de vivienda social y las micro y pequeñas empresas podrán solicitar la postergación de hasta seis meses en el pago de capital, intereses y seguros.

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El Decreto Supremo también modifica la alícuota del Gravamen Arancelario a 0% para la importación de maquinaria y equipos destinados a sectores estratégicos, como la industria alimenticia, textil, minera y metalúrgica, hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Gobierno señaló que la norma se promulga en un contexto de recuperación económica, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la eficiencia económica, además de consolidar la seguridad energética y promover la diversificación productiva del país.

El cumplimiento del decreto estará a cargo de los distintos ministerios, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y las entidades financieras supervisadas, con plazos específicos para la reglamentación de las medidas establecidas, según lo indicado en las disposiciones transitorias.