Lejos de su rol en defensa de sus afiliados, la COB opta por pronunciarse sobre el caso Maletas y defender al vicepresidente

La Central Obrera Boliviana (COB) dio un paso más en su papel de jugar el rol de oposición al gobierno del presidente, Rodrigo Paz, al declararse en estado de emergencia, en contra de algunos temas que afecta a los trabajadores, como la modificación a la Ley General del Trabajo, sin embargo, también se pronunció por el caso Maletas, la venta de gasolina contaminada, y la promulgación del Decreto Supremo 5552, que viabiliza una dependencia funcional y económica de la Vicepresidencia.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la COB informó sobre las resoluciones del último ampliado de emergencia realizado en La Paz, con la asistencia del Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios ejecutivos de las centrales obreras departamentales y representantes de las organizaciones matrices afiliadas, según el informe del secretario ejecutivo, Mario Argollo.

El dirigente expresó su rechazo a la “manera abusiva” en la que está sacando los decretos, el presidente, “vulnerando por completo nuestra Constitución Política del Estado, nuestra “Carta Magna”, la cual ha jurado obedecer y lastimosamente, no está cumpliendo.

Observó que el presidente haya difundido su mensaje por los 100 días de gestión en la madrugada, con el propósito de esconder su mala gestión.

Al final de la conferencia de prensa, Argollo se refirió a los informes del Ministerio Público respecto a la situación legal del exsecretario ejecutivo de esa organización laboral, Juan Carlos Huarachi, respecto a que el exdirigente habría comandado, coordinado, liderado las movilizaciones realizadas, entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

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Pronunciamiento formal de la COB sobre temas laborales

La COB dio lectura al pronunciamiento aprobado en el ampliado de emergencia, en el que cuestiona los anuncios del gobierno de reformar la Ley General del Trabajo, que a juicio de los dirigentes se constituye en “una conquista histórica inalienable del movimiento obrero”.

Al respecto, la organización laboral informó que se aprobó la “declaratoria de estado de emergencia contra la modificación de la Ley General del Trabajo y el proyecto de despojo de tierras, mediante la reforma de la Ley 157, cualquier intento de vulnerar estos derechos será de respondida con medidas de presión de manera escalonada”.

El documento denuncia que el proyecto de ley 157, que está en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, busca facilitar el embargo de pequeñas propiedades agrarias a través de la bancarización forzosa.

También menciona el proyecto de ley antibloqueos, cuyo trasfondo, según la COB es la “criminalización del derecho constitucional a la protesta”. Sobre este punto, exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional el archivo inmediato y definitivo del proyecto de ley antibloqueos, caso contrario, orgánicamente se tomarán medidas de manera que así lo exijan las bases.

La COB preocupada por los casos de las Maletas, la gasolina contaminada y los créditos

La COB además hace énfasis en el escándalo de las “narcomaletas” y exige una actuación objetiva y transparente del Ministerio Público, alejada de cualquier encubrimiento político. El pronunciamiento exige la independencia judicial, “conminamos al Ministerio Público conforme a la ley 260 a actuar de manera transparente en el caso de las narcomaletas y en los nuevos hechos de narcotráfico que se descubrieron en el aeropuerto de Viru Viru”.

Argollo sostuvo que, en el caso de las 32 maletas, no se ha aclarado hasta este momento, “queremos ver a los responsables, quiénes son los dueños y qué se estaba transportando en las maletas, lastimosamente creemos que la justicia no es imparcial”, afirmó. Se está parcializando de manera cobarde con el gobierno de turno, no está aclarando estos casos de corrupción que están pasando en el país, añadió.

También expresa su rechazo por la crisis de carburantes y la mala calidad de la gasolina, que “ha ocasionado daños mecánicos severos al parque automotor de los jubilados”, sin que el Estado asuma su responsabilidad por vulnerar protocolos de calidad y seguridad.

“Exijimos al gobierno nacional una solución definitiva e inmediata respecto a la calidad de la gasolina distribuida en el país y la implementación real y efectivo de resarcimiento económico para los propietarios de motorizados afectados”, sostiene uno de los puntos del pronunciamiento.

Sobre este tema, Argollo cuestionó la situación de alrededor de 1.000 cisternas, que están varados en el departamento de Santa Cruz, “con combustible de mala calidad, tenemos que identificar a los responsables de haber adquirido este combustible, porque es un daño económico al país”.

Dijo que, debido a la mala calidad del combustible, el gobierno ya tuvo problemas con los transportistas, quienes fueron perjudicados debido a que sus motores fueron dañados. “El gobierno se ha comprometido a resarcir el daño económico. “Pero quien va a pagar este daño económico, si no va a ser el pueblo boliviano en su conjunto, mediante los impuestos, mediante los sectores productivos que van a absorber esta negligencia que ha pasado por la adquisición de este combustible”, afirmó.

El dirigente exigió que la justicia actúe de oficio para poder determinar responsabilidades y una “sanción ejemplarizadora” contra los que han cometido este error

El pronunciamiento sindical, también toca los créditos internacionales gestionados por el gobierno de Paz, que en su criterio son “desproporcionales, que comprometen gravemente la soberanía económica del Estado, generando un endeudamiento agresivo que hipoteca el futuro de las familias bolivianas, sin que exista transparencia y claridad sobre el destino real de estos fondos multimillonarios”.

El pronunciamiento sindical exige al gobierno nacional, “la presentación inmediata de informes detallados y pormenorizados sobre la inversión de recursos provenientes de créditos externos, asimismo conminamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a cumplir con su rol fiscalizados, exigiendo cuentas claras y frenar el endeudamiento irresponsable que pone en riesgo la estabilidad del país”.

Según Argollo, todo lo que está pasando tiene que preocupar a la población, porque los créditos, no sabemos qué a sectores van dirigidos, tampoco nos están diciendo bajo qué condiciones estamos adquiriendo estos créditos, tiene que ser aclarado de manera oportuna por el gobierno central.

La COB también se pronunció respecto del DS 5552, que define el traspaso de parte de las direcciones y unidades de la Vicepresidencia del Estado, a varios ministerios.

Argollo afirmó que el decreto 5552, es algo que preocupa “prácticamente estamos pisoteando nuestra Constitución Política del Estado, estamos poniendo a un personaje electo a depender de una persona que ha sido elegida a dedo, un personaje, como el Vicepresidente que ha sido elegido democráticamente, ahora depende del Ministerio de la Presidencia, ¿dónde está el respeto a las autonomías de los poderes del Estado?”.

Desde su punto de vista, se está vulnerando la Constitución, ahora al Vicepresidente. “No estamos sacando cara, pero si no nos pronunciamos van a actuar con otros personajes o con otros decretos, actuando de manera abusiva contra la Constitución, estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en el país”.

Denuncian persecución del Ministerio Público

El ejecutivo de la COB denunció que el Órgano Judicial y el Ministerio Público iniciaron “una campaña de persecución política de difamación contra la institucionalidad de la COB, intentando vincular sin pruebas a la dirigencia con movilizaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026”.

Casi a la conclusión de la conferencia de prensa, Argollo se refirió a las declaraciones de un fiscal y mencionó que lo llamativo de la audiencia realizada la pasada semana, es que el Ministerio Público manifestó que Huarachi habría sido sorprendido con un teléfono celular en el cual se le ha encontrado mensajes en los que él coordinaba las movilizaciones, con los dirigentes de la COB.

Argollo afirmó que la Fiscalía sostiene que la movilización contra el DS 5503, estaría digitada “por el compañero Juan Carlos desde San Pedro, nosotros hemos tomado determinaciones orgánicas emanadas de ampliados, incluso un cabildo nacional que ha decidido la abrogación del DS 5503, me parece una manera muy cobarde de tratar de distraer a la población”.

Estas revelaciones fueron conocidas la pasada semana, durante la audiencia en la que Huarachi solicitaba la cesación de la detención preventiva, por una acusación en su contra de haber recibido un soborno, cuando uno de los fiscales develó que el dirigente fue descubierto con un celular.

Según el fiscal, el exdirigente estaba comandando, liderizando, y coordinando con el señor Argollo las movilizaciones de enero de este año, cuando había los bloqueos en el país, por la promulgación del DS 5503, sobre el incremento de los combustibles, informó el abogado Abel Loma.