Caboco demanda decreto que permita el ajuste de materiales de construcción en contratos de obras firmados con el Estado

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) justificó el “tractorazo” realizado hoy en varias ciudades del país, en demanda de la aprobación del decreto que permita el reajuste de precios unitarios de los materiales de construcción en las obras contratadas por el Estado, en sus tres niveles: nacional, departamental y municipal.

El sector explica que, debido al aumento de los costos de los materiales, insumos como el cemento, acero y agregados han sufrido incrementos elevados, en algunos casos extremos hasta el doble de su precio, como el cemento, lo que afecta a las empresas que tienen contratos de obras con el Estado.

Sostienen que trabajar con los precios antiguos de los materiales de construcción, que fueron fijados en los contratos públicos en el pasado inmediato, genera pérdidas económicas elevadas, al extremo del riesgo de quiebra, para las afiliadas a la Caboco y a las cámaras departamentales de la Construcción.

Por ello, el sector demanda la aprobación de un decreto supremo que viabilice el ajuste de los precios unitarios de los materiales de construcción establecidos en los contratos vigentes a los precios actuales; de lo contrario, advierten sobre la paralización de las obras, afectando las fuentes de empleo.

El presidente de la Caboco, Raúl Nogales, se refirió a estos problemas que afectan al sector. Si bien reconoció el respaldo del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, con quien se trabajó entre diciembre y enero con equipos técnicos, posteriormente se empezó el trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en mesas técnicas, y el proyecto fue concluido en la etapa técnica el 6 de febrero.

“Desde el 6 de febrero, estamos a la espera de que este proyecto de decreto de reajuste de precios y de reactivación económica ingrese a la Udape (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) y a el Conape (Consejo Nacional de Política Económica y Social)”, informó a Erbol.

Sin embargo, precisó que recibió la información de que esta semana ya ingresó a esas instancias y que el proyecto estaría aguardando un informe final de la Udape y el Conape, para que sea tratado en reunión de gabinete y aprobado por el Presidente del Estado.

Nogales manifestó que se espera que en esta semana se dé una solución a este problema, considerando que son varios meses de trabajo, aunque dijo que el sector entiende que el documento tiene que ser analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“La Cámara Boliviana y sus cámaras departamentales no están buscando con este proyecto un privilegio o algún beneficio extraordinario: lo único que estamos buscando, simplemente, son condiciones justas que nos permitan continuar con nuestras actividades; que nos permitan garantizar miles de fuentes de empleo y concluir muchos proyectos que muchos usuarios, departamentos y regiones están aguardando”, aclaró.

Justificó la medida de presión asumida ante la falta de una respuesta de parte del Gobierno. A partir del 6 de febrero, dijo que se esperó una respuesta oportuna: “lo que solicitamos es la pronta aprobación del decreto supremo y la implementación de medidas de reactivación, la apertura de un espacio de diálogo”, afirmó.

Recordó que el problema no es solo de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace muchos años. Por eso: “rechazamos las medidas asumidas contra algunas empresas constructoras, como las resoluciones de contratos”, porque ese es el pedido de nuestros asociados de todo el país.

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Las empresas afectadas son las pequeñas y medianas

Nogales insistió en que el decreto debería ser aprobado lo antes posible, porque: “lo que nos preocupa es el tiempo transcurrido; lastimosamente este incremento de precios es desde 2024, la afectación hoy es al 35% de empresas y otras (resultaron) afectadas en diferentes niveles, y esto se puede agravar”.

Destacó la importancia del sector en la dinamización de la economía, en torno a la generación de empleos, porque eso es también.

Informó que las empresas más afectadas por esta situación son las pequeñas y las medianas, porque su patrimonio no les permite sostener obras cuyos precios han sido afectados en más del 65%; debido a ello, muchas han llegado a colapsar. Además, muchas obras están paralizadas, muchas obras están en proceso de resolución o inconclusas.

“Nosotros tenemos el reporte en la Cámara de la Construcción, que 35% de nuestras empresas afiliadas han paralizado actividades o han tenido que cambiar de rubro por la afectación que vienen sufriendo en todos estos últimos años”, informó.

Precisó que una mayoría de las empresas afectadas son de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; sin embargo, aclaró que esta situación se dio a nivel nacional, como es el caso de Trinidad, Beni, donde si bien la obra pública no es tan significativa, el porcentaje de afectación ha sido muchísimo, porque eso se da en función del tamaño de las ciudades.

En Oruro, Potosí y Sucre también han sido fuertemente afectadas; sin embargo, consideró que el departamento de Tarija viene atravesando una situación más crítica por la reducción de regalías provenientes de la exportación de gas, situación que se da desde hace muchos años atrás.

Nogales además se refirió a que las empresas constructoras no solo deben lidiar con los problemas de los precios de los materiales, sino también con las deudas del Estado, de entre cuatro a seis meses de falta de pagos por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Ya con el nuevo gobierno, a fin de año, se logró que varias instituciones honraran de alguna manera sus deudas, pero la brecha aún no se ha cerrado”, dijo. Con el cierre de gestión y el inicio del nuevo año, el pago de planillas recién empezó en marzo, aunque todavía se registra una brecha de tres meses de deuda.