Conflictos sociales: Consejo de Seguridad de la OEA tratará el miércoles la “situación política interna de Bolivia”

El próximos miércoles, el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) tratará la “situación política interna”, informó el exrepresentante permanente de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, en un escenario de violencia desmedida de parte de organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), entre ellas la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que mantiene aislado al departamento desde hace 18 días del resto del país con el bloqueo de carreteras, exigiendo la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

La COB declaró un paro indefinido a partir del 2 de mayo, medida que fue radicalizada con la declaratoria del bloqueo de carreteras, que dejó a la sede de Gobierno, completamente desabastecida de productos de la canasta familiar, gasolina y diésel, además de insumos necesarios para preservar la vida de decenas de pacientes internados en los hospitales.

A raíz de la radicalidad de los bloqueos, que impiden el paso de vehículos, decenas de conductores del transporte pesado, se encuentran en las carreteras que conectan al departamento con el resto del país y con os países vecinos, en medio de condiciones inhumanas, al extremo que tienen que beber agua no potabilizada y carecen de alimentos y acceso a servicios higiénicos.

Además, se registraron tres decesos vinculados con el cierre de carreteras, debido a que los campesinos que bloquean las carreteras impidieron el paso de ambulancias que trasladaban enfermos a los hospitales, quienes fallecieron debido a la falta de atención oportuna, según informó el Gobierno.

En principio, la COB pedía atención a su pliego petitorio que entre otras demandas planteaba el incremento salarial del 20%, sin embargo, después de negarse a asistir a las convocatorias al diálogo por parte del Gobierno, el secretario ejecutivo de esa organización anunció que se dejaba de lado el pliego, para defender la única demanda que era la renuncia del presidente.

Esta demanda, fue apoyada por el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien argumentó que fueron rebasados por sus bases y eran obligados a demandar la renuncia del presidente, mientras que el senador Nilton Condori recorría los puntos de bloqueo en los que se refería a una revolución para lograr sacar a los “políticos corruptos” del poder.

A esas protestas se sumó la de un grupo afín al expresidente Evo Morales, denominada “marcha por la vida” que se sumó al pedido de renuncia, mientras el aislamiento de la capital del departamento se iba agudizando.

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Al bloqueo de carreteras, las protestas de otros sectores, como las de los maestros rurales y urbanos, que colapsaban las calles, sin embargo, éstas se radicalizaron el pasado jueves, cuando después de romper el diálogo con el Gobierno, los profesores rurales cometieron actos de vandalismo, destrozaron parte de la estructura del Ministerio de Educación, dañaron los contenedores de basura y provocaron destrozos en las jardineras y otros espacios aledaños a ese lugar.

Los efectivos policiales que resguardaban el edificio fueron rebasados por los profesores y fueron agredidos físicamente, al igual que los funcionarios quienes tuvieron que ser evacuados para garantizar su seguridad, aunque varios resultados heridos por las piedras lanzadas con flechas y hondas por los maestros rurales.

Además, los cooperativistas mineros que llegaron una noche antes, protagonizaron una marcha de protesta haciendo uso de cachorros de dinamita, que está prohibido por ley, los movilizados intentaron ingresar a la Plaza Murillo, y se registraron enfrentamientos con los efectivos policiales, que hicieron uso de gases lacrimógenos para disuadir a los mineros.

La madrugada del sábado, un operativo denominado “Corredor Humanitario” ejecutado por la Policía y las Fuerzas Armadas, logró el desbloqueo de las carreteras y las principales avenidas de la ciudad de El Alto, sin embargo, los bloqueadores retornaron a los puntos de bloqueo, generando temor en la población de ese municipio.

Sin embargo, este lunes, la ciudad de La Paz vivió una jornada de extrema violencia, desatada por las organizaciones afiliadas a la COB, entre ellas, los campesinos de varias provincias del altiplano paceño, además de mineros, fabriles, entre otros, con la misma consigna, la renuncia del presidente, y sometieron a la población a más de cinco horas de acoso a la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, que fue repelido por las fuerzas policiales.

Además de ese asedio, los sectores movilizados causaron destrozos en algunas instituciones estatales, saquearon, quemaron y agredieron a los habitantes de la sede de Gobierno, por al menos cinco horas, en diferentes zonas de la capital.

La pasada semana, 10 países se pronunciaron sobre la crisis que enfrenta el país, entre ellos, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Posteriormente, se sumaron El Salvador y Guatemala y manifestaron su rechazo ante cualquier intención de desestabilización del sistema democrático.