lunes 1 de junio de 2026

Gestiones

Bolivia está al borde de una "situación irreversible": Defensoría e Iglesia insisten en el diálogo como única salida

La Defensoría del Pueblo persistirá en los corredores humanitarios y en los contactos para acercar posiciones.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aboga por el diálogo como única vía de solución del conflicto. Foto: Visión 360
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aboga por el diálogo como única vía de solución del conflicto. Foto: Visión 360

La escalada de conflictividad y polarización sitúa a Bolivia ante el riesgo de “daños irreversibles”, por lo que la única salida viable es insistir en el diálogo entre las partes para evitar que se repita la historia. Así lo advirtió el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al cumplirse 32 días de un bloqueo de caminos que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Poco antes, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Giovanni Arana, también había insistido en la vía de la concertación, remarcando que “la mano dura, como se escuchaba en algunas voces por ahí, no es la solución. La solución es la reconciliación, la solución es el saber convivir como hermanos. Así que no perdamos la esperanza”.

Ambas instituciones se han constituido en facilitadoras del diálogo; sin embargo, los escasos avances logrados sufrieron un severo retroceso tras la resolución adoptada este domingo por la Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores movilizados de mantener el bloqueo que exige la dimisión de Paz, cerrar las puertas a la negociación y habilitar un corredor humanitario.

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Existía cierta expectativa de que el encuentro sectorial marcara un giro en el conflicto, pero las determinaciones representaron un retroceso, sobre todo porque ya se había cumplido con la condición de anular las órdenes de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, y el ejecutivo campesino Vicente Salazar para viabilizar la mesa de trabajo.

La extrema medida de presión cumple 32 días y deja a varias regiones y ciudades aisladas, enfrentando un crítico desabastecimiento de alimentos, carburantes e insumos médicos, como ocurre en La Paz y El Alto. Paralelamente, crece la presión de actores políticos, cívicos y empresariales que exigen la declaración de un estado de excepción para pacificar el país.

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Esta última opción no es compartida por la Iglesia Católica ni por la Defensoría del Pueblo. “Estamos al borde de una situación que nos puede provocar daños irreversibles para la sociedad boliviana. Y frente a esta situación, opciones que no sean las dialogadas no son salidas”, advirtió Callisaya en una evaluación de la crisis que, por el momento, no encuentra vías de solución.

Un estado de excepción implicaría la restricción de derechos fundamentales y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles. Ante ese escenario, el Defensor del Pueblo informó que continuará con los contactos con los sectores en conflicto y las gestiones para operativizar los corredores humanitarios, a fin de permitir el ingreso de suministros básicos a las regiones cercadas.

“Como Defensoría del Pueblo vamos a seguir desplegando nuestra acción con la finalidad de favorecer estos espacios de diálogo, así como generar las condiciones que nos permitan el tránsito de los insumos necesarios para la atención médica, además del paso de sectores poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, explicó la autoridad.

Luego de que la COB y sus aliados ratificaran la extrema medida, el gobierno de Paz no ha emitido ninguna posición oficial, aunque en reiteradas ocasiones el Ejecutivo ha asegurado que el estado de excepción sería el último recurso y el diálogo, siempre el primero.