Defensoría informa que en San Julián se registraron 33 personas heridas, siete policías y 26 civiles

La Defensoría del Pueblo se pronunció hoy sobre los hechos de violencia que se registraron en el municipio de San Julián, donde confirmó que hubo siete policías heridos, cuatro de ellos con proyectil de arma de fuego y 26 civiles, uno de ellos con arma de fuego, durante el operativo ejecutado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para el despeje de la carretera Santa Cruz-Beni.

Menciona que durante el operativo se habría evidenciado la presencia de “grupos de choque” y “actores paraestatales” y el uso de armas de fuego y explosivos, por lo que pide una investigación al Ministerio Público.

Recuerda que toda actuación del Estado en situaciones de conflictividad debe realizarse en el marco de la legalidad, proporcionalidad y necesidad; aunque también recuerda a los sectores movilizados que el derecho internacional no protege el derecho a la violencia en casos de extrema violencia, como el que se registró ayer en San Julián.

“De acuerdo con información verificada en terreno por la Defensoría del Pueblo, durante la pasada jornada se registró un total de 33 personas heridas, entre las que se cuentan 26 civiles y siete efectivos policiales”, sostiene el pronunciamiento.

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De las 26 personas heridas, 24 presentaban heridas leves y moderadas, por lo que fueron dadas de alta y dos fueron internadas en centros de salud para ser intervenidas quirúrgicamente, una por herida de bala, precisa.

En cuanto a los siete policías heridos, confirma que cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos en la cabeza, quien permanece en terapia intensiva en el Hospital Obrero de Santa Cruz, según el reporte de la Gobernación de Santa Cruz.

Los hechos de violencia se dieron cuando la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo para despejar la carretera Santa Cruz-Beni, que permanece bloqueada por grupos de interculturales por 24 días, impiden el paso hacia la Chiquitania y provincias Obispo Santiesteban y Guarayos, generando grandes pérdidas a sectores productores.

La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) participó en el operativo y se mantuvo junto a las fuerzas del orden, sin embargo, su participación generó la molestia en el municipio de San Julián, que fue expresada por la Junta Vecinal, después del fracaso de despejar la zona.

Durante el operativo que inició alrededor de las 04:00, las fuerzas policiales fueron repelidas con violencia por los movilizados, y se reportó que algunos portaban armas de fuego. La Policía reportó que cuatro policías resultaron con heridas de bala, y otros dos recibieron pedradas.

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Después del repliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas, los bloqueadores saquearon y quemaron la estación policial, que se encontraba sin personal, debido a que había sido trasladado noche antes, por precaución.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, al respecto dijo que: “los pobladores de San Julián ingresaron de manera abrupta a las instalaciones del puesto policial de San Julián, sustrajeron muchas cosas de valor que existen en el interior y posteriormente llegaron a incinerar las instalaciones”.

La Defensoría menciona que durante el operativo “se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”.

Recuerda que, toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal.

También recuerda a los sectores movilizados, que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta, cuando se evidencian actos de violencia extrema.

La institución afirma que de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), es fundamental que el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad.

La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa, manifiesta.

La Defensoría del Pueblo insta a los actores involucrados a evitar la escalada de la violencia, priorizar resoluciones pacíficas y garantizar la protección de la población civil. La institución defensorial continuará con el monitoreo permanente de la situación en el marco de su mandato constitucional.