El Gobierno se toma su tiempo para promulgar la ley de estados de excepción y advierte sobre intereses para que el conflicto escale

El Gobierno se toma su tiempo para la promulgación de la ley que regula los estados de excepción, aprobada de forma acelerada por el Órgano Legislativo. Mientras tanto, intensifica las gestiones con la finalidad de abrir canales de diálogo en medio de un bloqueo de carreteras que ya cumple 38 días y advierte sobre la existencia de intereses que buscan una escalada de la conflictividad.

Según el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, la administración del presidente Rodrigo Paz hará conocer, en su debido momento, las determinaciones que adopte respecto a la ley de estados de excepción —sancionada la madrugada del domingo por la Asamblea Legislativa Plurinacional— y las acciones posteriores.

“No existe un término legal (inmdiato); el presidente tiene la facultad constitucional de promulgarla y, seguramente cuando lo haga, lo vamos a conocer todos. Se va a hacer público este hecho y cualquier decisión que se tome en el marco de la Constitución y la ley también la vamos a hacer saber”, explicó la autoridad en declaraciones a la Red Uno.

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De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Ejecutivo dispone de un plazo de 10 días hábiles para observar la norma o proceder a su promulgación. Actualmente, diferentes actores políticos, empresariales, cívicos y organizaciones sociales exigen la aplicación inmediata de un estado de excepción para frenar las protestas y los bloqueos que demandan la renuncia del primer mandatario.

Más allá del debate normativo, Oliva aseguró que el Gobierno realiza gestiones para abrir canales de concertación con sectores sociales en diferentes departamentos, aunque no ofreció mayores detalles sobre los interlocutores ni sobre los resultados alcanzados hasta la fecha.

Sectores campesinos, grupos afines a Evo Morales, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y maestros rurales participan activamente en las medidas de presión, que concentran la mayor cantidad de puntos de bloqueo en Cochabamba, Oruro y La Paz. Ciudades como La Paz y El Alto permanecen cercadas y enfrentan un crítico desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

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Hasta el momento no se han consolidado espacios concretos de diálogo y los movilizados se rehúsan a deponer sus protestas. La semana pasada, el propio presidente Paz habló de acercamientos con las dirigencias de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari" y de la Confederación de Mujeres "Bartolina Sisa"; empero, sus representantes descartaron cualquier acuerdo.

“Lo importante es que se está avanzando y trabajando en varios frentes, y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró el viceministro, quien denunció, en alusión directa a Morales, que existen intereses que pretenden la escalada del conflicto utilizando la protesta “como un caballo de Troya” para camuflar objetivos personales orientados a evadir la justicia.

Morales alienta abiertamente la dimisión de Paz y la convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días, postura replicada por dirigentes cocaleros que operan en El Alto, una de las urbes más afectadas por el cerco. El expresidente permanece en la región del Chapare para evitar su captura y posterior procesamiento judicial por denuncias de haber mantenido una relación con una menor de edad.

“Hay quienes tienen interés de que el conflicto escale, de que se genere violencia. Están utilizando esta movilización como un caballo de Troya para proteger sus intereses y hablar de su situación personal, usando a las personas que están en las carreteras como un escudo, sin importarles el daño ni las consecuencias que esto genera en los propios movilizados”, alertó la autoridad.

Si bien las fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana lograron levantar los bloqueos entre La Paz y la zona de Río Abajo para consolidar un corredor de suministro alimentario, no corrió la misma suerte el operativo desplegado en San Julián, Santa Cruz. En esa región, los manifestantes resistieron a las fuerzas del orden, lo que dejó un saldo de cuatro policías heridos por arma de fuego y las instalaciones policiales de la zona incendiadas.

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Diferentes imágenes difundidas sobre el operativo también mostraron la participación de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). De hecho, su dirigente Josué Méndez fue increpado mientras brindaba una declaración a los medios y obligado a sumarse a las acciones de desbloqueo que, finalmente, fracasaron.

“La movilización en San Julián y la actuación de algunos grupos que de forma irregular han utilizado armas de fuego constituyen ya un punto de inflexión en los bloqueos. Estamos pasando del cierre de carreteras al uso de armamento para enfrentar a las fuerzas de seguridad. Eso es algo lamentable y que está plenamente sancionado por la ley”, advirtió Oliva.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre un nuevo intento de desbloqueo en esta zona cruceña, que interrumpe desde hace más de 20 días el tránsito vehicular entre los departamentos de Santa Cruz y Beni.

En Bolivia se cumplen 38 días de un severo bloqueo de caminos que interrumpe el flujo comercial tanto interno como internacional y corta las rutas de aprovisionamiento básico de varias ciudades y regiones, situándolas en una latente situación de crisis humanitaria.