Más presupuesto no garantiza una mejor justicia

La solicitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de destinar el 5% del Presupuesto General del Estado al Órgano Judicial ha reabierto un viejo debate. Sin embargo, la verdadera pregunta no es cuánto dinero necesita la justicia, sino si más recursos, por sí solos, pueden resolver los graves problemas que arrastra el sistema judicial boliviano.

La amenaza del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de paralizar las actividades del Órgano Judicial si no se incrementa su presupuesto hasta el 5% del Presupuesto General del Estado y no se aprueban determinadas leyes ha instalado un debate que merece ser analizado con criterios técnicos y no únicamente políticos.

Es posible que la justicia requiera mayores recursos económicos. Sin embargo, fijar un porcentaje del presupuesto sin una justificación técnica resulta difícil de sostener. Ninguna institución pública debería definir su financiamiento mediante porcentajes arbitrarios, sino en función de objetivos, necesidades reales, indicadores de desempeño y resultados verificables.

Actualmente, Bolivia destina aproximadamente el 0,47% del Presupuesto General del Estado al Órgano Judicial, equivalente a unos 1.400 millones de bolivianos, de los cuales cerca del 75% se destina al pago de sueldos y salarios. El país cuenta con aproximadamente 1.200 jueces, es decir, 10,6 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra acorde a los estándares internacionales, que sitúa una proporción de 10 jueces por cada 100.000 habitantes

Pero la mejor manera de evaluar si un mayor presupuesto produce una mejor justicia es observar la experiencia comparada.

Cuadro Comparativo (Ordenado por Presupuesto de Mayor a Menor)

Los datos hablan por sí solos, los indicadores de los problemas más importantes del sistema judicial como son la mora y la detención preventiva, al parecer no están directamente relacionados con el mayor o menor presupuesto del órgano judicial, si tomamos como ejemplo el caso de Costa Rica e Inglaterra, son abismalmente diferentes, mientras en Inglaterra el presupuesto es de tan sólo 0,23% del presupuesto general, en Costa Rica es del 3%, es decir 12 veces más que el de Inglaterra, sin embargo, los resultados son fenomenalmente diferentes en favor de Inglaterra, ya que los ingleses tienen la menor mora judicial, el menor número de personas con detención preventiva y todo ello con el menor número de jueces, lo mismo pasa si comparamos España con Bolivia, a pesar de tener presupuestos y número de jueces muy similares, los resultados son abrumadoramente diferentes en favor de España, que tiene una mora de 1 a 3 años y una detención preventiva de solamente 18%, frente a una mora de 2 a 5 años y una detención preventiva de 58% en el caso boliviano, lo mismo sucede si comparamos Uruguay, que con un presupuesto de solamente 0,32% alcanza una mora de 1 a 3 años la más baja de todos los países comparados.

Si el presupuesto en nuestro país subiría a un 5%, eso equivaldría unos 15.000 millones de bolivianos, lo que permitiría contratar unos 13000 nuevos jueces, pasando de 10,6 jueces a 160,1 jueces por cada 100.000 habitantes, sin embargo, resulta difícil sostener que semejante incremento resolvería por sí mismo la mora judicial, el abuso de la detención preventiva o la corrupción.

La evidencia demuestra que ni un mayor presupuesto, ni un mayor número de jueces garantizan, por sí solos, una mejor administración de justicia. Los verdaderos factores de éxito parecen encontrarse en la organización institucional, la calidad de los procedimientos, la carrera judicial, los mecanismos de control y la independencia de los jueces.

Por ello, durante los últimos años hemos insistido en la necesidad de una reforma integral del sistema judicial que tenga su punto de partida en la propia Constitución Política del Estado y se proyecte de manera coherente sobre las leyes sustantivas, procesales y reglamentarias. Una reforma cimentada, por un lado, en los valores de la libertad individual y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin excepción; y por otro, en el fortalecimiento de principios esenciales del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, la prescripción, la interpretación más favorable en caso de duda, así como en una revisión exhaustiva de las convenciones internacionales y de todas aquellas normas que inciden en la protección efectiva de los derechos y garantías fundamentales.

La discusión sobre el presupuesto judicial merece un debate amplio y responsable. Pero ese debate no puede reducirse a la negociación de porcentajes ni a posiciones exclusivamente políticas. La justicia constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y cualquier reforma debe construirse sobre evidencia empírica, estudios comparados y criterios técnicos.

Bolivia necesita discutir menos cuánto dinero destina a la justicia y mucho más qué justicia quiere construir. El verdadero desafío no consiste en aumentar el presupuesto, sino en emprender una reforma estructural que garantice una justicia independiente, transparente, eficiente y al servicio de los ciudadanos.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.