El costo de ser sede: La Paz aprendió a lidiar con las protestas y ahora tiene el desafío de trazar su desarrollo

“Las protestas, atractivo turístico de La Paz”. Este etiquetado, nacido de la ocurrencia y la ironía paceñas, no solo resume una percepción, sino una realidad casi cotidiana. Es uno de los costos de ser la sede política de Bolivia, porque en sus calles y avenidas confluyen el malestar, las demandas de quienes menos se espera y el curso de la historia.

Es aquí donde terminan librándose las batallas políticas y tomándose las decisiones que definen el futuro de los paceños y del resto de los más de 11 millones de habitantes del país. En los pasillos y en las salas de reuniones o de sesiones del viejo Palacio Quemado, de la Casa Grande del Pueblo o del Legislativo se libran las batallas en silencio, mientras su eco se manifiesta en las calles.

Allí también se define el destino nacional, como lo demuestra la historia reciente. En 2003 y 2019, solo por citar dos hitos, las movilizaciones callejeras terminaron provocando la renuncia de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales, respectivamente.

La violencia, las estruendosas explosiones de los cachorros de dinamita y las consignas gritadas a voz en cuello son las que rompen cualquier intento de normalidad en la ya bulliciosa urbe, desafiando la pasividad de los inquilinos de turno del poder. Todas o la mayoría de las protestas desembocan en un intento por tomar la plaza Murillo, centro del poder, y hacerse escuchar. Siempre, o casi siempre, es así.

Descienden desde El Alto —la ciudad cómplice del destino o también rehén de los beneficios y perjuicios de la sede de Gobierno— hasta la hoyada de La Paz. Son marchas de miles o de cientos, dependiendo de la convocatoria; mujeres y hombres que alzan las banderas de sus demandas sin importar la distancia, las siempre frías mañanas o los sofocantes mediodías.

Para el concejal de la ciudad de La Paz, Fabián Yaksic, los paceños aprendieron a vivir con el costo de la sede y los conflictos sociales. Si bien estos son recurrentes, tienen su origen —afirmó— en una falta de administración adecuada por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que los dejan activarse y evolucionar hasta romper, a veces, los límites de la tolerancia.

“Sabemos administrar los paceños esta condición de ser sede; no es la primera vez que vamos a lidiar con aquello, pero las autoridades tienen que estar a la altura de esa vocación que tiene el municipio de La Paz. Aquí está el epicentro de los conflictos con los que hemos sabido lidiar. Por su característica, es parte de nuestra realidad, una que sabemos enfrentar”, afirmó.

Un informe de conflictividad de la Defensoría del Pueblo contabilizó 157 conflictos en Bolivia durante un trimestre, de los cuales 47 —la mayoría— se concentraron en el departamento de La Paz. La cifra no es casual, sino una constante que en muchos casos termina por configurar escenarios críticos, como el prolongado bloqueo de 53 días que golpeó con mayor fuerza a La Paz y El Alto.

Los efectos económicos son, quizá, parte de las previsiones en las finanzas de los actores productivos; sin embargo, no siempre los conflictos son gestionados adecuadamente, por lo que terminan saliéndose de control y provocando daños devastadores, como los ocasionados por el prolongado bloqueo que exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Pese a los conflictos, el departamento tiene un aporte importante al Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)  cifra en 28%  el aporte  en 2024, alcanzando un PIB nominal de 13.005 millones de dólares, con un crecimiento económico del 2,75% respecto al año anterior.

El analista económico Martín Moreira afirmó que los conflictos sociales tienen una clara incidencia económica, pero sus efectos son multidimensionales si no se administran y resuelven oportunamente.

“Las protestas reducen el ritmo de crecimiento económico porque afectan al normal funcionamiento de los mercados (…). Al disminuir la producción, caen las ventas y se reducen los ingresos tributarios; es una afectación global (…). Retrasan proyectos de inversión pública y privada, limitan la generación de empleo y suben la inflación”, advirtió el analista.

Las cifras históricas de crecimiento revelan que no siempre hay una relación directa y determinante entre los acostumbrados conflictos diarios y el PIB, aunque sí la hay con aquellos episodios prolongados como el reciente bloqueo que golpeó con fuerza a La Paz y que —según cálculos iniciales— provocaron daños por más de 500 millones de dólares, quiebra de negocios, desempleo e inflación.

El crecimiento del PIB real en el departamento de La Paz entre 2006 y 2017 llegó en promedio al 5,5%, superior al registrado entre 1994 y 2005, que fue del 2,1%. Las cifras en 2025 respecto al PIB de 2023 muestran un crecimiento del 2,23% y los datos del IBCE 2026 revelan un ligero crecimiento en 2024, pero las proyecciones siguientes no son alentadoras.

Entonces, la ausencia de conflictos sociales podría incidir directamente en un mejor desempeño de la actividad económica. El analista económico Gonzalo Vidaurre consideró que se generarían mejores condiciones, efectivamente, pero reconoció que es imposible pensar en ese escenario ideal, por lo que solo queda ser resilientes, como hasta ahora.

“Ser la sede del Gobierno conlleva muchos beneficios. Todo está concentrado en el aparato del Gobierno central; sin embargo, eso también trae como complemento que la ciudad sea el epicentro de las protestas. Haciendo un balance, lo que crece el departamento gracias a esa actividad podría ser mermado por la protesta social”, observó Vidaurre.

El hecho de que La Paz sea sede de Gobierno no fue resultado de la casualidad. La Guerra Federal de 1899 entre los liberales de La Paz (aliados con el movimiento indígena) y los conservadores de Sucre terminó convirtiendo a La Paz en el centro del poder político, al acoger a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y dejando a Sucre como la capital de Bolivia y sede del poder Judicial.

La imagen de La Paz y El Alto no es la mejor para la atracción de inversiones o el turismo, pero históricamente la región ha mostrado su capacidad de reinvención. Los recientes bloqueos no solo dejaron esta percepción y el desafío de revertirla, sino que hicieron ver a los paceños que deben empezar a pensar en sí mismos, tal como lo definió una inédita Asamblea de la Paceñidad que trazó una hoja de ruta de desarrollo económico, social y productivo.

Yaksic consideró que los paceños aprendieron a vivir con los conflictos, sin embargo, planteó que es necesario empezar a trabajar en una propuesta regional seria y de unidad para alcanzar acuerdos de desarrollo y terminar de consolidar el área metropolitana, que reúne al 70% de la población del departamento.

“Un primer desafío es articular una agenda metropolitana de desarrollo sostenible. Tenemos condiciones para hacerlo. Hay varios temas: una red de salud metropolitana, desarrollo económico, un parque industrial metropolitano, estrategias integrales alimentarias, inversiones en servicios básicos como el recojo de basura, la industrialización de los residuos, el eje ambiental y la seguridad ciudadana”, perfiló.

El área metropolitana está formada por los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Palca, Mecapaca, Achocalla, Laja y Pucarani.

En línea con el concejal, el analista Moreira consideró que debe haber una sinergia de esfuerzos entre lo local, lo departamental y lo nacional, involucrando tanto al sector público como al privado, para revertir el efecto negativo de las protestas y generar condiciones de desarrollo.

“Las protestas, atractivo turístico de La Paz”, es una frase que resume el costo de ser la sede de Gobierno; una condición que paceños y alteños defendieron cuando, durante la discusión de la nueva Constitución Política del Estado, surgieron planteamientos de trasladarla a Sucre bajo la consigna: ¡“La sede no se mueve”!

La Paz, el centro de las definiciones políticas

Parece que La Paz tenía su destino sellado desde mucho antes de convertirse en la sede política de Bolivia; los conflictos la han acompañado y marcado siempre. Ya entre 1780 y 1781 vivió la experiencia de un cerco de 109 días por parte de indígenas liderados por Túpac Katari, en un levantamiento crucial contra la colonia española. Siglos después, la hoyada continúa siendo el testigo de levantamientos sociales del país.

La urbe paceña se convirtió históricamente en el espacio geográfico de las definiciones políticas, las cuales se disputan no solo en los despachos de poder, sino en las mismas calles. Los distintos sectores que caracterizan el entramado social del país poseen una estructura organizativa capaz de movilizar a miles de personas por demandas que pueden ser consideradas legítimas o no, según el cristal con que se mire.

El analista económico Martin Moreira aseguró que las protestas sociales forman parte de la democracia, por lo que es necesario saber administrarla.

Los sindicatos campesinos y las organizaciones de El Alto son sectores altamente organizados. A ellos se suma la participación de quienes radican en las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz; son estos bloques los que se movilizan y generan los quiebres políticos históricos, como el ocurrido en 2003, cuando el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar.

Durante aquellas jornadas de violencia hubo decenas de muertos debido a la intervención de las Fuerzas Armadas, una represión que lejos de aplacar las protestas las encendió aún más. Las ciudades de La Paz y El Alto quedaron prácticamente paralizadas por bloqueos contundentes que terminaron con la dimisión de Sánchez de Lozada, la posterior asunción al poder de Carlos Mesa y la convocatoria a elecciones anticipadas donde resultó elegido Evo Morales.

Morales tampoco se salvó de los conflictos, aunque en su caso el escenario cambió: la resistencia ya no provenía de las organizaciones sociales tradicionales, sino de las plataformas ciudadanas y las clases medias urbanas. No fueron demandas gremiales las que los movilizaron, sino el rechazo a la decisión del entonces presidente de prorrogarse en el poder mediante el fallo judicial que habilitó la reelección indefinida bajo el argumento del “derecho humano”.

Una vez más, La Paz fue el centro de la conflictividad y de las definiciones políticas. El exlíder cívico Luis Fernando Camacho encabezó estas protestas que se articularon inicialmente en Santa Cruz y que confluyeron en la sede de Gobierno con marchas masivas y fuertes tensiones. La presión social terminó asfixiando al Gobierno de Morales, a quien no le quedó más opción que renunciar el 10 de noviembre de 2019.