viernes 24 de julio de 2026

Evento

Cumbre minera avanza sin presencia de Fencomin y la FSTMB; pueblos indígenas y campesinos denuncian su exclusión

La minería en Bolivia no solo es de interés de estos cuatro actores, es de interés del pueblo boliviano, considerando que actividades mineras se realizan en los territorios indígenas e incluso en áreas protegidas, que están protegidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y convenios internacionales suscritos por Bolivia, sostiene el pronunciamiento.
Actividad minera en Calamarca fue reportada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Foto: AJAM
Actividad minera en Calamarca fue reportada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Foto: AJAM

Mientras el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció hoy que la Cumbre Nacional Minera entró en la construcción de propuestas para elaborar un borrador del Código Minero, los pueblos indígenas, víctimas de la contaminación y defensores del medioambiente denuncian su exclusión, cuestionan los seis ejes temáticos y reclaman porque solo se reconoce a la minería estatal, privada y cooperativista.

Una nota de prensa de esa repartición estatal sostiene que se realiza el trabajo simultáneo de las seis mesas temáticas, en las que participan representantes de varios sectores productivos de ese sector, en ausencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que anunció la postergación del evento por una semana.

Según el informe institucional, en el campus de la Universidad Privada Boliviana, cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas participan activamente en las mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa construida desde el consenso.

“Hemos organizado el trabajo en seis ejes temáticos y la participación ha sido muy positiva. En cada mesa se están presentando propuestas innovadoras que serán fundamentales para definir la nueva estructura del Código Minero que el país necesita”, informó.

Dijo que uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal y que se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema.

“La mesa sobre minería ilegal está evaluando propuestas muy importantes para fortalecer la fiscalización y el control. Entre ellas se analiza la creación de una Sala Minera especializada dentro de la justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó.

El eje ambiental aborda alternativas para promover una minería más sostenible, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio, afirma.

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“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el medioambiente”, sostuvo.

Sin embargo, desde el punto de vista de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), observan que, en la construcción de un nuevo Código Minero, solo se identifique como actores a la minería estatal, a las cooperativas mineras, a las empresas mineras e instituciones del Estado.

La minería en Bolivia no solo es de interés de estos cuatro actores, es de interés del pueblo boliviano, considerando que actividades mineras se realizan en los territorios indígenas e incluso en áreas protegidas, que están protegidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) y convenios internacionales suscritos por Bolivia.

La CONTIOCAP también cuestiona los seis ejes temáticos que se debaten en esa cumbre, entre ellos la “seguridad jurídica minera”. Al respecto, sostiene que “quieren darle mayor seguridad jurídica a un sector privilegiado que viola constantemente todos los derechos de nuestros pueblos indígenas con la contaminación, degradación y desertificación de los suelos que se convierten en ecocidio, biocidio y etnocidio”.

También critican que el sector minero es el único que goza del amparo de la fuerza pública contra cualquiera que atente al desenvolvimiento de sus actividades, mientras las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos no cuentan con las garantías jurídicas establecidas en la CPE y convenios internacionales para el respeto de sus territorios y su derecho a la autodeterminación.

En cuanto a los demás cinco ejes: “institucionalización”, “comercialización”, “lucha contra la minería ilegal”, “contratos mineros”, “medioambiente y minería responsable” e “incentivos para inversiones” en minería, la organización considera que el Gobierno busca intensificar la minería en Bolivia y someterlo a ser un país extractivista, exportador de materias primas para intereses externos que vienen financiando la realización de eventos relacionados a la minería en Bolivia.

Para ello, considera que enmascaran los impactos de la gran minería cooperativizada y empresarial con términos como “sostenible” o “responsable”, mientras buscan criminalizar la minería de subsistencia que siempre se hizo por nuestros pueblos indígenas, y reconocer como formales únicamente a las cooperativas y empresas privadas mediante contratos a externos y foráneos a nuestros territorios.

La CONTIOCAP considera que el Gobierno de Rodrigo Paz demuestra su poca capacidad y falta de visión de país al impulsar un Código Minero de interés nacional a espaldas del pueblo boliviano. Además, señala que excluye de este diálogo a los pueblos indígenas que son víctimas de la contaminación con mercurio de la minería de oro cooperativizada y empresarial extranjera transnacional, así como a defensores ambientales tanto indígenas como de la sociedad civil.

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Menciona que el eje ambiental de ese evento es discurso, porque buscan dialogar un nuevo Código Minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual son responsables la minería aurífera en la Amazonía, la minería en tierras altas y la minería de tierras raras en el Oriente boliviano.

Manifiesta que los mineros demandan el cumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno, que no es otra cosa que la entrega de territorios indígenas y áreas protegidas al sector minero que, al reunirse prácticamente de manera clandestina con el sector minero, es una muestra más de que actúa de espaldas al pueblo.

En el pronunciamiento, solicitan a los legisladores comprometidos con los altos intereses del país una interpelación al ministro de Minería por promover una cumbre minera de grandes impactos a espaldas del pueblo boliviano y por realizar diálogo sectorializado solamente con los mineros.

Exigen el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente.

Rechazan que tanto el Gobierno como el sector minero tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la CPE, sin respetar las formas propias de toma de decisiones de los pueblos indígenas y no solo a organizaciones o dirigentes sometidos a los poderes políticos y económicos.

Piden que el Gobierno y ciertos actores dejen de usar engañosamente términos como “minería responsable”, porque el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que envenenan a humanos, la flora, fauna y sus alimentos.

"Es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas, que no pueden ser encubiertos bajo el término de 'sostenible o responsable'”.

Instan a los organismos estatales de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, y a la sociedad civil boliviana a exigir mayor participación y control social sobre decisiones de políticas nacionales que van a afectar a las futuras generaciones.