Gobierno asegura que no dará “protección” ni “blindaje” a nadie tras lista de 15 bolivianos que perdieron su visa a EEUU

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz no dará “protección” ni “blindaje” absolutamente a nadie, advirtió hoy el vocero presidencial, José Luis Gálvez, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) difundiera una segunda lista de 15 ciudadanos, entre ellos diputados, autoridades, exfiscales, fiscales, jueces, exjueces y policías.

Bolivia comparte con los aliados del Escudo de las Américas la lucha frontal contra las estructuras criminales transnacionales que acosan a nuestros países. Se coordinan acciones y se continuará haciéndolo, porque la convicción “nuestra convicción es que, así como el narcoterrorismo no respeta fronteras, la cooperación para combatir este flagelo no debe ser limitada por las fronteras”, afirmó.

En ese marco, “quiero reiterar la posición del Gobierno nacional que la hemos explicitado desde un principio con acciones, y es que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, no va a dar ninguna protección, ni blindaje para absolutamente nadie”, aseguró el vocero en conferencia de prensa.

Estas declaraciones fueron hechas horas después de que el Departamento de Estado difundiera una lista de 15 ciudadanos bolivianos que perdieron su visa a ese país, entre ellos los diputados Rafael López y Rolando Pacheco; el exfiscal general Juan Lanchipa; los fiscales Félix Balderas y Julio César Porras; el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada; y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN, Fernando Velasco.

También se encuentran en la lista el comandante departamental de Tarija, Freddy Pereira; el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Oscar Ortiz; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón; José Ayaviri, exjuez de ejecución penal; el exfiscal de La Paz, Armando Rojas; el juez del TDJ de Santa Cruz, Julio Alba; y el ciudadano Ronny Suárez.

Gálvez, ante este hecho, afirmó que la administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado. “Estamos trabajando para desarticular esas estructuras a tiempo completo, que son estructuras corruptas, que lamentablemente se instalaron en las instituciones, durante largos años”, manifestó.

Dijo que esta tarea de “depuración” no va a cesar. Además, es de conocimiento que el Gobierno de los EEUU ha publicado una lista adicional de ciudadanos bolivianos que, junto con sus familiares, no son bienvenidos en su país.

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Pero, a la par, afirmó: queremos enfatizar que, si bien hay coincidencia en varios casos en esa lista, el Gobierno nacional, en esos casos, tiene sendas investigaciones desde hace meses atrás, en algunos casos y, si bien hay esas coincidencias, “es en nuestro país donde se decide soberanamente sobre esas investigaciones y la aplicación de las normas de nuestra justicia”.

En síntesis, dijo que el Gobierno no actuará por imposición externa, sino por responsabilidad propia, aunque sostuvo que celebra coincidir en varios casos con las decisiones tomadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Gálvez anunció que todas las personas mencionadas por el Gobierno de los EEUU que desempeñaron funciones en algunos momentos en esta gestión han sido cesadas en sus cargos, algunas hace semanas atrás y otras hace unos días.

Advirtió que cualquier autoridad o exautoridad mencionada en esa lista deberá responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales. Además, remarcó cuatro principios en el tratamiento de este tema: “No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y; el uniforme no protege”.

Manifestó que este Gobierno no encubrirá, no protegerá ni negociará la impunidad, pero que lo verdaderamente grave para Bolivia es que organizaciones criminales hayan penetrado instituciones encargadas de proteger a la sociedad, sostuvo.

Hoy se mencionan autoridades del Órgano Judicial, también de otros órganos del Estado. El narcotráfico no puede tener oficinas dentro del Estado. Bolivia va a seguir trabajando con sus aliados contra el crimen organizado, anunció.

Sin embargo, aclaró que “dentro de nuestras fronteras la responsabilidad es nuestra, estamos investigando, vamos a investigar y además vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que redes criminales se sientan protegidas por el poder”. "Vamos a ser principistas, estamos coordinados con gobiernos amigos, todos los casos son investigaciones y esperamos información complementaria", agregó.