Visas restringidas por EEUU: Aramayo asegura que no afectan la soberanía de Bolivia

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, relativizó el retiro de visas dispuesto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a 27 ciudadanos bolivianos, entre ellos fiscales y exfiscales, jueces y exjueces, policías y exfuncionarios de Gobierno, y aseguró que Bolivia es soberana. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró el día en que se difundió la segunda lista que todas las personas mencionadas habían sido cesadas en sus cargos.

Aramayo sostuvo que Estados Unidos tiene una política propia en torno a aspectos migratorios y de seguridad, a cinco días de haberse conocido la segunda lista, que incluye a 15 ciudadanos, mientras que la primera incluía a 12.

“Sabrán ellos en qué sentido las están tomando, como las han ido planteando, es lo mismo que nosotros hacemos al momento de tomar decisiones sobre flujos migratorios o susceptibles sobre ciudadanos que van a ingresar a territorio”, explicó en una entrevista con Radio Fides.

Con relación a si la destitución de funcionarios mencionados en estas listas estaría vinculada con la restricción impuesta por ese país, negó ese extremo y aseguró que, en Bolivia, la ley está definida por la Constitución Política del Estado. Además, garantizó que lo que se busca es que las entidades recuperen autonomía e independencia.

Sin embargo, Gálvez anunció en esa ocasión que todas las personas mencionadas por el Gobierno de los EE. UU. que desempeñaron funciones en algunos momentos de esta gestión habían sido cesadas en sus cargos, algunas semanas atrás y otras hacía unos días.

Advirtió que cualquier autoridad o exautoridad mencionada en esa lista deberá responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales. Además, remarcó cuatro principios en el tratamiento de este tema: “No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y; el uniforme no protege”.

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Los exfuncionarios de Gobierno que perdieron su visa son el expresidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, y el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, cuyo nombre se hallaba en la primera lista de ciudadanos que perdieron su visa.

Mientras que en la segunda lista están los nombres del exdirector de la Unidad de Investigación de Fortunas (UIF), Diego Barboza; el exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Oscar Ortiz; y el comandante departamental de Tarija, Freddy Pereira, quienes fueron destituidos horas o días antes.

Además, fueron destituidos y enfrentan procesos penales el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior Martín Irusta Flores. Los fiscales Félix Balderas y Julio César Porras fueron destituidos por el fiscal general del Estado, José Armando Urioste.

Aramayo sostuvo que esta medida no solo fue asumida con Bolivia, sino que también se está aplicando a Colombia y Ecuador, porque es un tema de seguridad y sus políticas son diferentes a las nuestras. “La forma en la que los estados responden a sus amenazas corresponden a sus ejercicios soberanos”, argumentó.

El vocero aseguró que Bolivia comparte con los aliados del Escudo de las Américas la lucha frontal contra las estructuras criminales transnacionales que acosan a nuestros países. Señaló que se coordinan acciones y que se continuará haciéndolo, porque la convicción “nuestra convicción es que, así como el narcoterrorismo no respeta fronteras, la cooperación para combatir este flagelo no debe ser limitada por las fronteras”.

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Aramayo reconoció que estas listas, en el caso particular de Bolivia, “se han prestado a la especulación, y que se escucharon a autoridades que pedían la renuncia de las personas incluidas en ellas”. “Pero es un retiro de visa que corresponde a una decisión migratoria norteamericana, no sustituye el funcionamiento del marco normativo boliviano”, enfatizó.

El ministro insistió en que el Gobierno está actuando de forma soberana y aseguró que “no se le pide información a los Estados Unidos, “sino en el marco de la colaboración que no solo tenemos con Estados Unidos, sino con Chile, con Paraguay, con Perú”.

Afirmó que “desde que hemos suscrito por ejemplo con Chile, el acuerdo, con el país que acaba de mencionar y otro que acabo de sumar, hay un proceso de intercambio de información, no está exento Estados Unidos y otros países del contexto incluso europeo porque es un funcionamiento básico de los estados en el tema de seguridad”.

Con esas puntualizaciones, dijo que “no se ha destituido a la gente”, a pesar de que la población y las autoridades piden que dejen los cargos y que den un paso al costado. “Entonces, no ha habido esa desvinculación lineal que refuerza esta actuación”, afirmó.

Negó que se haya solicitado a ese país información sobre las personas que aparecen en las listas, a no ser que se requiera algo en particular. “Con Chile, con Argentina se pide, pero sobre esto no, no estábamos al tanto de lo que iba a salir en esa lista, no sabíamos que iba a haber un listado para empezar”, manifestó.

En cuanto a la situación del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuyo nombre apareció en la primera lista y quien posteriormente fue aprehendido, imputado y remitido a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, Aramayo aseguró que ese tema no puede ser reducido “al tema de una visa”.

“Lo que se ha hecho es desbaratar una banda y una estructura que funcionaba en el Poder Judicial, no era el exfiscal solamente era un conjunto de autoridades que desde tiempo atrás ya tenían denuncias y hay un proceso investigativo que es identificable desde 2013 (…). No es una reacción, no es improvisado, no es ahora díganme a quien apunto”, manifestó.